Tres poblados del cantón Las Naves, en Bolívar, encienden las alertas por lo que pueda pasar con sus ríos ante la inminencia del proyecto ‘Curipamba El Domo’. Además, el Ministerio del Ambiente analiza la reversión de una concesión para su sistema de agua. 

La tercera mina de extracción industrial más grande de Ecuador se construirá en el cantón Las Naves, un pequeño municipio ubicado en Bolívar, a pocos kilómetros de la frontera con Los Ríos. ‘Curipamba El Domo’ es el nombre que lleva el proyecto que comprende esta infraestructura. Pero su construcción, como en otros casos que rondan a las industrias extractivas, ya ha levantado varias denuncias. 

En el cantón se encuentran tres comunidades que serían afectadas por el proyecto minero, según sus denuncias: Bellavista, Buenos Aires y Jerusalén. Allí viven más de 2.000 personas, quienes se dedican principalmente a labores de campo, como la agricultura y la venta de productos. Las tres se oponen tajantemente a la construcción de la mina, aunque su decisión les ha implicado nuevos conflictos.

Hoy, las tres comunidades enfrentan una nueva lucha que, según denuncian, deriva de los intereses extractivos en sus territorios. La solicitud de reversión de un permiso de uso de agua para consumo humano, emitida por el Ministerio del Ambiente, los ha hecho denunciar una vez más las consecuencias del proyecto minero en su hogar. En esta ocasión, afectando directamente su posible acceso a agua potable. 

Contexto del proyecto

El proyecto minero ‘Curipamba El Domo’ no es una novedad para el país. Este se encuentra en papeles desde 2003, cuando el Estado concesionó 1.200 hectáreas del cantón Las Naves a Francisco Soria y Carlos Águila para actividades mineras. En 2006, sin embargo, esta zona pasó a la jurisdicción de la empresa Curimining, de inversión canadiense. 

Desde entonces inició la fase de exploración para el proyecto, la que permitiría detectar la  composición del terreno y corroborar su riqueza en recursos minerales. Esta duró más de una década, entre problemas y paralizaciones. Sin embargo, el trabajo decantó en la solicitud de una licencia ambiental para iniciar con la fase de explotación, que fue presentada el 4 de noviembre de 2021. Esto, acompañado de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental ante el Ministerio del Ambiente.

El avance del proyecto generó varias inconformidades en los habitantes de Las Naves desde el principio. Sobre todo en zonas como Bellavista, Buenos Aires y Jerusalén, comunidades que se levantan cerca del terreno donde se ubica la concesión. Así lo explica Daniel Sisa, comunero de Jerusalén:

“Desde su llegada la empresa ha tenido contacto con la comunidad, intentando convencer a la gente de aceptar que se construya el proyecto. Han llegado a afectar el tejido social en las comunidades, pero nosotros nos hemos parado fuerte porque no queremos que se dé paso a su construcción”, dice. 

Él asegura que la comunidad busca evitar la contaminación y daño ambiental que llega con la explotación minera, para que esta no llegue hasta sus hogares. “Nosotros dependemos de nuestras fuentes de agua y de la tierra, por eso no queremos explotación minera”. 

Sin embargo, su lucha sólo se ha endurecido con el avance de los trámites con relación al proyecto. En julio del 2023, las comunidades registraron enfrentamientos contra la fuerza pública por la implementación de jornadas de protesta contra la extracción minera en este espacio. Estos levantamientos hicieron que se suspendiera el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental desde agosto. 

Pero el trámite volvió a retomarse este año. De hecho, el 22 de enero el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental al proyecto, dando así luz verde a la construcción de la mina. La empresa, en un comunicado, aseguró que el Ministerio realizó la consulta ambiental con las comunidades entre julio y diciembre del 2023, recibiendo un apoyo del “98% que votó a favor de otorgar una licencia ambiental”. Esto, sin embargo, es criticado por dirigentes como Sisa, quien asegura que el proceso no se llevó a cabo de forma participativa, libre e informada. Además, se aclara que la consulta ambiental excluyó a dos de las comunidades afectadas indiscriminadamente. 

La mina de ‘Curipamba El Domo’ plantea una inversión de $292 millones para la explotación del yacimiento de aproximadamente 10 millones de toneladas de minerales aprovechables. Esta se posicionaría como la tercera más grande del país, junto con Mirador y Fruta del Norte. 

En esta lucha, los pobladores no se han dado por vencidos. De la mano de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), las tres comunidades que se verían afectadas por el proyecto presentaron una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente el 9 de julio. Esta busca que se dé de baja el proceso de consulta ambiental realizado por el Ministerio.

En el proceso, luego de haber sido ingresada a trámite, la acción legal tendrá su audiencia mañana, para conocer si el proyecto puede continuar o no. Esta ha sido su última jugada. Mientras tanto, la Cámara de la Minería aseguró que la acción no ha suspendido el proyecto y que este espera iniciar su construcción en el segundo semestre del 2024. 

