Conoce el detalle de las 11 preguntas enviadas a la Corte Constitucional por parte del Gobierno y sus implicaciones. 10 de ellas están enfocadas en la seguridad, pero, ¿pudieron hacerse los cambios sin ir a las urnas? 

Menos de tres meses han pasado desde la última vez que Ecuador asistió a las urnas, en un caso inédito, para elegir a un nuevo Presidente. El país ha estado en medio de procesos electorales cada vez más recurrentes y, siguiendo la misma línea, 2024 proyecta una nueva consulta popular. 

El presidente, Daniel Noboa, a través de un extenso documento de 112 páginas, envió ayer una propuesta de 11 preguntas a la Corte Constitucional, las que se plantea someter a plebiscito. Esta medida ya había sido anunciada por el primer mandatario en campaña. 

La Corte deberá pronunciarse sobre la pertinencia y constitucionalidad de las interrogantes antes de que el Ejecutivo pueda convocar a nuevas elecciones. En este escenario, cabe preguntarse qué propone Noboa con cada uno de los temas y qué implica cada interrogante. Además, ¿las acciones propuestas por el Presidente necesitan ser llevadas a las urnas?

Papel de las Fuerzas Armadas

Las dos primeras preguntas propuestas por el Ejecutivo ponen en el blanco a las Fuerzas Armadas y su papel para enfrentar el avance del crimen en el país. 

Pregunta 1:

• “¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?”.

En el documento, la pregunta se justifica con el aumento de los índices delincuenciales en el país. Según un reporte del ECU-911, entre el 10 de agosto y el 30 de septiembre del 2023, el sistema atendió 489.236 emergencias; 69,27% de estas estuvo relacionado con seguridad ciudadana. Además, el informe revela que, en el mismo periodo, la entidad atendió 61 alertas por explosivos, un 126% más que en el último reporte.

Estas cifras son parte de las que presenta la propuesta de Noboa para argumentar la pertinencia de la pregunta. Ésta, en concreto, busca que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado defina, de forma reservada, las zonas donde se permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas y la delimitación de las acciones para prevenir y erradicar la actividad (sólo) de organizaciones del crimen transnacional que operan en Ecuador.

La interrogante, sin embargo, no plantea ningún tipo de reforma a las normas vigentes. Así lo aclara el mismo documento: “Esta pregunta no busca reformas constitucionales o legales, sino que se encuentra enfocada en adoptar medidas específicas. Las medidas a aplicarse, en caso de que se apruebe la pregunta, forman parte de las competencias y atribuciones otorgadas por la Constitución y la Ley a las instituciones del Estado. (…) La pregunta planteada sólo constituye la propuesta de medida a adoptar, para que las actividades que ejecute el Gobierno Nacional en materia de seguridad, estén apegadas a Derecho y sean respetuosas de los límites establecidos en la Constitución y por la Corte Constitucional”.

Pregunta 2: 

• “¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?”.

Esta pregunta propuesta por el Ejecutivo no contiene anexo. Sin embargo, entre las motivaciones del cuestionamiento, se cita la muerte de 316 personas en ocho eventos violentos, que tuvieron como escenario las cárceles del país, entre 2021 y 2022. Además, aclara que entre 2020 y 2023, las Fuerzas Armadas han decomisado y destruído: 23.224 armas letales, 1.832 armas no letales y 10.060,31 kilogramos de explosivos.

Según el documento, para evitar esto es necesario realizar controles exhaustivos de lo que ingresa a las cárceles, a través de operativos permanentes. De este modo, se busca reducir la entrada de armas y explosivos a los centros. 

En caso de ganar el sí en esta pregunta, de igual manera, no se efectuará ningún tipo de reforma: “El efecto jurídico propuesto es que los referidos controles de armas, municiones, explosivos y accesorios sean permanentes; es decir. que no se suspendan o sean ocasionales en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a” las cárceles, según, se lee en el texto. Es decir, el único objetivo de la pregunta es determinar que los controles se mantengan permanentemente. 

