Varios especialistas en energía advierten que la contrademanda de Progen contra Celec expone decisiones sin sustento técnico, falta de transparencia y posibles pérdidas millonarias en la crisis eléctrica de Ecuador.
La contrademanda presentada por Progen Industries LLC contra Celec EP en una corte federal de Estados Unidos vuelve a generar preocupaciones de expertos sobre el manejo técnico, legal y político de los contratos de generación eléctrica de emergencia firmados en 2024.
Tres especialistas del sector energético consultados por Ecuador Chequea señalaron que el expediente de la contrademanda evidencia nuevos indicios de opacidad, decisiones apresuradas y un perjuicio millonario para el Estado sin que hasta ahora exista un solo megavatio adicional en operación.
Además, los expertos coincidieron en la necesidad de transparencia documental sobre cómo se tomó la decisión de contratar, la presunta relegación del análisis técnico en plena emergencia y la magnitud del daño económico y operativo para el país si los contratos no produjeron la energía comprometida.
La acción judicial de Progen surge dentro de un litigio judicial abierto en Florida por los contratos para los proyectos de Quevedo y Salitral. En su demanda Celec sostiene que la empresa incumplió dos contratos de emergencia suscritos el 2 de agosto de 2024 para instalar 150 megavatios y que recibió pagos por unos 107,37 millones de dólares.
Progen, por su parte, alega en su contrademanda que fue inducida a participar con información falsa, intermediación irregular y dentro de un esquema que, según su versión, buscó convertirla en “chivo expiatorio” de la crisis eléctrica ecuatoriana.
A partir de ese nuevo giro judicial, los analistas Víctor Herrera, Carlos Romero y Luis Ayala coincidieron en que el caso trasciende el litigio comercial y obliga a revisar la trazabilidad de las decisiones que llevaron a la contratación de emergencia, la responsabilidad de funcionarios y la falta de transparencia en un proceso que, según señalaron, dejó al país sin la energía prometida.
En ese escrito, la compañía sostiene que fue inducida a participar en los proyectos mediante información falsa, intermediación irregular y un esquema que, según alega, habría buscado convertirla en “chivo expiatorio” de la crisis del sistema eléctrico ecuatoriano.
Este litigio se tramita como una causa civil federal radicada en Tampa ante el juez William F. Jung. Esto luego de que en diciembre de 2015 Celec, a nombre del Estado ecuatoriano, presentara la demanda en la que acusa a Progen, a empresas vinculadas y a varios ejecutivos de haber ejecutado un esquema fraudulento para obtener pagos por aproximadamente USD 110 millones durante la emergencia eléctrica.
En esta demanda Celec alega fraude, enriquecimiento injusto, prácticas engañosas bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e influenciadas por el Crimen Organizado, RICO.
Progen, en cambio, sostiene que empresarios ecuatorianos la acercaron al proceso con documentos presuntamente falsificados, que funcionarios de Celec conocían de antemano las características técnicas de los equipos, y, que la empresa alegó conflictos de interés, demoras deliberadas y “sabotaje activo” en la ejecución de los proyectos.
En el expediente de este caso, Progen identifica a José Walther Manrique Suárez y a Karla Julieta Saud Calero, accionistas de Astrobryxa, como quienes la habrían inducido a participar en la contratación de emergencia con información falsa.
Según la demanda, Celec y Progen firmaron el 2 de agosto de 2024 los dos contratos en disputa. Para Quevedo, el expediente señala que Progen debía instalar 20 generadores de 2.500 kW cada uno, nuevos y con “cero horas de uso previo”, y que Celec pagó 37,79 millones de dólares entre enero y marzo de 2025. Para Salitral, la demanda indica que Progen debía instalar 29 generadores de 3.500 kW, también nuevos y fabricados no antes de 2023, y que Celec transfirió 69,58 millones de dólares el 30 de septiembre de 2024. En total, la propia demanda cuantifica pagos por 107,37 millones de dólares a una cuenta de Progen en Regions Bank, en Birmingham, Alabama.
Celec también afirma que Progen no entregó “ni un solo generador eléctrico nuevo” bajo ninguno de los dos contratos. En el caso de Salitral, la demanda sostiene que “ninguno de los 29 generadores” era nuevo ni cumplía las especificaciones; para Quevedo, sostiene lo mismo respecto de los 20 equipos. Además, la empresa estatal alega que Progen presentó certificados falsos atribuidos a Lakeland Electric, Discovery Silver y PG&E para acreditar experiencia previa.
Antes de que el litigio escalara a la corte de Florida, la Procuraduría informó el 2 de julio de 2025 que, en uno de los arbitrajes de emergencia promovidos por Progen contra Celec, el árbitro del l Centro de Arbitraje y Mediación Cam-Amcham rechazó la solicitud de medidas cautelares de la empresa sobre el contrato de Quevedo y concluyó que no se cumplía el requisito de “apariencia de buen derecho”.