Pero los problemas de las comunidades no han quedado allí. Hoy, denuncian una supuesta nueva presión emprendida, en esta ocasión, desde el Ministerio del Ambiente y vinculada al agua. 

Nueva batalla

En Las Naves, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 55,8% no tiene acceso a agua potable. Esta ha sido una lucha constante en las comunidades que habitan este cantón, pues son las que principalmente ven privado el acceso a este servicio por falta de inversión pública y por complicaciones ambientales.

En 2006, las tres comunidades fueron partícipes del primer proyecto destinado a llevar agua potable a las casas de los comuneros. Este fue levantado a través de mingas, llegando a abastecer a un total de 33 beneficiarios. Con el tiempo, el proyecto pudo crecer un poco, hasta alcanzar los 50 beneficiarios. Pero el crecimiento de la población y el estilo de vida reveló lo insuficiente de esta infraestructura. 

“Por eso seguimos un proceso para conseguir los fondos, con apoyo del Municipio, para la elaboración de estudios de un proyecto mayor, que nos permita abastecer a gran parte de la población con agua potable”, dice Daniel Sisa. 

Este nuevo proyecto derivó en el otorgamiento de un permiso de aprovechamiento de agua para el consumo humano, por parte del Ministerio del Ambiente, al Municipio de Las Naves, en mayo de 2023. Este abrió la oportunidad a las comunidades para construir un sistema de captación que les permita trasladar el líquido vital a más de 1.600 personas, del total de 2.200 que habitan en Bellavista, Buenos Aires y Jerusalén. “Esto permitirá que tres partes de las comunidades tengan acceso a agua”

El proyecto empezó a construirse el año pasado, gracias al trabajo comunitario, a partir de mingas. Hoy, “ya sólo queda terminar el sistema de captación y poner tuberías para empezar a conectar a las personas”. Pero hoy, su nuevo proyecto está también en riesgo. 

El punto de captación de agua se encuentra dentro de las alrededor de 21 mil hectáreas que comprenden el proyecto Curipamba, razón que también se expuso en la acción de protección para impedir el avance del proyecto. Por esto, para los comuneros y para la Cedhu no es coincidencia que el 16 de julio el Municipio de Las Naves haya sido notificado con un proceso de reversión del permiso de uso de agua para consumo humano por parte del Ministerio, el mismo otorgado en 2023. 

La Cedhu denunció que esta posición del Ministerio de Ambiente es una represalia a la acción de protección presentada en su contra. Y sus sospechas se reafirmaron cuando se difundió que la fecha de audiencia de este proceso administrativo se realizaría el mismo día de la audiencia de la acción de protección: mañana. Sin embargo, un plantón pacífico organizado fuera de las instalaciones del Ministerio de Ambiente y una reunión con las autoridades permitieron diferir la fecha del proceso administrativo; aunque la solicitud para retirar el permiso continúa su curso.

“El objetivo de esta maniobra es evidente. Buscan eliminar la autorización de agua para restar argumentos a la acción de protección y así justificar la exclusión de las comunidades de Buenos Aires y Bellavista de participar en la consulta ambiental”, defiende la organización. 

Además, aclaran que el proceso administrativo no ha contado con la participación de representantes de las comunidades implicadas: 

“El 28 de junio del 2024, la Agencia de Regulación y Control del Agua realizó una inspección de oficio al punto de captación y obras del sistema. Ese mismo día, denunciamos desde las redes sociales de Cedhu que la comunidad no fue invitada a participar de dicha inspección. Pero quien sí participó fue el equipo técnico de Curimining. El 5 de julio de 2024, ARCA notificó al GAD Municipal que, al realizar dicha inspección, encontraron que el Municipio no estaría haciendo uso del caudal autorizado, incluso, advierten a la Junta de Agua Potable del lugar sobre una sanción administrativa por ejecutar obras de construcción del sistema sin autorización. Y sin solicitar documentos aclaratorios, recomienda al Ministerio iniciar el procedimiento de reversión”, se lee en un comunicado. 

Por todo esto, hoy representantes de las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil participaron de un plantón pacífico en los exteriores del Ministerio del Ambiente, en Quito, para reclamar esta decisión de la entidad. Solicitaron reunirse con autoridades del Ministerio de Ambiente, quienes los recibieron en el transcurso del día.

Como producto de esta reunión, se alcanzaron diversos acuerdos. Entre estos, se estableció diferir la audiencia que estaba convocada para mañana. Además, se estableció planificar una nueva visita técnica la próxima semana con la Dirección Zonal 5, la ARCA, el Viceministerio del Agua y la Subsecretaría del Agua Potable, en la cual participarán delegados de la Junta Administradora de Agua potable Jerusalén. Mientras tanto, las luchas de las comunidades continúan.

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