Reformas al COIP

Las siguientes cinco preguntas que contiene el documento sí contienen posibles reformas; en este caso, al Código Orgánico Integral. Te detallamos su contenido, una por una: 

Pregunta 3: 

• ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?

Esta pregunta, como se puede leer, plantea que los servidores ligados a la seguridad no vayan presos y puedan defenderse en libertad, o máximo en arresto domiciliario, ante posibles casos relacionados con el uso, legítimo o no, de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, como aclara el mismo documento, esta medida ya forma parte de un cuerpo legal: la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

En el artículo 54 de ese texto, se asegura que “los servidores de las entidades reguladas en esta Ley tienen el derecho de presunción de inocencia y se les garantizará el debido proceso en todo momento. El Estado, a través de las entidades competentes del sistema judicial,  implementará programas de capacitación permanente a servidores judiciales a fin de promover la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, procurando que, en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, el servidor pueda defenderse en libertad”. Además, detalla que los investigados no podrán ser separados de la institución mientras dure el proceso. 

A pesar de que esto ya está normado, el documento asegura que, al no ser este artículo vinculante, no necesariamente se cumple en el sistema judicial. Por esto, en el Anexo de la pregunta, se asegura que, en caso de ganar el ‘sí’, Noboa tendrá cinco días, desde la proclamación de resultados, para enviar un proyecto de ley reformatorio al COIP al Legislativo. La Asamblea tendrá 60 días para tratar la reforma legal.

Cabe destacar que, según los datos, en 2023, 47 servidores policiales fallecieron a manos de la delincuencia; mientras 90 personas perdieron la vida por el uso de la fuerza.

Pregunta 4: 

• ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de drogas, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?

Esta pregunta mantiene como justificación el aumento del narcotráfico y el crimen organizado en el país, lo que también ha propiciado el refuerzo de otros delitos, como el tráfico de armas, corrupción o lavado de activos. En el documento se asegura que el país se ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica y el mundo. 

El objetivo de esta pregunta, según detalla el texto, es “adoptar medidas específicas para la colocación en la agenda legislativa de temas relevantes para la ciudadanía”. De este modo, de ganar el ‘sí’, se plantea que en los mismos cinco días tras la publicación de resultados, el Ejecutivo envíe un proyecto reformatorio a la Asamblea. 

La pregunta no incluye las propuestas de nuevas penas que plantea Noboa. Al contrario, detalla que será la Asamblea Nacional la que tramitará y discutirá el proyecto, “permitiendo que el plebiscito no impida el debate en sede parlamentaria”.

Pregunta 5

• ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?

La pregunta número cinco, planteada por Noboa busca reformar las exclusiones del régimen penitenciario semiabierto y abierto, a los que los presos pueden atenerse al cumplir el 60% y el 80% de su pena, respectivamente, con el objetivo de dejar la cárcel y reintegrarse en la sociedad. De este modo, ciertos delitos deberán cumplir la pena entera en la cárcel, sin poder acceder a beneficios. 

Según los artículos 698 y 699 del COIP, no pueden beneficiarse de estos regímenes quienes hayan cometido delitos como: “asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, conclusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, narcotráfico en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y graves violaciones a los Derechos Humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, la pregunta de Noboa plantea añadir a la lista los siguientes delitos: financiamiento del terrorismo, reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilíticta de drogas, actividad ilíticta de recursos mineros; armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados; tenencia y porte de armas no atorizado; extorsión; revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido; tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. 

Como parte de la propuesta, y siguiendo la línea de los anteriores anexos, de aprobarse esta medida, Noboa enviaría un proyecto reformatorio a la Asamblea en los cinco días posteriores a la divulgación de resultados. Este deberá ser tratado en un plazo máximo de 60 días. 

