El organismo inició el 2023 sin acuerdo para designar al Presidente de la Judicatura, por lo que estaría incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional; además, renunció una consejera que debía principalizarse. 

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“El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) nació con vicios de legitimidad y de legalidad. (…) No ha cumplido con los fines para lo que fue creado”, asegura Gabriela Alvear, directora de Diálogo Diverso. 

En momentos en que hay dos preguntas para la consulta popular sobre este organismo, Alvear asegura que el CPC no es una institución que promueva realmente la participación ciudadana, sino que se ha convertido en el espacio para que las organizaciones políticas o los gobiernos de turno quieran utilizarla para tomarse la institucionalidad del Estado. 

Los hechos parecen dar la razón a Alvear. No importa quién integre el CPC, quién lo presida —en casi cuatro años de la presente administración ha tenido cuatro presidentes—, qué grupo es mayoría o minoría: este organismo va de ‘tumbo en tumbo’ y no logra salir del desprestigio, que se ahonda más y más. 

Cuando el Pleno sesionaba con los siete consejeros la reunión se desarrollaba en un ambiente “tóxico”: lo usual eran las acusaciones de parte y parte, los gritos, las interrupciones, las descalificaciones personales y hasta familiares subidas de tono; y, en lo operativo, poco o nulo avance en los concursos para designar las diversas autoridades a su cargo, su principal atribución.

Luego, en el 2022, cuando hubo marcada división entre la nueva mayoría integrada por Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán y, del otro lado, la minoría integrada  por David Rosero, Juan Dávalos y Sofía Almeida, las cosas no cambiaron y la minoría casi no asiste a las sesiones. Que trabajan en territorio, dicen. 

Nuevo año, mismos vicios

El 2022 terminó para el CPC con los cuatro consejeros de mayoría destituidos por la Asamblea y restituidos por sentencia del juez de La Concordia Ángel Lindao; y con los tres de minoría ausentes del Pleno, dos de ellos en uso de vacaciones. Parecía que con los cuatro consejeros de mayoría sesionando el trabajo iba a fluir este 2023. Pero no fue así. 

Ulloa convocó a sesión presencial y virtual el 1 de enero (feriado) para escuchar el plan de trabajo de los postulantes de la cuarta terna presentada por la Corte Nacional de Justicia para que se designe al vocal y, a la vez, presidente del Consejo de la Judicatura. Los nominados eran los magistrados Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, quienes acudieron a la extensa jornada de forma presencial; los consejeros de mayoría los escucharon desde la comodidad del Zoom, sin moverse desde donde haya sido que se conectaron. 

La sesión se retomó al día siguiente (2 de enero-feriado) pero los cuatro consejeros de mayoría no lograron ponerse de acuerdo en quién designar, a pesar de que elogiaron, literalmente, y destacaron los perfiles profesionales de los tres integrantes. 

Hubo tres votaciones, el que más cerca estuvo de lograr la vocalía fue Rivera, que obtuvo tres votos a favor, pero Ulloa se abstuvo argumentando que no podía ser contrario a la primera votación, donde se pronunció a favor de Terán.

Al fracasar este nuevo intento se decidió pedir a la Corte Nacional de Justicia que remita una nueva terna, que sería la quinta. Mientras tanto, en la Judicatura el vocal Fausto Murillo cumple 11 meses encargado de la Presidencia y todo indica que se mantendrá de largo en el cargo gracias a la inacción del Consejo de Participación. 

La primera en reaccionar fue la Corte Constitucional que, a través de un oficio, exigió al CPC que remita un informe sobre el cumplimiento de la sentencia del 26 de septiembre del 2022 en la que ordenó que designe de manera “célere” al vocal que deberá presidir el  Consejo de la Judicatura y le dio 24 horas para que presente el informe. 

Mientras que, a través de un comunicado, la Corte Nacional de Justicia rechazó lo que llama “actuaciones simuladas del CPC” para no designar al titular de la Judicatura. La Corte considera que se está afectando la institucionalidad y que hay continua violación a la seguridad jurídica que perjudica a la Función Judicial. 

En ese sentido denuncia los “atropellos sistemáticos” por parte del CPC para evitar y boicotear, dice el texto, la designación del Presidente de la Judicatura. Recuerda que este proceso ha durado más de 10 meses y asegura que lo que buscan los consejeros de Participación es mantener en acefalía el órgano administrativo de la Función Judicial, por lo que pide a la Corte Constitucional que, en el marco de su competencia, actúe ante el incumplimiento de su sentencia.

Por su parte, Ulloa ya contestó a la Corte Constitucional. En la parte pertinente del informe sobre el avance del proceso para designar al vocal principal asegura que, al ser un cuerpo colegiado que responde a reglas como mociones, votación a favor o en contra así como abstenciones, no fue posible llegar a un consenso de qué postulante debe ser designado para el cargo de vocal principal, por lo que operó el agotamiento de la terna y el proceso de designación y, por lo tanto, “es pertinente la solicitud de una nueva terna a la Corte Nacional a fin de seleccionar el vocal principal del Consejo de la Judicatura que presidirá dicho organismo”. Además, pide que se determine el cumpliento de la sentencia y deja abierta la posibilidad de que se reconsidere la votación, pero cuando haya quórum, que al momento no existe. 

Ulloa y la soledad del poder 

La polémica con la Corte Nacional de Justicia y con la Corte Constitucional no es el único problema que debe enfrentar Ulloa. A lo interno se le viene un mes complicado. Desde el 3 de enero están con licencia sin sueldo cinco de los siete consejeros que van a la reelección. Sólo Ulloa y Almeida no van a la reelección. 

Ayer el Presidente quiso dar continuidad a una sesión con los consejeros suplentes que deberían actuar durante el tiempo de licencia de los principales: Karina Ponce, Mónica Moreira, Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar; pero no hubo quórum. 

Ponce fue al Consejo, pero para presentar su renuncia. En su escrito habla de un Consejo “tristemente reconocido por su ineficacia, incapacidad y escándalos que desperdició el tiempo en la búsqueda de padrinos que les aseguren mantenerse en el puesto sacrificando el ejercicio de sus funciones de lucha contra la corrupción, contraloría social y participación ciudadana traicionando la razón de ser de la institución”. “Lo que sí debemos reconocerles es que han hecho todo para mantener el nivel de desprestigio que dejó la gestión de Tuárez, Cruz, González, entre otros”, señala en su renuncia. 

Y concluye que no se prestará para ser parte de un juego perverso al servicio de oscuros intereses, ni legitimará con su principalización las acciones e inacciones de “esta desprestigiada e improductiva institución”.

Moreira no asistió ya que también participa como candidata al Consejo de Participación; Nastacuaz fue otro que no concurrió a la convocatoria. Quien se conectó vía telemática fue Aguilar. En el salón de sesiones solo estuvo Ulloa. 

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