Asimismo, la Contraloría notificó el 18 de junio de 2025 resultados provisionales del examen especial sobre los contratos TPI-CON-0062-24 y TPI-CON-0067-24, suscritos con Progen para Salitral y Quevedo. El organismo precisó que los administrados podían presentar descargos antes de la lectura del borrador y de la aprobación del informe final. Esa comunicación oficial aún no ha publicado conclusiones definitivas en la parte revisada.
Tras la contrademanda, el tribunal deberá resolver no solo si existió un esquema para defraudar al Estado ecuatoriano, como alega Celec, sino también si Progen puede sostener con prueba documental y testimonial su tesis de que fue inducida, manipulada o utilizada por actores ecuatorianos durante la contratación de emergencia.
Víctor Herrera, dijo que el caso no solo debe medirse por el monto en disputa, sino por lo que revela sobre la forma en que se tomaron decisiones en un sector estratégico. Según su valoración, el proceso “destapa todo un caso de corrupción” y expone cómo se adoptaron decisiones “apresuradas” sin sustento técnico, jurídico ni de transparencia.
Herrera sostuvo que la contratación emergente con Progen se hizo “básicamente a dedo”, en un plazo muy corto y dejando de lado aspectos técnicos. A su juicio, el mayor impacto del caso está en que evidencia “esa carencia de interés de volver un sector estratégico” al sistema energético y en que muestra una toma de decisiones sin respaldo suficiente. También remarcó que el litigio ya no se discute en Ecuador, sino en un tribunal de Estados Unidos, lo que cambia el escenario de responsabilidades y de producción de evidencia.
El experto agregó que el perjuicio no se limita al anticipo entregado por el Estado. Señaló que, pese al tiempo transcurrido, no existe generación adicional operativa atribuible a esos contratos y expresó dudas de que eso cambie en los próximos meses. En su lectura, el expediente también abre interrogantes sobre la posible participación de exfuncionarios y sobre si la contratación respondió a una decisión aislada o a una cadena de responsabilidades que pudo alcanzar niveles ministeriales o gubernamentales.
“Esperemos que el Estado también transparente los resultados y la información que se aporte para saber cuál fue la trazabilidad para llegar a la toma de esa decisión”, señaló Herrera, de acuerdo con el insumo entregado.
Herrera vinculó además el caso Progen con la fragilidad más amplia del sistema eléctrico ecuatoriano. Mencionó que la reciente solicitud de autogeneración a grandes consumidores, junto con cortes sin explicación reportados en semanas anteriores, muestra que el problema no se reduce a la generación, sino que compromete transmisión, distribución y planificación del sistema.
Carlos Romero, experto en infraestructura energética, centró su reacción en las posibilidades de defensa del Estado ecuatoriano en las cortes estadounidenses. Dijo que el resultado dependerá de la gestión judicial que realice Ecuador, pero sostuvo que el gobierno debe poner “mucha atención” para que se esclarezca lo ocurrido.
Romero afirmó que, “a todas luces”, la contratista no ha cumplido con lo que debía ejecutar y cuestionó que haya recibido dinero estatal sin garantías suficientes. Desde esa premisa, planteó que lo procedente sería exigir la devolución de los recursos, ejecutar las garantías y retirar los equipos, para luego contratar a una empresa “seria” que pueda suministrar la generación que el país necesita en medio de la emergencia energética.
En cualquier caso, Celec sostiene en su demanda que Progen no entregó ni un solo generador nuevo bajo ninguno de los dos contratos y que los equipos para Salitral y Quevedo no cumplían las especificaciones pactadas. Esas son alegaciones de la empresa estatal dentro del proceso judicial y no conclusiones definitivas de una sentencia.
El especialista en infraestructura energética, Luis Ayala, también consultado por Ecuador Chequea enfatizo en la falta de transparencia del proceso y en la marginación del criterio técnico. Dijo que se desconoce cómo se efectuó la contratación desde la declaratoria de emergencia porque no se puede conocer “en qué términos se realizó este contrato”.
Ayala sostuvo que durante el proceso se observaron hechos que calificó como “muy raros”, entre ellos el viaje del entonces ministro Luque para recibir los equipos y la recepción de unidades sin pruebas suficientes. También cuestionó la actuación de funcionarios técnicos y políticos del sector, y señaló como uno de los problemas de fondo la politización de empresas que, en su opinión, deberían manejarse con criterios estrictamente especializados.
Además, Ayala afirmó que una falla clave fue no haber establecido adecuadamente la diferencia entre equipos de 50 ciclos y de 60 ciclos, estos últimos compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano, según su declaración. Ese señalamiento apunta a una posible deficiencia técnica en la evaluación de los equipos comprometidos en la contratación de emergencia, aunque el alcance exacto de esa observación no está desarrollado en los demás insumos entregados.