Pregunta 6:

• ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?

Esta pregunta busca regular con mayor firmeza el porte y tenencia de armas, específicamente aquellas que son de uso privativo de la Fuerza Pública, entre las que se encuentran fusiles de hasta calibre 38 o mayor y pistolas hasta calibre 9mm o mayor. 

Según las justificaciones, el Código Orgánico Integral Penal no contempla una sanción específica para personas que posean o porten armas de fuego que sólo puedan ser empleadas por fuerzas del orden, ni un agravante tipificado por esto. Además, según datos de la Policía, alrededor de la mitad de los delitos cometidos por porte o tenencia ilegal de armas corresponde a armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La interrogante, además, plantea la posibilidad de controlar la comercialización o transporte de componentes claves, usados para la fabricación de armamento artesanal, y municiones. De este modo, se busca generar una sanción que se enfoque sólo en este tipo de armas, limitado a las Fuerzas del orden. 

En caso de ganar el ‘sí’, el Presidente tendrá los mismos cinco días para enviar la reforma y la Asamblea 60 días para tratarla. 

Pregunta 7:

• ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7? 

La pregunta número siete es clara y, según el documento envíado por Noboa, parte de la base de que en los centros de acopio de evidencia existen, hasta el 31 de diciembre de 2023, 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones, que han sido decomisadas. 

El objetivo de la pregunta es que este arsenal pueda ponerse a disposición de las Fuerzas del orden, con una reforma al COIP. Siguiendo la misma línea, de ganar el sí, se mantendrán los plazos para el cumplimiento de la consulta, tanto para el Legislativo como para el Ejecutivo. 

Temas judiciales

El control de la Función Judicial también se hace presente en las preguntas planteadas por Noboa. Específicamente dos son las que destacan este tema:

Pregunta 8:

• ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8? 

A pesar de que las evaluaciones periódicas a servidores judiciales ya forma parte del Código Orgńico de la Función Judicial, en su artículo 88, y que la evaluación a funcionarios de esta cartera de Estado, al igual que la auditoría de sus declaraciones patrimoniales, también se contempla en la Constitución, Noboa busca, con esta pregunta, iniciar acciones concretas de fiscalización a jueces.

En caso de ganar el sí, el Anexo determina que el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General deberán realizar todas las acciones, procesos y contrataciones necesarios para evaluar y auditar a los jueces que hayan ejercido funciones a la fecha de la convocatoria a consulta popular. Para esto, las instituciones tendrán un plazo máximo de 10 meses. Asimismo, la pregunta no plantea ningún tipo de reforma a las normas ya existentes. 

Pregunta 9

• ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9? 

La pregunta número 9 de la posible consulta popular busca reformar la Ley de Extinción de Dominio. A pesar de esto, la descripción y justificación del cuestionamiento no especifica cuáles son los cambios planteados, más allá de que estos estarían enfocados en simplificar procedimientos. 

Según el anexo de la pregunta, de aprobarse, el Presidente tendrá cinco días para enviar la propuesta de reforma al Legislativo, donde tendrán un plazo máximo de 60 días para tratar el proyecto. 

Temas migratorios y casinos

Estos dos últimos tópicos son los que aparecen al final de la propuesta de Noboa. Conoce qué plantean estas preguntas:

Pregunta 10

• ¿Está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?

Entre abril de 2022 y octubre de 2023, en Ecuador se emitieron 2.822 inadmisiones al país y se resolvieron 31 actos administrativos de deportación. Sin embargo, sólo el 5,8% de estos casos se llevó a cabo efectivamente, según detalla el documento enviado por Noboa. Además, el texto destaca que el 9,88% de los presos no son ecuatorianos. 

Con esta pregunta, sin dar más detalles en su fundamentación o anexos, Noboa plantea enviar una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permita reestructurar los procedimientos. Esta se enviaría en un período de cinco días, tras la publicación de resultados, al Legislativo, quienes también tendrán 60 días para tratarla. 

