La presencia de policías en la vías podría disuadir a los delincuentes de cometer delitos, pero aún son necesarios cambios sustanciales para frenar no sólo los asaltos violentos a buses y camiones, sino también las extorsiones y el tráfico de drogas. El desafío es ahora ver resultados: que los delitos se reduzcan en las vías.
POR: Juan Camilo Escobar
Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, y Édgar Mora, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, señalaron que aún es prematuro evaluar los efectos del regreso parcial de la Policía Nacional al control de las principales carreteras del país, a partir de ayer, después de que los agentes civiles de tránsito se encargaran de esa función desde 2014.
Ambos dirigentes coincidieron en que el sector transportista mantiene expectativas positivas frente a una posible mejora en la seguridad, especialmente en las rutas que conectan la Sierra con la Costa, donde se registra la mayor incidencia de asaltos a vehículos de carga y transporte interprovincial.
Además, señalaron que, aunque este retorno parcial de la Policía a las vías es un paso positivo, aún es necesario complementarlo con medidas y planes integrales. De esta manera, se evitaría que miles de conductores y empresarios del transporte sigan siendo víctimas, no sólo de asaltos violentos a sus unidades, sino también de extorsiones, secuestros y la contaminación de sus vehículos con drogas e incluso armas.
Gómez dijo que en los próximos días su gremio prevé presentar a la Policía y al Ministerio del Interior observaciones técnicas realizadas por los dirigentes del gremio en provincias para mejorar la seguridad en la vías.
Mora recordó que su gremio, desde hace más de un año, ha mantenido varias reuniones de trabajo con directivos de la Policía Nacional para solicitar el incremento de contingentes en las vías con mayor índice de hechos delictivos. “Ahora vemos que estas reuniones comienzan a dar frutos importantes, porque nuestros transportistas se sienten más seguros con la presencia de la Policía, que no sólo se encarga de la revisión de documentos o del control del tránsito, como lo hacían los agentes de la CTE, sino que también puede llevar a cabo operativos de seguridad más efectivos, más amplios, con puestos fijos y móviles”.
JUSTIFICACIÓN POR RESULTADOS
Frente a las expectativas generadas, Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad de Quito y analista en seguridad vial, advierte que el principal reto institucional será demostrar resultados concretos en la reducción de delitos en las carreteras.
“Una de las principales debilidades de los cuerpos civiles de tránsito, como la CTE, es que carecen de competencias para actuar fuera del ámbito estrictamente vial. Sin embargo, muchas veces los delitos —como el narcotráfico o el transporte de armas— se cometen a bordo de vehículos. Si no existe un control policial efectivo, los delincuentes seguirán operando con impunidad”, señaló Abad.
Para el especialista, el éxito de este proceso depende de la implementación integral del plan de transición, que no sólo contempla recursos logísticos, sino también una estructura sólida de organización y coordinación entre instituciones.
“Retomar la competencia incluye también la gestión de las multas de tránsito, que pueden convertirse en una fuente clave de financiamiento. Con esos recursos, la Policía podrá invertir en unidades operativas, vehículos, tecnología y puntos de control georreferenciados. Ese plan, considero, está bastante claro dentro de la institución”, agregó.
Abad recordó que este retorno parcial del control era previsible, debido a las limitaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). A pesar de haber recibido dos prórrogas legales para asumir la competencia nacional —según lo dispuesto en la Ley de Transporte desde 2028—, sólo ha logrado ejercerla en Guayas, Santa Elena y Guayaquil.
Los dos dirigentes de los gremios de la transportación también expresaron su expectativa que el retorno de los policías permita eliminar los numerosos casos de corrupción que se registraban por parte de los agentes de tránsito que exigían dádivas y coimas.
ANÁLISIS
Consultado sobre el tema, el exsubdirector del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, Julio Barba, advirtió que la efectividad de los operativos y del despliegue policial en las carreteras, especialmente en los corredores catalogados como de alto riesgo, dependerá del respaldo de acciones de inteligencia que permitan generar información confiable. Esa información, sostuvo, debe facilitar la intervención coordinada de unidades especializadas de la Policía, en particular de la Dirección Nacional de Antinarcóticos.
“Con el apoyo de la Policía Judicial es posible reducir los delitos que se cometen en las vías y desarticular bandas delictivas que allí operan. Eso no está dentro de las competencias de los agentes civiles de tránsito. Una de las principales limitaciones de estos cuerpos es que están enfocados exclusivamente en el control vehicular, mientras que la Policía cuenta con atribuciones legales más amplias: no sólo previene el delito, sino que también lo investiga de forma articulada con la Fiscalía. Por tanto, los resultados pueden ser mucho más efectivos”, señaló Barba.
QUÉ IMPLICA ESTE CAMBIO
Mediante el Acuerdo Ministerial MTOP-MTOP-25-19-ACU, firmado el 17 de abril por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se instruyó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre (ANT) y a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) a acatar los lineamientos definidos por la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional. Así, esta última asume el liderazgo del control vial en las denominadas “zonas priorizadas de seguridad”.
El acuerdo establece que la Policía Nacional no sólo dirigirá el “control operativo” en estas zonas, sino que también podrá cesar la participación de la CTE en aquellas rutas que sean definidas como estratégicas. Esto implica una reorganización institucional en la que la Policía se convierte en el actor principal del tránsito en los tramos más sensibles del país, desplazando parcialmente a la CTE, que en teoría era la encargada de esta labor en la red vial estatal fuera de zonas urbanas.
