A pesar de los cuestionamientos a varios integrantes de las ternas, el Pleno del organismo aprobó el informe de la Comisión que inadmitió la totalidad de las impugnaciones presentadas.
POR: Hugo Constante
Con cuatro votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó el informe de la Comisión técnica de selección que inadmitió las 17 impugnaciones ciudadanas que se presentaron contra 8 de los 15 postulantes a integrar el Consejo de la Judicatura.
El informe generó cuestionamientos entre los impugnantes, quienes manifestaron que la Comisión se extralimitó en sus funciones, a pesar de que en el Pleno expresó su respaldo al informe con los votos a favor de Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez (vicepresidenta) y de los consejeros Johanna Verdesoto y David Rosero. Se abstuvieron Piedad Cuarán y Gonzalo Albán; mientras que Nicol Bonifaz votó en contra.
La moción para la aprobación del informe fue presentada por Verdesoto y apoyada por Fantoni. La Consejera aseguró que se revisó cada impugnación y documento presentado, lo que garantiza la transparencia del proceso y la independencia con la que el Consejo maneja la designación.
Por su parte, Rosero añadió que se debía respaldar el trabajo de la Comisión, que está integrada por delegados de cada una de las consejerías, excepto por la de Bonifaz, y que al estar los actuales vocales de la Judicatura en funciones prorrogadas, es importante avanzar con la selección de las nuevas autoridades. Ante los cuestionamientos de los nombres de los integrantes de las ternas, como Mario Godoy, presidente de la Judicatura, de la terna de la Corte Nacional de Justicia; e Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo, de la terna del Ejecutivo; Rosero aseguró que las instituciones nominadoras son las responsables de saber a quiénes ponen en sus listados, por lo que son esas instituciones las que deben responder por la idoneidad de los postulantes.
Para Albán, la Comisión debía limitarse a cumplir una revisión de forma de las impugnaciones y no de fondo, ya que eso le corresponde al Pleno del Consejo, que de ser necesario podía corregir el informe no vinculante presentado por la Comisión a través del análisis de las impugnaciones.
Bonifaz agregó que le llamaba la atención la celeridad que se le quiere dar a este proceso después de haber estado estancado ocho meses, lo que pone en riesgo la posibilidad de darle al país vocales de la Judicatura probos. Mientras que Cuarán añadió que la Comisión se extralimitó en sus funciones.
El informe no vinculante
El proceso para la designación de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana ha generado dudas por una presunta falta de transparencia, a raíz de que la Comisión técnica de selección encargada de revisar las impugnaciones ciudadanas no admitió ninguna de las 17 que se presentaron contra 8 candidatos.
Los postulantes impugnados fueron Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura; Ivonne Núñez, Ministra de Trabajo; Fausto Andrade, Wendy Moncayo, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz, Juan Carlos Benalcázar y Fabián Fabara.
Sin embargo; la Comisión concluyó que ninguna de las impugnaciones acreditó, con prueba idónea y ejecutoriada, la configuración de causales como para sacar del concurso a alguno de esos ocho candidatos.
En su informe no vinculante, la Comisión recomendó al Pleno del Consejo de Participación inadmitir a trámite las 17 impugnaciones analizadas por no reunir los requisitos que rigen el concurso y que se disponga la continuación del proceso de selección y designación con todos los 15 postulantes que fueron propuestos a través de cinco ternas.
Esto motivó a que la candidata propuesta en la terna de la Asamblea, María Grijalva Reyes, renuncie de manera irrevocable a continuar en el proceso de selección. En un oficio dirigido a las autoridades del Consejo, la expostulante advierte que el proceso ha sido ampliamente cuestionado en diferentes instancias y por varios actores, a pesar de lo cual decidió continuar. Sin embargo, asegura en el oficio, la Comisión trató la impugnaciones con criterios excesivamente formalistas hacia varias de las impugnaciones y sorprendentemente laxos para otros, “situación que ha afectado mi confianza en este proceso”, por lo que decidió retirarse del proceso de selección.
No fue la única que cuestionó a la Comisión técnica de selección. Gary Espinoza, uno de los impugnantes, junto a su abogado Milton Castillo, remitió una carta de reclamo a los miembros del Consejo de Participación argumentando que los comisionados se atribuyeron competencias que no tienen y que las impugnaciones fueron analizadas de manera “simplista, arbitraria y superficial”, con lo que se violó las normas del reglamento porque se demuestra un juzgamiento arbitrario de varias impugnaciones.
Otras de las impugnantes, Mónica Jaramillo, escribió en su cuenta de X que la Comisión técnica resolvió las impugnaciones con arbitrariedad y complicidad. “No hubo transparencia. Un ‘club de amigos’ blinda a los suyos, abogados y gremios callan. Lo que vivimos no es absolutamente participación ciudadana, es una farsa”, posteó Jaramillo.
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