Pregunta 11

• ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?

En la última pregunta del plebiscito, Noboa plantea el retorno de casinos, salas de juego y casas de apuesta al país. Cabe destacar que esta prohibición se mantiene en el país desde 2011, cuando esté tipo de actividades fueron tipificadas como delito. 

Como justificación a esta pregunta, el documento expone que la prohibición fijada en 2011 conllevó la pérdida de plazas de empleo, que se encontraban en las 160 salas de juego que existían a nivel nacional. Además, se cita la importancia de estos espacios a nivel de entretenimiento y atractivo turístico. 

Por esto, en caso de ser aprobada esta pregunta, el anexo plantea que el Presidente tendrá 20 días, desde la publicación de resultados, para enviar un proyecto de ley que contenga las reformas necesarias. Además, el texto aclara que “el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar deberá tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura, y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental, y de la seguridad ciudadana”.

En este caso, el Legislativo tendrá un plazo máximo de 90 días para debatir y aprobar el proyecto.

¿Es necesaria la consulta?

Luego de haber visto y analizado las preguntas que plantea Daniel Noboa y sus implicaciones, cabe cuestionarse la necesidad de acudir a las urnas. Para expertos como Fernando Carrión, existen tres observaciones generales y contundentes que se pueden hacer a la consulta propuesta por el Ejecutivo. Una de éstas: la pertinencia de un plebiscito. 

“Ninguna de las 11 preguntas implican reformas Constitucionales, sino reformas al COIP y otras leyes”, dice con firmeza el experto. 

Para él, era más oportuno que el Ejecutivo aproveche la convocatoria del Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a una reunión de bloques para definir la agenda Legislativa: “¿Por qué no se incorporó estos temas en una propuesta a la Asamblea, tomando en cuenta el acuerdo tripartito que hay entre ADN, el PSC y el correísmo?”. Carrión es claro: “No había necesidad de gastar alrededor de $70 millones en algo que se puede resolver en el Legislativo”. 

El segundo cuestionamiento que realiza el experto a la consulta propuesta por Daniel Noboa es la “falta de concordancia” entre las prioridades del Gobierno y las que se muestran en las preguntas. Para él, si bien en 10 de las 11 preguntas del plebiscito se ve a la seguridad como una prioridad, esto no se refleja en temas como asignación de presupuesto a las fuerzas del orden y la definición de políticas claras. 

Por otro lado, Carrión asegura que la propuesta del Presidente carece de temas complejos y estrictamente necesarios. Entre estos, tópicos relacionados con la economía y el empleo. 

“Me parece que el haber puesto énfasis en la seguridad, a lo único que responde es a las encuestas opinión pública. Se conoce que le interesa la reelección en 2025 y ya en febrero del próximo año vienen elecciones. (…) Entonces, lo que busca es extender el tiempo de gracia, de 100 días, a un periodo adicional de aceptación resultante de la consulta popular, de tal manera que pueda posicionarse bien rumbo a los nuevos comicios”, detalla el experto. 

Carrión reconoce que Noboa ha vivido un aumento de su popularidad en el último mes. Sin embargo, aclara que este no es tan alto como el alcanzado por Rafael Correa, en su primer mes de mandato, Lenín Moreno o Guillermo Lasso. De este modo, lo que buscaría Noboa es una legitimación política, que también le permita reforzar su aceptación. 

Ximena Ron, abogada constitucionalista, concuerda con Carrión. Para ella, ninguna de las preguntas “requieren de manera forzosa un pronunciamiento ciudadano”. De hecho, “muchas ya están vigentes, como la evaluación a los jueces, incluyendo su declaración patrimonial, o pueden ser evacuadas desde el trabajo regular de la Asamblea Nacional”. Entre éstas coloca temas como el aumento de penas para ciertos delitos o la tipificación del uso de armas privativas de las FF.AA. 