La medida se enmarca dentro de la ‘Política pública nacional de seguridad ciudadana, pública y de protección interna en la red vial estatal’, aprobada en conjunto por los ministerios del Interior y de Transporte. El objetivo, según el texto oficial, es garantizar la protección de las personas, bienes, mercancías y servicios de transporte en rutas vulnerables a la inseguridad o al crimen organizado.
ZONAS ‘PRIORIZADAS’
El acuerdo incluye una lista detallada de tramos priorizados, que abarcan provincias como Santo Domingo, Manabí, Pichincha, Guayas, Los Ríos y Loja. Vías con alta circulación de transporte de mercancías y pasajeros, muchas de las cuales han sido escenario de asaltos, contrabando o incluso presencia de grupos armados. Estas rutas incluyen, entre otras, la vía Santo Domingo-La Concordia, el paso lateral de Quevedo y sectores de la Ruta del Spondylus.
Por ahora la Policía prevé retomar tareas de patrullaje, control de contravenciones y asistencia vial, en coordinación con la ANT en las siguientes vías:
- Santo Domingo – La Concordia – ‘Y’ de San Mateo
- Límite de Santo Domingo – Flavio Alfaro – Chone – Rocafuerte
- Límite El Empalme – Pichincha – Portoviejo
- San Lorenzo – Ruta del Spondylus – Paso Lateral de Portoviejo
- Límite de Santo Domingo – San Miguel de Los Bancos
- Límite de Santo Domingo – Mejía – tramo Cutuglagua
- Límite Los Ríos – La Maná – tramo Zumbahua
- Bolívar – límite Los Ríos – Chimborazo – Av. José A. Lizardo
- Tramo Cumandá – Colta – tramo Riobamba acceso oeste Alausí
- El Piedrero – Alausí – tramo Riobamba acceso oeste Aluasí
- La Troncal – El Triunfo
- Tramo Biblián – Azogues
- Sevilla de Oro – Azogues – tramo Biblián – Azogues
- Límite Azuay – vía a Méndez
- Límite Azuay – tramo Gualaquiza – límite Morona Santiago
- Intersección El Calvario – Zumbi – Yantzaza
- Límite El Oro – tramo Velacruz – Catacocha
- Límite El Oro – ‘Y’ de Alamor
- Límite internacional Ecuador/Perú – intersección Corralitos
- Intersección El Guabo – entronque vía a Naranjal – Molleturo
- Puerto Inca – Durán/Boliche/Tambo – Durán/Boliche/Yaguachi
- Desvío San Carlos – ‘T’ de Baba – Troncal La Costa
- Paso Lateral de Quevedo
- Buena Fe – Quevedo – Bypass Quevedo Quito
- El Empalme – Balzar – Palestina – Daule
Para la implementación de esta medida el acuerdo establece el plazo de un año, tiempo durante el cual la ANT deberá coordinar acciones con la Policía y garantizar el cumplimiento del plan operativo. Además, se ha dispuesto un seguimiento trimestral a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
LAS VÍAS MÁS PELIGROSAS
Datos proporcionados por la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, gremio que agrupa a 2600 afiliados con más de 6.000 unidades con capacidad de más de 3,5 toneladas, identifican tramos de 11 vías con más reportes asaltos armados, especialmente contra los tráileres de mercadería.
Pichincha
- Santo Domingo – Quito
- Baeza – Quito
Imbabura
- Cajas – Ibarra – Tulcán
Guayas
- Guayaquil – Machala
- Guayaquil – Cuenca
- Guayaquil – Riobamba
- Balzar – Salitre
- La vía de la Península
Santo Domingo de los Tsáchilas – Los Ríos
- Quevedo – Santo Domingo (Conocido como Anillo vial Quevedo-Santo Domingo)
- El bypass hacia Quevedo
Sucumbíos
- Lago Agrio – Coca – Loreto
OPINIÓN CIUDADANA
Tres conductores de buses interprovinciales que diariamente cubren rutas desde Quito hacia destinos en la Costa y la Sierra Norte respaldaron el regreso parcial de la Policía Nacional al control de las vías, en reemplazo de los agentes civiles de tránsito.
Los choferes dijeron que la medida mejora la seguridad en dos aspectos: incrementa la presencia policial en zonas con alta incidencia delictiva y reduce los casos de extorsión por parte de ciertos malos agentes de la CTE.
“Ya no tienen la menor vergüenza. Piden de frente que les demos 100 dólares para dejarnos pasar. Y, si no aceptamos, nos amenazan con incautarnos el bus”, dijo Jorge Portero, conductor de la cooperativa Santa.
Carlos Sánchez, quien también cubre rutas hacia Guayas, aseguró: “Muchas veces me han puesto precio a las multas, y eso que salimos cumpliendo todos los controles y requisitos”.
Los consultados también insistieron en la necesidad de que se refuercen los operativos de control en horas de la noche. “Pasadas las 9 de la noche ya nadie se atreve a ir más allá de Santo Domingo. Ya no se puede porque ahí hay muchos espacios vacíos de donde salen los delincuentes y nos asaltan”, dijo otro conductor que pidió que no se publique su nombre por temor a represalias de grupos de delincuentes que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas.
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