En la cuarta jornada de comparecencias en el juicio político a Guillermo Lasso el correísmo abandonó a Mireya Pazmiño en la explicación de por qué aprobaron un informe que resaltó la gestión de la Flota Petrolera.
Las contradicciones entre un informe no vinculante que en octubre de 2022 fue aprobado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño (separada de la bancada de Pachakutik), y los motivos para llamar a juicio político al presidente, Guillermo Lasso, fueron motivo de controversia y hasta de fuerte cruces verbales en la Comisión de Fiscalización, donde se sustancia el proceso.
El informe de Régimen Económico resalta la buena gestión realizada por la empresa Flopec y las asociaciones que había mantenido con otras empresas, entre ellas Amazonas Tanker, para el transporte de crudo y los resultados económicos al alza logrados por la entidad estatal.
Por ejemplo, en el informe aprobado por la Comisión consta que “ha quedado en evidencia que la actual administración, con los mismos recursos con que contaban administraciones anteriores, debido a una gestión técnica, enfocada en los intereses del país, ha logrado incrementar significativamente los ingresos mensuales”.
Además, que “Flopec se ha posicionado como la tercera empresa más fuerte en facturación; la más eficiente del país, al tener a agosto de 2022, una utilidad acumulada de 78,65 millones de dólares, teniendo previsto cerrar el 2022 con utilidades globales que superen los 120 millones de dólares, según información y estimaciones de la empresa pública Flopec”.
Sin embargo, en la acusación que presentan los proponentes del juicio político le atribuyen una responsabilidad política en el manejo de Flopec y por no haber actuado frente a una adenda (cláusula al final de un contrato) suscrito en el 2020 entre Flopec y Amazonas Tanker, que habrían causado un perjuicio económico al país por cerca de 6,1 millones de dólares.
Sesión en medio de relajo
En ese contexto y en el cuarto día de comparecencias, se convocó a los integrantes de la Comisión de Régimen Económico para que explicaran porqué se llegó a esas conclusiones en el informe y ahora se cuestione al manejo de Flopec.
Se presentaron tres de los cuatro legisladores que se abstuvieron de votar por ese informe: Guido Chiriboga, Eitel Zambrano y Blanca Sacancela, todos del oficialismo. Mientras que, de los cinco asambleístas que votaron a favor, sólo estuvo Pazmiño, quien además es una de las proponentes del juicio político. Los cuatro restantes se excusaron de asistir a la comparecencia y dejaron que Pazmiño defendiera sola el informe. Ellos son los correístas Blasco Luna, Cecilia Herrera y Jahiren Noriega; más el socialcristiano Jhonny Terán.
Por eso, fue a Pazmiño a quien le tocó enfrentar el interrogatorio de Édgar Neira, abogado del Presidente de la República, quien le preguntó por qué había votado a favor si cuestiona el manejo de Flopec.
Pazmiño —salida de sus casillas— dijo que era un informe no vinculante, que había sido aprobado por la Comisión, no por ella en particular, que era Lasso el que estaba enfrentando el juicio político y que él debía estar en la Comisión para responder por la corrupción en su Gobierno, y que si querían interrogarle sobre ese tema, que mejor lea el informe, tras lo cual se negó a responder más preguntas.
Neira también leyó un oficio de Pazmiño, en el que cuestionaba la gestión de Jhonny Estupiñan, a esa fecha gerente de Flopec, quien ahora es presentado por los proponentes como su testigo principal para el juicio político.
Todo esto en medio de cruces verbales con Neira y con un sector de la bancada del oficialismo, al punto que Pazmiño exigió a la conducción de la sesión que desalojara la sala, ya que le estaban insultando. Aunque, ella también calificó de malcriados a los abogados del Presidente.
Luego vino el interrogatorio a los asambleístas que se abstuvieron de votar por el informe, quienes manifestaron que ellos no habían participado en la elaboración del mismo. Mientras que, en su comparecencia, Andrea Poveda, exsecretaria relatora de la Comisión, contó a los asambleístas que había sido separada del cargo, ya que durante una reunión con un asesor de Pazmiño, este la había solicitado la renuncia “en virtud de que el correísmo había tomado fuerza” y le habían pedido que deje el cargo.
Para la próxima semana se esperan otras comparecencias y la intervención de los cuatro legisladores proponentes del juicio político y del Presidente de la República, que lo hará a través de su abogado, para que presenten sus argumentos de cargo y de descargo.
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