Provincias que tienen entre 2 y cuatro asambleístas, elegirían sólo uno. Resultarían afectadas: 6 de la Amazonía, 3 de la Sierra, una de la Costa y Galápagos.
POR: Hugo Constante
El aval dado por la Corte Constitucional para que en la consulta popular que propone el presidente de la República, Daniel Noboa, conste una pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, preocupa a legisladores de varias provincias, por las repercusiones que podría tener en sus respectivas jurisdicciones, que verían reducido al mínimo el número de sus representantes.
Actualmente, la Constitución señala que la Asamblea estará integrada por 15 asambleístas nacionales, dos por cada provincia y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo con el último censo nacional de la población. A ellos se suman los asambleístas por el exterior.
Con la fórmula propuesta por Noboa, la Asamblea estaría conformada por 10 asambleístas nacionales, un asambleísta por cada provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes; además de los legisladores por el exterior.
En su dictamen, la Corte señala que la propuesta es viable, ya que no afecta la estructura de la Constitución, mantendrá la representación en todas las provincias, la nacional, la del exterior, porque el cambio únicamente radica en una reconfiguración númerica.
Con esta fórmula, todas las provincias verían reducido el número de sus asambleístas, pero la propia Corte reconoce que en 11 provincias, que hoy tienen entre cuatro y dos legisladores, se quedarían sólo con uno cada una.
¿Se fomenta el centralismo parlamentario?
Para legisladores de varias bancadas, excepto del oficialismo, la propuesta, de ser aprobada en las urnas, concentraría la representación parlamentaria en Guayas y Pichincha, que, aunque también verán reducido su número de representantes, mantendrán un número considerable. Guayas pasaría de 24 a 11 legisladores y Pichincha de 19 a 8.
Una de las provincias que tendría una reducción drástica es Santa Elena, que pasaría de 4 a 1. Arisdely Parrales, legisladora correísta por esa provincia, asegura que se generará una falta de representatividad, ya que al momento, de los cuatro legisladores, dos son correístas, uno del oficialismo y el cuarto de un movimiento local en alianza con el Partido Social Cristiano. “La ciudadanía se ve representada en las dos fuerzas políticas con mayor número de legisladores a escala nacional, pero también hay otro grupo que tiene su representante a través de una organización política exclusiva de Santa Elena”, dijo. Para Parrales, esta representación de Santa Elena en la Asamblea genera pesos y contrapesos, lo que cambiaría drásticamente al momento de contar con un solo asambleísta.
Otras voces
Está suerte de pesos y contrapesos que menciona Parrales se refleja en Carchi, que tiene tres legisladores: uno por el correísmo, otro por el oficialismo y el tercero producto de una alianza entre organizaciones nacionales y locales.
Cristian Benavides es asambleísta por esa alianza y considera que la propuesta de reducir el número de asambleístas es atractiva para la ciudadanía, por el desprestigio de este poder del Estado, pero que perjudicaría a las provincias pequeñas.
En esa observación coinciden los legisladores de la Amazonía, región que se quedaría con 6 legisladores en total: uno por provincia. En la estructura actual Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago tienen 3 legisladores por provincia; mientras que Napo, Zamora Chinchipe y Pastaza dos cada uno, para un total de 15 legisladores amazónicos.
Nanki Saant (RC), de Morona Santiago; Comps Córdova (RC) y Juan Gonzaga (independiente), de Sucumbíos, consideran que sería un retroceso de derechos, ya que se “acallará la voz de los amazónicos” y el poder de decisión legislativa se concentrará en los asambleístas de Guayas y Pichincha.
Para los legisladores, el que cada provincia tenga mayor número de representantes les permite agruparse para defender los intereses de sus jurisdicciones. Sin embargo, el martes pasado se demostró que no siempre ‘reman’ para el mismo lado. En la sesión del Pleno de ese día el correísta Gerardo Machado, representante de Azuay, mocionó el cambio del orden del día para debatir una resolución de comparecencia de la ministra de Ambiente, Luis Cruz, para que explique al Pleno la licencia ambiental otorgada a la empresa Dundee Precious Metals para la explotación minera en Quimsacocha, un tema que en Cuenca ha levantado polémica.
La moción tuvo el voto favorable de cinco de los seis legisladores de Azuay: Machado, Roque Ordóñez, Mabel Méndez (RC); Adrián Castro y Anthony Becerra (ADN). Sin embargo, Camila León (ADN), asambleísta por el Azuay, y Diego Matovelle, también azuayo pero asambleísta nacional alterno de Annabella Azin (ADN), votaron en contra de la moción, que tuvo 67 votos a favor y 67 en contra, con lo que bloquearon la posibilidad del debate para que Cruz sea convocada al Pleno.
La legisladora oficialista Lucía Pozo argumenta que no habrá una desbalance de representatividad y justifica la propuesta con el argumento de que representará menor gasto público en sueldo de asambleístas y asesores.
¿Es la solución?
Los legisladores reconocen que el problema de la Asamblea no pasa por el número de integrantes, sino por la calidad de representantes que llegan a ella. Y proponen soluciones como ampliar y ser más exigentes con los requisitos para la postulación, que los partidos políticos escojan mejor a sus candidatos y que cumplan verdaderos procesos de formación política.
Róger Celi, vocero del Observatorio Legislativo, asegura que, en términos presupuestarios, la reforma no tiene mayor sustento, ya que la Asamblea recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado. Coincide con los legisladores en que la reducción de curules no necesariamente significará un cambio en la calidad de representación, aunque se podría observar mejor el trabajo que realizan. “Si no se hacen reformas para seleccionar los cuadros legislativos en las organizaciones políticas, esas mismas personas que actualmente criticamos podrían volver a formar parte de la Asamblea. No es garantía que menos legisladores implique mayor calidad, o que más legisladores sea sinónimo de menor calidad”, dice el especialista.
Para Celi, el diseño institucional que se proyecta podría desembocar en una concentración de poder si se suma la reducción del número de asambleístas, la aplicación del método D’Hondt para la asignación de escaños —ya vigente—, y la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas —para consulta popular—. “Estos tres factores podrían tener la intención de que quien esté en el poder, cualquiera que este sea, concentre poder. Es un diseño de participación política que nos debería preocupar desde el punto de vista democratico”, concluyó Celi.
NÚMERO DE ASAMBLEÍSTAS POR PROVINCIAS
Provincia actuales con la consulta
Guayas 24 11
Pichincha 19 8
Manabí 10 4
Azuay 6 3
Los Ríos 6 3
El Oro 5 2
Esmeraldas 5 2
Tungurahua 5 2
Chimborazo 4 2
Imbabura 4 2
Cotopaxi 4 2
Loja 4 2
Santo Domingo 4 2
Santa Elena 4 1
Carchi 3 1
Sucumbíos 3 1
Bolívar 3 1
Orellana 3 1
Cañar 3 1
Morona Santiago 3 1
Napo 2 1
Galápagos 2 1
Pastaza 2 1
Zamora Chinchipe 2 1
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