Buscan que sus territorios no vean la explotación minera. 16 comunidades de la nacionalidad marcharon a la Corte Constitucional para hacer valer una sentencia sobre la consulta previa, libre e informada.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Sus voces comenzaron a alzarse con gritos uniformes y entonados. A paso firme, su caminar va cobrando forma en medio de un suelo que se ve distinto al de sus casas y territorios; la tierra ha pasado a cobrar colores oscuros como pavimento: negro y gris. Luego de más de 12 horas de viaje desde sus casas, los árboles se redujeron y los grandes doseles se convirtieron en enormes edificios con otros colores. El aire se siente menos limpio y el frío empezó a rodear sus huesos.
Representantes de 16 comunidades waorani marcharon hoy por las calles de Quito, desde el parque El Arbolito hasta las afueras de la Corte Constitucional. Su caminar iba acompañado de colores de plumas, las que adornaban sus trajes; también de sombras de palmas, con cafés poco profundos y secos convertidos en faldas, blusas y bolsos. Sus trajes tradicionales se tomaron el paisaje, mientras sus manos cargaban carteles en los que se leían frases como: “Defiende el agua, defiende la vía”, “Mi voz y las voces de mis ancestros están aquí, presentes. Juntos para defender nuestros derechos a la vida” y “Somos hijos del jaguar”.
Su pedido es claro: buscan que la Corte Constitucional emita un dictamen final sobre el caso iniciado en 2020 en el que las 16 comunidades waorani de Pastaza presentaron una acción de protección por la implementación de bloques petroleros en sus territorios, mismos que habían sido puestos en licitación luego de que en 2012 el Ministerio de Energía y Minas realizara una supuesta consulta previa, libre e informada con las comunidades.
Hoy, la nacionalidad presentó un nuevo escrito ante la Corte Constitucional para insistir en que se emita esta resolución que, explican, es de gran relevancia para que no se vuelvan a vulnerar sus derechos. Esta es la segunda vez que en grupo salen a las calles de Quito; la primera fue en julio de 2024. Sin embargo, aseguran que no ha habido respuesta. Te contamos más sobre el caso:
Breve contexto
En 2019, 16 comunidades waorani de la provincia de Pastaza ingresaron una acción de protección ante la Justicia por la concesión de 16 bloques petrolíferos en sus territorios, correspondientes a los proyectos de Bloques Sur Oriente.
Estas licitaciones, según el proceso emprendido por el Gobierno, se realizaron con base en una supuesta consulta previa, libre e informada efectuada con las comunidades en 2012.
Según informaron dirigentes de la comunidad, como Silvania Nihua, estos procesos habrían puesto en riesgo alrededor de 180 mil hectáreas de su territorio, en el corazón de la selva amazónica. Sin embargo, su principal denuncia en este tipo fue el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada según establece la normativa, por lo que presentaron esta acción.
Ante este proceso, la Corte Provincial de Pastaza se pronunció al respecto y en el mismo año emitió la sentencia N. 1296-19-JP, en la que se estableció que en 2012 sí se vulneraron los derechos de las comunidades y, oficialmente, se anuló el supuesto proceso, desbaratando la licitación de 16 bloques petrolíferos, “sentando un precedente jurídico invaluable para otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana”, según Amazon Frontlines.
Siguiendo la misma línea, en mayo de 2020 la Corte Constitucional seleccionó a esta causa como un caso emblemático para establecer jurisprudencia en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas por ser novedosa y relevante a escala nacional.
Asimismo, en noviembre de 2021, la Corte Constitucional realizó una audiencia en la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, de la cual se obtuvo una sentencia que desarrolló estándares para el cumplimiento de las obligaciones de respeto, promoción y garantías del derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en contextos de planes y proyectos extractivos.
Estos mismos lineamientos establecieron que estos procesos deben contemplar las estructuras organizativas de las comunidades y nacionalidades, en las que las jerarquías se posicionan sobre los ‘Pikenane’, adultos mayores de las comunidades, algo que no se cumplió en 2012. Además, estos habrían de contar también con el conocimiento real del impacto y comprender lo que esto traerá a sus territorios, ante proyectos extractivos.
Una vez terminado este proceso, no hubo continuidad en el caso y todavía se espera una sentencia definitiva que marque la jurisprudencia necesaria para establecer cómo se deben dar estos procesos. Luego de más de cuatro años, en julio de 2024, las comunidades waorani realizaron una movilización ante la Corte Constitucional para exigir la priorización de la causa en cuestión y la convocatoria de una audiencia en Pastaza para emitir la resolución que garantice el derecho colectivo a la consulta previa. Esto se dio luego de que se presentaran varios escritos sin respuesta.
La ausencia de pronunciamientos por parte de la Corte, llevaron una vez más a las comunidades a movilizarse a Quito para insistir en que se de una resolución al tema; algo que se espera que esta vez se cumpla.
Pero la preocupación, en esta ocasión, también se ve influida por la voluntad del Gobierno, expresada en el XIX Encuentro Anual de Petróleo y Gas Ecuador, realizado el 2 de octubre de 2024, cuyo objetivo fue avanzar con proyecciones, inversiones futuras y negocios para empresas de Ecuador. En este espacio, la viceministra de Energía y Minas, María Cristina Mogollón, indicó: “Tenemos los bloques Sur Oriente, en esto es una inversión de $20.000 millones, un contrato a 24 años y, actualmente, hay cero producción. Como ustedes saben esta zona sí tiene un potencial hidrocarburífero pero, lamentablemente, estamos con problemas con las comunidades. Estamos tratando de abrir una puerta para poder entrar en esa zona ya que sería muy bueno para el país poder entrar y poder tener actividad en estos bloques”.
Según dirigentes de la nacionalidad waorani, estos sería los espacios afectados por estas concesiones:
Por esto, su preocupación hoy se centra en que el Gobierno pueda valerse de la supuesta consulta realizada en 2012 para dar paso a nuevas licitaciones. Así, la falta de una resolución final y el riesgo de que sus territorios vean como protagonistas el avance de la explotación los ha vuelto a sacar a las calles. “Además, nos preocupa que en 2025 ya se renueva la Corte Constitucional, por lo que el proceso podría aplazarse aún más. No queremos que esto pase y por eso pedimos que se priorice esto y que tengamos una respuesta”, dice Silvania Nihua.
Denuncias
“Aquí yo estoy para exigir a los jueces de la Corte Constitucional, sabiendo que ellos son quienes deben dar las declaraciones para garantizar nuestros derechos. He caminado desde la selva, con canoa, en medio de lluvia y sol, porque quiero pedir a la Corte Constitucional que emita el dictamen que está en sentencia. Ellos sólo deben subir para que esto esté en el registro oficial pero no se ha dado respuesta hasta el día de hoy”, dice Omanca Nihua, una de las ancianas waorani que llegó hoy a Quito.
“¿Por qué estoy acá? También porque quiero garantizar a las nuevas generaciones waorani su derecho a la vida. Ustedes saben que las petroleras han estado décadas en nuestro territorio y el resultado no ha sido ningún beneficio para nosotros. El resultado han sido enfermedades”, agrega.
La mujer, con rasgos colgados y llenos de experiencia, asegura también que su pedido va hacia el Presidente, Daniel Noboa, para que pueda velar por los intereses de las comunidades waorani y de sus territorios.
Asimismo, Silvania Nihua aclara que su viaje no ha sido en vano y que seguirán luchando por su territorio hasta el final; “aunque nos cueste la muerte”. Dice claramente que no descansarán hasta que las autoridades velen por sus derechos y hagan que estos se cumplan.
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