Desde 1830 hasta 2008, el país ha tenido veinte constituciones. Aunque casi todas se proclamaron como “nuevas”, ninguna rompió del todo con la anterior: cada texto heredó la estructura o los principios del previo, reflejando una cultura política más refundacional que reformista.
Ecuador ha tenido veinte constituciones en menos de dos siglos, un récord regional que revela su inestabilidad política. Desde la fundación de la República en 1830 hasta la Constitución de Montecristi en 2008, el país ha reescrito su pacto jurídico casi cada vez que cambió de gobierno o de proyecto político.
Según estudios históricos, casi todas estas cartas fueron elaboradas por asambleas constituyentes, pero pocas representaron rupturas completas con el orden anterior. En la práctica, cada texto fue una reforma profunda del anterior, ajustada a la ideología dominante o a las coyunturas de poder.
De 1830 a 1906, el país vivió su etapa más convulsa: once constituciones en 76 años. Las siguientes décadas no fueron muy distintas: nuevos golpes, crisis o proyectos políticos derivaron en nuevas cartas, cada una presentada como el inicio de una era, pero construida sobre los cimientos del texto anterior.
Los cimientos del siglo XIX
La primera Constitución, promulgada en Riobamba en 1830, definió un Estado confesional y elitista: el catolicismo fue la religión oficial, y solo los hombres alfabetizados y propietarios podían ejercer derechos políticos.
Cinco años después, la de 1835, impulsada por Vicente Rocafuerte, suavizó las condiciones de ciudadanía pero mantuvo el carácter confesional. En 1843, Juan José Flores redactó la infame “Carta de la Esclavitud”, que extendió el mandato presidencial a ocho años y concentró poder en el Ejecutivo. Su caída dio paso a la Constitución de 1845, que proclamó por primera vez que “el pueblo es soberano”.
Durante las siguientes décadas, las constituciones reflejaron el péndulo entre conservadores y liberales. En 1852 se abolió definitivamente la esclavitud, mientras que la Carta Negra de 1869, redactada bajo Gabriel García Moreno, impuso un régimen confesional autoritario donde solo los católicos podían ser ciudadanos. La Constitución de 1878, en cambio, abolió la pena de muerte y reconoció la educación primaria gratuita.
Finalmente, la Constitución liberal de 1906, impulsada por Eloy Alfaro, marcó un quiebre histórico: separó la Iglesia del Estado y consagró la educación laica, gratuita y obligatoria. Aunque fue presentada como un nuevo comienzo, en su estructura republicana y división de poderes heredó buena parte de los textos previos.
De la modernización al constitucionalismo social
Tras la hegemonía liberal, el siglo XX trajo nuevas constituciones con acentos sociales. La de 1929 incorporó por primera vez derechos laborales, habeas corpus y el voto femenino, convirtiendo a Ecuador en pionero regional en reconocimiento de derechos políticos para las mujeres.
En 1945, bajo el quinto gobierno de José María Velasco Ibarra, se promulgó una carta avanzada: creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, estableció que al menos el 20% del presupuesto debía destinarse a educación y amplió las libertades civiles. Sin embargo, el propio Velasco desconoció esa Constitución un año después y la reemplazó por la de 1946, más conservadora pero con un fuerte componente laboral: jornada de ocho horas, salario mínimo y derecho a huelga.
La Constitución de 1967 amplió derechos culturales y prohibió toda discriminación por sexo, raza o religión, incorporando los principios de igualdad propios del constitucionalismo de posguerra. Aunque surgió de una Asamblea Constituyente, mantuvo la arquitectura institucional de 1946, confirmando la tendencia de evolución más que ruptura.
La democracia moderna y sus reescrituras
Tras el régimen militar de los años 70, la Constitución de 1979 devolvió la democracia al país. Su aprobación mediante referéndum consolidó el sufragio universal –incluyendo por primera vez a los analfabetos– y amplió la protección social. Marcó el comienzo del actual período democrático, pero no fue una ruptura absoluta: muchos de sus artículos provenían de la tradición jurídica liberal y social acumulada desde 1945.
La siguiente carta, la Constitución de 1998, fue redactada por una Asamblea convocada tras la destitución de Abdalá Bucaram. Definió a Ecuador como un Estado social de derecho, reconoció la pluriculturalidad y amplió los derechos colectivos de pueblos indígenas, así como los de mujeres, niños y personas con discapacidad. Aunque se presentó como una “nueva Constitución”, fue oficialmente registrada como una reforma integral del texto de 1979, conservando su estructura republicana.
Montecristi y la era del “buen vivir”
La Constitución de 2008, redactada por la Asamblea de Montecristi bajo el liderazgo de Rafael Correa, es la más extensa y simbólicamente ambiciosa de la historia ecuatoriana. Define al país como Estado plurinacional e intercultural, reconoce derechos a la naturaleza (Pachamama) y establece el buen vivir (Sumak Kawsay) como principio rector.
Introdujo además una quinta función del Estado —la Función de Transparencia y Control Social— y un amplio catálogo de derechos humanos, ambientales, culturales y económicos. Fue aprobada por referéndum con más del 60% de apoyo, pero en su diseño institucional conserva la herencia del Estado unitario y presidencialista que acompaña al país desde 1830.
A pesar de su discurso refundacional, la Carta de Montecristi no fue una ruptura total: amplió derechos y rediseñó instituciones, pero sobre un esquema heredado. Su propia historia de reformas —en 2011, 2015 y 2018— demuestra que el texto sigue siendo objeto de ajustes dentro de la misma lógica de cambio permanente.
Un país que se reinventa, pero no cambia del todo
De la religión oficial al laicismo, del voto masculino a la participación universal, del Estado unitario al plurinacional, la historia constitucional del Ecuador muestra una evolución constante sin punto de estabilidad definitiva.
La mayoría de sus constituciones nacieron de asambleas constituyentes con espíritu refundacional, pero casi ninguna fue original en sentido estricto. Todas heredaron artículos, estructuras o principios de la anterior, reproduciendo una práctica política de reescribir sin reinventar.
Las constantes refundaciones a través de constituyentes confirman que más que veinte constituciones distintas, el país ha tenido una misma república reescrita veinte veces, siempre en busca de un equilibrio que todavía parece pendiente.