Álex Valle, también constitucionalista, asegura que varias de las preguntas parecen “hasta obvias”. Para él, “todo lo que se está preguntando, sobre todo en temas de inseguridad, consta ya incluso en la Constitución”. 

El experto asegura que el gasto que generará la Consulta no se ve justificado con la pertinencia de lo que se plantea incluir en el plebiscito. “Casi todo podría resolverse, tranquilamente, vía decreto, reforma legislativas o, incluso, en la ejecución de ciertas competencias ministeriales”.

Dentro de esta línea de análisis, entonces, hay que preguntarse cuál es el objetivo final de la consulta y su motivación. Para Ron, la respuesta es simple: 

“En la mayoría de consultas populares, los temas que se preguntan se pueden solucionar vía ley o vía política pública, sin acudir a un costoso procedimiento de democracia directa. Sin embargo, este mecanismo se ha normalizado por los gobiernos para medir o aumentar su popularidad. Esto, con la cercanía de una campaña electoral, resulta favorable en un Presidente que cuenta con un porcentaje de apoyo de casi el 70%”, dice.

Para ella, el cumplimiento de una propuesta de campaña beneficia al Gobierno de Noboa y también le permite medir y aumentar el apoyo ciudadano, con miras a las elecciones de 2025.

Además, los expertos opinan que esta también es una forma de impulsar y medir la confianza en instituciones como la Policía. Esto, además, dando seguridad a las fuerzas del orden en su accionar, con preguntas como la que trata a funcionarios investigados por el uso de la fuerza. 

‘Un arma de doble filo’

Ecuador se ha convertido en el país más inseguro de Latinoamérica, según destaca Fernando Carrión, quien también es experto en seguridad. Esto ha fomentando a que el incremento de la violencia sea una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Pero, ¿la consulta plantea acciones suficientes para revertir esto?

“Lo que nosotros hemos visto ayer, que se cerró el año, es que la estadística oficial nos revela que Ecuador registró una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023. Esto nos pone sobre Venezuela, donde la tasa es de 41 por cada 100 mil habitantes, con tendencia a la baja. Esto nos convierte en el país más inseguro de la región y uno de los más inseguros del mundo”, dice el experto con palabras breves. 

Para él, es importante que el Gobierno enfoque sus acciones, debido a esto, en la lucha contra la inseguridad, lo que también busca reflejarse en la consulta popular. Sin embargo, Carrión asegura que la propuesta de plebiscito no presenta nada nuevo, que pueda realmente contribuir a reducir los índices de violencia. 

“El énfasis que está dado es básicamente al esquema de mano dura, que ya se ha venido aplicando en el país desde 2017. Desde ese año hasta la actualidad, Ecuador ha vivido un aumento abrupto de la violencia. En seis años, multiplicamos por nueve la tasa de homicidios, pasando de 5 a 46. Este, entonces, puede ser un claro indicio de que estas políticas no nos han funcionado”, detalla. 

La mano dura, según el experto, debe pasar a ser una “mano inteligente”. Para esto, no se necesitarían acciones como las planteadas en la consulta, sino que “la mano inteligente es la que tiene que salir de acuerdos nacionales, de la creación de un sistema nacional de seguridad conformado por guardias privados, fuerzas del orden, cámaras de la producción, transporte educativo y municipios”. 

Para el experto, la seguridad debe empezar a verse desde una perspectiva diferente, si se quieren lograr cambios diferentes. Sin embargo, esto no se ha reflejado en la consulta, lo que, según el experto, puede ser un arma de doble filo para el Presidente. 

“El resultado, me da la impresión, será positivo en la consulta, porque la población no se irá en contra de su propio pensamiento. Pero esto le va a generar un problema al Presidente, porque la gente va a esperar que al ganar la consulta la inseguridad se reduzca; pero si esto no se consigue, será un arma de doble filo para el Gobierno”, dice. 

