Desde la normalización de los estados de excepción y la figura del conflicto armado interno, hasta la tasa de homicidios, la violencia contra la mujer y la penalización del aborto, forman parte de las preocupaciones del organismo sobre el país. 

POR: Esteban Cárdenas Verdezoto

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la semana pasada un informe en el que pone a Ecuador en la mira. En el documento se señalan todas las observaciones realizadas al país durante un examen periódico, que verifica el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el territorio y por parte del Gobierno. 

Trece puntos destacan en las 16 páginas que tiene el texto. Estos van desde seguridad, temas de género, independencia judicial, entre otros tópicos que se han considerado relevantes para el análisis, uno que busca evaluar la situación de los Derechos Humanos en el país. 

Aquí te contamos qué incluye el informe:

Seguridad

Con respecto a la seguridad en el país, el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU nombra varios puntos relevantes. Uno se enfoca en los estados de excepción que se han decretado desde los diferentes gobiernos que han pisado Carondelet. 

En el documento, la ONU se preocupa expresamente por el abuso de esta figura, lo que ha ocasionado, según el Comité, una vulneración sistemática a varios de los derechos contemplados en el Pacto. 

“El Comité expresa su profunda preocupación por la frecuencia con que el Estado parte ha declarado estados de excepción y suspendido algunos de los derechos consagrados en el Pacto, así como la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local, teniendo en cuenta que las suspensiones sólo deben ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales”, se lee en el texto. 

Pero el tema no queda ahí. El mismo documento alega que también la entidad se ve expresamente preocupada porque desde enero de 2024 se ha usado de manera reiterativa la causal de “conflicto armado interno” para establecer y justificar estos estados de excepción. 

Para el experto en seguridad Gustavo Granja, esta observación de la ONU es el resultado de un sistema en el que se normaliza la excepción. “Con gobiernos para los que se ha hecho cada vez más común decretar esto cuando hay algún problema o conflicto, sin necesidad de que la situación lo amerite”, dice. “Algo que desnaturaliza la figura, misma que deja de ser excepcional y pierde su fuerza y efectividad”. 

Además, “también son motivos de preocupación para el Comité los informes que indican que algunos derechos, como la libertad de circulación, la libertad de asociación y la libertad de reunión, se han visto limitados de forma considerable y desproporcionada, afectando particularmente a indígenas, pobres, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”.

Siguiendo la misma línea, el informe también observa otro punto preocupante para el Comité. Este se enfoca en la lucha contra el terrorismo, misma que, si bien felicita, también, aclara: “Le inquietan las informaciones que indican que, de enero a mayo de 2024, se han efectuado 35.000 detenciones, incluso bajo acusaciones de terrorismo, lo cual podría indicar un uso arbitrario de las medidas antiterroristas como justificación para restringir el ejercicio legítimo de las libertades y los derechos garantizados en el Pacto —incluido el derecho a no ser detenido arbitrariamente— y la falta de suficientes salvaguardias a ese respecto”.

De este modo, la preocupación principal del Comité se centra en un abuso de la figura del terrorismo al momento de generar estrategias de seguridad publica, vulnerando el derecho de las personas y los debidos procesos que se deben cumplir en un estado de derecho. 

Pero el informe también habla de homicidios. Con respecto a esto, el Comité reconoce la reducción en las cifras de homicidios reportados en el país. Sin embargo, aclara que los datos reflejan un cambio insuficiente, puesto que las estadísticas continúan con registros elevados, si se los compara con otros países de la región y el mundo. 

“Al Comité también le preocupa la flexibilización del marco normativo relativo al porte de armas mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo No. 302, así como la disminución de los impuestos para la compra de armas personales. Asimismo, observa con preocupación la aprobación, en referéndum, de la participación de las Fuerzas Armadas en el control complementario del orden interno, por el alto riesgo de violaciones de Derechos Humanos, que supone la militarización de la seguridad pública”, dice el documento. 

Otra de las observaciones que se realiza en el ámbito de la seguridad incluye la falta de datos en torno a la tortura y el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas del orden, un tema que ha salido a relucir aún más en los últimos meses, tras la declaratoria de conflicto armado interno. “Las denuncias revelan el sistemático uso excesivo de la fuerza, el escaso número de sentencias condenatorias dictadas al respecto, así como la falta de avances sustantivos en la investigación y determinación de los responsables”. 

En torno al sistema carcelario, el documento también habla acerca de la vulneración de derechos de presos. Sobre este tema, el Comité manifestó su profunda preocupación por las más de 600 muertes violentas ocurridas durante la reclusión entre 2018 y 2023, como consecuencia de actos de violencia entre reclusos y los frecuentes motines con víctimas mortales. “También le preocupan las informaciones recibidas sobre los asesinatos al personal penitenciario. El Comité toma nota con aprecio sobre el plan de formación de agentes penitenciarios con miras a disminuir la proporción entre reclusos y personal penitenciario, y los esfuerzos realizados por el Estado parte para garantizar una adecuada separación de los reclusos. Sin embargo, el Comité observa con preocupación el carácter militarizado de la gestión penitencia, las informaciones recibidas sobre actos de

corrupción e infiltración del crimen organizado que estarían impidiendo el correcto funcionamiento del sistema penitenciario, así como la información brindada por la

delegación sobre la situación de autogobierno en los establecimientos”. 

Por último, la sección de seguridad también se ve complementada con un llamado a la protección de los defensores de los Derechos Humanos, quienes, según la ONU, presentan un alto riesgo en el país. 

Granja asegura que este breve resumen de lo dicho por el Comité ante la situación de Ecuador refleja lo complejo de la situación que vive el país, no sólo en temas de seguridad, sino también de la capacidad del Estado al momento de enfrentar estas problemáticas. “No existe un respeto irrestricto a los derechos, lo que también da visos de que no tenemos una situación más controlada sino una guerra de fuerzas y desatención”. 

