Los analistas Annabell Guerrero y Cristian Carpio consideran que mientras el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) siga con autoridades que responden a intereses políticos, los concursos que organizan tendrán también ese componente político.
Los problemas de falta de transparencia y desconfianza institucional en el Consejo de la Judicatura y en la administración de justicia no termina con la censura y destitución de Mario Godoy por parte de la Asamblea, aseguran la abogada en libre ejercicio, Annabell Guerrero, y el docente universitario en Ciencias Políticas, Cristian Carpio.
Los analistas aseguran que esta crisis institucional no es nueva, sino que se viene arrastrando desde años atrás. Por ejemplo, Wilman Terán, en su momento presidente de la Judicatura, está con sentencias en casos de corrupción. Lo mismo sucede con exvocales como Maribel Barreno.
Para Guerrero y Carpio el responsable de esta inestabilidad en la Judicatura tiene «nombre y apellido»: Consejo de Participación Ciudadana, ya que es el ente encargado de la designación de las autoridades de control en el país.
De acuerdo a la normativa vigente, el CPCCS selecciona y designa a autoridades como, entre otras, Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado, al Contralor y a los vocales del Consejo de la Judicatura que son designados de ternas que remiten las cinco funciones del Estado.
Para Guerrero, el CPCCS no debe tener en sus manos el proceso de selección de autoridades ya que ha demostrado que es una instancia fallida, que ha retrasado los concursos y cuyos integrantes responden a direccionamientos político.
Carpio agregó que la Judicatura ha sido liderada por personas que terminan siendo cuestionadas por hechos de corrupción y a veces hasta acusaciones de índole penal ya que las elecciones de sus autoridades, en diferentes momentos, por parte del Consejo de Participación Ciudadana han carecido de probidad e independencia ya que las propias autoridades del CPCCS han estado vinculados a grupos o procesos políticos , y que ese peso político lo han traslado a los concursos de selección de autoridades de control que son claves para el funcionamiento y la institucionalidad del país.
Una posible solución a esta crisis institucional y de confianza que afecta no solo a la Judicatura, dice Guerrero, pasa por una reforma profunda a la Constitución que involucre a la Academia, a los gremios, a los profesionales para para plantear alternativas viables de selección de autoridades.
Sin embargo, Carpio recuerda que se han dado varios intentos para restar competencias e incluso eliminar al Consejo de Participación y que todos han fracasado, por lo que la responsabilidad recae en la ciudadanía que acude a las urnas para elegir al Consejo de Participación y debe hacerlo, asegura, por personas que no estén vinculados al poder político.
Pera a la vez, dice Carpio, el Consejo Nacional Electoral debería realizar un control más exahustivo de los candidatos a esa entidad para evitar que se filtren ciudadanos con nexos políticos, como pasó en las últimas elecciones con los consejeros de la Liga azul, afines a la Revolución Ciudadana. «Es importante tener un sistema más rígido de control, de transparencia de la trayectoria de esos candidatos ya que es fundamental que la ciudadanía conozca la trayectoria de esos candidatos», considera el analista.
La realidad actual
Guerrero y Carpio consideran que los cambios obligados que se han dado en la Judicatura a raíz de la destitución de Godoy y al quedar al frente temporalmente Damián Larco, de la terna del Ejecutivo, no garantiza independencia de funciones y que, por el contrario, el control del oficialismo sobre el sistema de Justicia será más evidente. «La entrada de Larco como presidente temporal es producto de un proceso forjado que nace de la supuesta inhabilidad de (Alexandra) Villacís», dijo Guerrero. Agregó que la independencia judicial se ve seriamente afectada ya que Larco es una persona cercana al Presidente Daniel Noboa.
Al respecto la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, interpelante de Godoy, dijo que si bien se ganó «una batalla» con la destitución del funcionario, se mantendrán en «guerra» para que haya independencia judicial. «Daniel Noboa y ADN votaron únicamente (por la destitución de Godoy) cuando ya tienen a su sucesor: Damián Larco y cualquier otro que coloquen», dijo la legisladora. Veloz dijo que estarán atentos a que la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia respeten la institucionalidad.