El extra: los casinos

La pregunta 11 de la consulta propuesta por Noboa se sale un poco del hilo conductor, que ha llevado a los demás números hasta este punto. Esta no se enfoca en la seguridad, sino que, según el documento presentado por Noboa, busca abrir una nueva opción de empleos, que se habían perdido en 2011 tras la prohibición de casinos y salas de juego en el país. 

Esta es la apuesta de Noboa para, según se aclara, generar fuentes de empleo adecuado y buscar reducir los índices de pobreza en el país, lo que también contribuiría a reducir las tasas de criminalidad. 

“La apertura y funcionamiento de casinos, salas de juegos, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar ofrece, no sólo oportunidades de trabajo directo, como crupieres y personal de seguridad, sino también empleos indirectos en sectores relacionados, como hotelería y los servicios asociados. Este flujo de empleo no sólo impulsa la economía local, sino que también es el medio para una red de estabilidad económica para individuos y comunidades enteras”, se detalla en el documento enviado por Noboa a la Corte Constitucional. 

Esta interrogante, sin embargo, levanta dudas en expertos como Valle. A esta pregunta, la 11 contemplada en la propuesta de Noboa, el constitucionalista la define como “camuflada”. “No hay del todo compatibilidad, si en toda la consulta se habló acciones claras contra la inseguridad”.  

Para él, la inclusión de este tema en el plebiscito debe darse con mucho cuidado, por los intereses que pueden existir detrás. “Quizá los negocios millonarios, que cerraron hace muchos años, están interesados en la reapertura”. 

Por otro lado, Valle explica que, incluso esta pregunta puede verse como contradictoria con el espíritu de la consulta. “Hay preguntas que se incluyen en favor de la lucha contra el lavado de activos y enriquecimiento. Sin embargo, se ha demostrado, a nivel mundial, que uno de los lugares donde más dinero se lava son los casinos y las salas de juego”.  

De este modo, Valle destaca que es necesario que esta pregunta se emplee con cuidado, desde la Corte Constitucional, el Ejecutivo y la Asamblea. Además, aclara que uno de los problemas que tienen ésta y otras preguntas es que no cuentan con detalles de qué artículos o límites se incluirán en las reformas legales, lo que brinda poco contexto a los electores al momento de tomar una decisión. 

“Si no se detalla qué se incluirá o cambiará en las leyes, puede ser que gane el ‘sí’ y el Ejecutivo mande textos que incluyan temas que no estaban previstos a la Asamblea. Y el Legislativo tendrá la presión de aprobarlos, porque ya se aprobó el plebiscito. Por esto, es importante que la Corte, quizá pida ampliaciones o detalles a los anexos y fundamentaciones de las preguntas”, explica. 

Esta misma preocupación, sin embargo, surge en la pregunta relacionada a las reformas migratorias. Estas, según Valle, deberían estar bien detalladas para evitar que contemplen una regresión en derechos, amparada por una política “seguritista, de cierre de fronteras y mano dura”. 

Ahora, sin embargo, todo queda en manos de la Corte Constitucional. El organismo deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y viabilidad de las preguntas propuestas por Noboa, antes que el Gobierno pueda convocar a las urnas. 

Con esto, Noboa se convertiría en el octavo presidente que se propone convocar a una consulta popular, desde 1978, como herramienta política. En la lista están León Febres Cordero, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. 

En una cadena nacional, emitida hoy a través de las cuentas oficiales de la Presidencia, Noboa aseguró que con el envío de las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional se cumplió “con la oferta de campaña para construir un nuevo Ecuador”.

“Esta consulta tiene tres claros objetivos. Uno: intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Dos: estamos cansados de que haya mayor protección para los delincuentes que para las fuerzas del orden; debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de Justicia para que los condenados del crimen organizado tengan penas más altas y las cumplan. Tres: esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas”, dijo el Presidente.

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