POR: Hugo Constante
El presidente de la República, Daniel Noboa, ajustó el estatuto de su propuesta de Asamblea Constituyente conforme el dictamen de la Corte Constitucional, con el objetivo de que el organismo dé su aval definitivo para que se llame a consulta popular donde la ciudadanía deberá decidir si quiere ir a una Constituyente.
El Ejecutivo, en la reforma realizada, excluye 13 considerandos que constaban en la propuesta original porque la Corte señaló que no cumplían con los requisitos de objetividad, neutralidad y pertinencia exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Por ejemplo, se eliminaron las reflexiones del Ejecutivo relacionadas con la crisis de seguridad, la consecuencias de esta situación como los motines y masacres carcelarias y la necesidad de un nuevo pacto social que refuerce la autoridad del Estado,
En lo político Noboa argumentaba la debilidad institucional y fragmentación; los enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema Judicial, la coexistencia de cinco funciones del Estado, entre otros.
La composición de la Constituyente
Con la reforma propuesta al Estatuto, Noboa reformula cómo debería estar integrada la Constituyente. Aunque mantiene que serán 80 asambleístas, en principio proponía 22 nacionales, 52 provinciales, 6 del exterior. Con la modificación serían 24 nacionales, 50 provinciales, y 6 por el exterior.
La asignación de los escaños provinciales también varía. Si antes proponía mínimo un escaño por provincia y uno adicional por cada 200.000 habitantes o fracción superior a
150.000, ahora la fórmula propuesta es un asambleísta constituyente por cada provincia y uno más por cada 471.000 habitantes, es decir, el doble de lo inicialmente requerido.
Es que en su dictamen, la Corte Constitucional le hizo caer en cuenta al Ejecutivo que con su fórmula inicial, la Asamblea Constituyente no habría estado compuesta por 80 miembros, sino por un total de 132. Esto debido a que a nivel provincial no hubiesen sido 52 asambleístas sino 104, por el cálculo poblacional para la distribución de escaños.
Se mantiene que la asignación de escaños será aplicando el método D’Hondt, pero se aclara que el voto será en listas cerradas, por lo que los electores marcarán la casilla de la lista de su preferencia.
Si antes se proponía que el personal administrativo de la Asamblea Constituyente iba a estar regido por el Código del Trabajo ahora se menciona que se regirá por la Ley Orgánica de Servicio Público y, en lo que aplique, el Código del Trabajo.
Lo que se viene
En su dictamen, la Corte Constitucional dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) que únicamente continúe con el proceso después de que la Presidencia de la República haya subsanado lo requerido y que la Corte haya constatado y resuelto sobre dichos requerimientos. Es decir, se espera el dictamen definitivo del organismo constitucional, luego de que verifique que se han cumplido con los cambios señalados y que estos se ajustan a la normativa.
Con ese dictamen definitivo, el CNE podrá incorporar lo de la Constituyente como tercera pregunta a la consulta que se cumplirá el 16 de noviembre y cuyo costo está presupuestado en más de 59 millones de dólares. Las otras dos preguntas son las de las bases militares extranjeras y la del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Si en las urnas la respuesta es favorable a la instalación de una Asamblea Constituyente, el siguiente paso es que el CNE organice el proceso electoral para escoger a los 80 representantes que redactarán la nueva Constitución.
El proyecto de nueva Constitución deberá ser aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea Constituyente, y cumplido ese paso se remitirá al CNE para que organice el referéndum aprobatorio por parte de la ciudadanía.
Consideraciones previas
El asambleísta correísta Comps Córdova, representante de Sucumbíos, manifestó que esos 59 millones que el Gobierno va a gastar en la consulta popular, debería invertirlos en necesidades urgentes del país. Citó como ejemplo la red vial de su provincia, asegurando que está afectada por la destrucción de las carreteras, lo que genera problemas de movilidad desde y hacia la provincia.
Por su parte, el asambleísta oficialista Andrés Castillo aseguró que es necesario realizar una reforma integral al sistema constitucional. Castillo considera que entre los cambios que se podrían hacer es que el país retorne a contar con tres Funciones del Estado y no cinco, como es al momento.
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