Derechos de mujeres y diversidades sexuales

Si se analiza otra de las secciones que, en desorden, se puede identificar en el documento; podemos encontrar varios puntos en los que el Comité manifiesta su preocupación por la situación de mujeres y niñas en Ecuador, pero también de la población LGBTIQ+.

Uno de estos puntos se enfoca claramente en observaciones como la discriminación de miembros de la comunidad LGBTIQ+ en el día a día. En este tema, el Comité “considera preocupante la estigmatización, las actitudes discriminatorias y la violencia hacia las personas LGBTI en el Estado parte. Al Comité le preocupan también las informaciones según las cuales se seguiría practicando en el Estado parte la denominada terapia de conversión contra las personas LGBTI en centros clandestinos. Así, la ONU denuncia una falta de control a falsos centros de ‘deshomosexualización’, mismos que operan de forma clandestina en el país. 

Asimismo, el Comité observa con preocupación el limitado número de investigaciones y enjuiciamientos de los delitos motivados por la discriminación y por el odio. También le preocupa la falta de una ley que garantice el reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, y lamenta la falta de información proporcionada por el Estado parte al respecto. 

Al hablar de mujeres, el documento abarca varios puntos. Uno de estos se enfoca directamente en las situaciones de violencia de género que se reportan en el país y que se han vuelto cada vez más comunes, frente a una actitud de inacción por parte del Gobierno. 

En su análisis, el Comité detectó una alta incidencia de femicidios y violencia sexual contra las mujeres y niñas. Esto, sobre todo, en relación a la cantidad de condenas que se reportan por estos delitos, algo que podría verse como un esquema de impunidad para quienes cometen estos actos. Además, se habla de un insuficiente mecanismo de protección para este sector de la población ante casos de violencia. 

“El Comité lamenta los informes según los cuales la violencia sexual contra las mujeres y las niñas es un fenómeno frecuente en las escuelas y los hogares, así como la falta de información sobre las medidas implementadas para fomentar las denuncias, en particular de niñas afrodescendientes, indígenas y de las que viven en zonas rurales y remotas. Aunque toma nota con aprecio de la creación del Bono para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Muerte Violenta de su Madre o Progenitora; así como de la explicación brindada por el Estado parte sobre su coexistencia en la normativa vigente con la Ley de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por razones de género; está preocupado por la insuficiencia y falta de cobertura de dicho bono”, dice. 

Siguiendo la misma línea, el informe también habla sobre la situación actual del aborto en el país y manifiesta su preocupación acerca de que este continúe siendo un delito en el país, salvo por casos de violación y otras causales muy específicas como para que el aborto se convierta en un derecho. “Si bien el Comité toma nota de las medidas cautelares adoptadas por la Corte Constitucional del Ecuador que suspenden temporalmente ciertas disposiciones de la Ley Orgánica; le preocupan los informes sobre los obstáculos que estarían enfrentado las mujeres en la práctica para acceder a la interrupción legal del embarazo, incluyendo la invocación de la objeción de conciencia por equipos médicos”. 

Independencia judicial

Sobre este tema, el Comité manifestó su preocupación por las irregularidades en los procesos de selección y destitución de jueces y fiscales en el contexto de las reformas judiciales realizadas a partir del Referendo del 2018. 

Además, esto incluyó los “procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, y altos cargos del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, carecen de la debida transparencia, publicidad y escrutinio público”. 

Asimismo, al Comité “le siguen preocupando los informes de casos de corrupción que afectan al poder judicial; incluyendo investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado en las que se indica que estructuras criminales habrían pagado sobornos a operadores de justicia a cambio de decisiones favorables, modificaciones en composiciones de tribunales, retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares”.

¿Qué viene ahora?

Sobre este apartado, que aparenta extenso pero que en este texto se ha mostrado resumido, Ana Vera, abogada de Surkuna, organización sin fines de lucro feminista, asegura que “la presentación de informes periódicos desde los estados a los Comités de Derechos Humanos es un mecanismo fundamental de monitoreo de cumplimiento de los Estados frente a las convenciones”. 

“Y, por supuesto, es sumamente participativo, porque permite que la sociedad civil presente sus informes y pueda ir a las reuniones para que los comités puedan contrastar la información del Estado. Este recibe informes del Estado y de la sociedad civil y ahí analiza qué se está haciendo para cumplir con sus obligaciones. Entonces este mecanismo permite evaluar al Estado y es fundamental que el Comité le diga al Estado lo que no está haciendo bien”, dice. 

La experta explica que, aunque se llamen recomendaciones, las observaciones emitidas por el Comité son de estricto cumplimiento para los Estados. Esto se reafirma en países como Ecuador, donde la Constitución las reconoce como parte del bloque de Constitucionalidad, por lo que no cumplirlas o demorar su cumplimiento representa una grave vulneración de los Derechos Humanos. 

Así, se puede ver cómo esté documento presenta un informe de estricto cumplimiento para el Gobierno. “El Estado no ha tomado las medidas suficientes en ninguno de estos puntos y con este informe el Estado sabe lo que tiene que hacer para mejorar la situación de Derechos Humanos”. 

“Por ejemplo, en en tema del aborto, el Comité recomienda explícitamente la eliminación del delito de aborto consentido. ¿Qué debe hacer el Estado para cumplir con el Pacto? Eliminar el delito, si no lo hace, está vulnerando los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de proceder en ese sentido”, dice. 

Vera aclara que el Estado debería tomar con seriedad estas observaciones y ejecutar lo que sea necesario para tomar las recomendaciones y aplicarlas. 

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