El CPCCS resolvió, con 4 votos a favor, seguir con el concurso para reemplazar a Alexandra Villacís en la Judicatura, pese a un fallo de hábeas data. Constitucionalista advierte posible acción de protección.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió continuar con el concurso para seleccionar al reemplazo de Alexandra Villacís como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.
La decisión, aprobada al mediodía de hoy con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención, se produjo tras conocer el informe técnico sobre la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, que concluyó que dos de los tres postulantes al concurso de selección y designación de vocales principales y suplentes incurrieron en inhabilidades y recomendó pedir que se complete la nómina.
Ese informe, elaborado por la Comisión Técnica de Selección, estableció que Mercedes Johanna Caicedo Aldaz sí cumple requisitos y no registra prohibiciones. En cambio, determinó que María Fernanda Morejón Villavicencio incurre en una inhabilidad porque registra impedimento para ejercer cargo público por “deudores a entidades del sector público” reportado por el IESS; y que Oscar Chamorro Villavicencio presenta responsabilidad civil culposa certificada por la Contraloría General del Estado. En consecuencia, la comisión recomendó al Pleno del CPCCS notificar al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que complete la terna en cinco días.
El informe precisa, además, que los tres postulantes acreditan nacionalidad ecuatoriana, goce de derechos políticos, título profesional registrado y experiencia superior a diez años, pero concluye que Morejón y Chamorro “no satisfacen integralmente las condiciones legales necesarias para continuar en el proceso de designación” por las inhabilidades detectadas. En la hoja de firmas del documento, seis integrantes de la comisión votaron a favor del informe y uno en contra.
La resolución del CPCCS se adoptó pese a que Alexandra Villacís pidió, dos días antes, que el organismo se abstuviera de continuar con el proceso. En un oficio enviado el lunes 23 de marzo, Villacís informó al Pleno que una jueza de Quito aceptó oralmente una acción de hábeas data a su favor y dispuso que el Ministerio del Trabajo rectifique en 24 horas el registro administrativo que reflejaba un impedimento laboral a su nombre. Según Villacís, la decisión judicial también ordenó que, una vez corregida esa información, el Consejo de la Judicatura adopte actuaciones administrativas para restituir la situación jurídica existente antes del 9 de febrero de 2026.
En ese oficio, Villacís sostuvo que las resoluciones del CPCCS que activaron el proceso de reemplazo de su vocalía suplente se basaron en un certificado del Ministerio del Trabajo emitido el 9 de febrero de 2026, que registraba un impedimento laboral que, según su versión, “era inexacto desde su origen”. Con ese argumento, solicitó que el CPCCS no continúe ni perfeccione el proceso de selección derivado de esas resoluciones y que espere la notificación escrita de la sentencia. También advirtió que avanzar podría consolidar una situación contraria a una sentencia constitucional y generar responsabilidades institucionales.
Sin tomar en cuenta esta sentencia, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ordenó la votación y al dar su voto favorable declaró que “no existe una notificación para el Consejo de Participación, además que no fue parte procesal de este sistema de habeas data”, declaró el presidente del organismo.
La consejera Nicole Bonifaz, criticó a la mayoría del Consejo liderada por Andrés Fantoni por insistir en decisiones que, a su juicio, no respetan el marco legal vigente. “La crisis de institucionalidad que vive Ecuador debe parar”, señaló, al tiempo que defendió que se reconozca el respaldo judicial que, afirma, tiene Villacís.
La consejera también cuestionó que el pleno continúe con el concurso pese a estas controversias. “Tristemente (la mayoría decidió) seguir actuando fuera del marco normativo”, indicó al marcar distancia de la resolución.
Hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta de Alexandra Villacís frente a la decisión tomada por el organismo.
Consultado por Ecuador Chequea, el constitucionalista Juan Sebastián Ramírez cuestionó que el CPCCS haya optado por seguir con el concurso en vez de permitir primero que Villacís asuma el cargo. Así, dijo que una vez activado el hábeas data que ordenaba rectificar la información sobre el impedimento, Villacís tendría, “por un aspecto de hecho”, los requisitos para asumir el reemplazo del destituido presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Ramírez sostuvo que el CPCCS deberá justificar de forma motivada por qué considera pertinente iniciar o continuar un nuevo proceso para buscar reemplazo a la suplencia de Villacís, en lugar de permitir que ella asuma primero y luego designar a quien la sustituya en caso de ausencia temporal o definitiva. Por ello, estimó, la defensa de Villacís probablemente presentará en cuestión de horas o días una acción de protección contra la respuesta del CPCCS.
El analista también advirtió que la controversia puede escalar a cortes provinciales e incluso a la Corte Constitucional. También dijo que el caso recuerda conflictos previos por la conformación del Consejo de la Judicatura, cuando se discutió judicialmente el impedimento para asumir cargos de reemplazo. A su juicio, si el CPCCS no motiva adecuadamente su actuación y esta termina siendo revocada en sede constitucional, la responsabilidad política y jurídica recaerá en los consejeros que impulsaron la decisión.
