Por diferentes presiones y para tratar de lograr los votos en el Pleno, se revisa la temporalidad para la práctica de un aborto en casos de violación.

La temporalidad para la interrupción del embarazo en caso de violación sigue siendo el nudo crítico en la construccion del informe para segundo debate del proyecto de ley que normará el acceso a este procedimiento, que fue despenalizado en abril de 2021, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional.

La Comisión de Justicia de la Asamblea, encargada de la elaboración de la normativa, había establecido como plazo máximo los siete meses de gestación para recurrir al aborto por causal de violación en mujeres mayores de 18 años de edad; y sin plazo para menores de 18 años y mujeres con discapacidad.

Sin embargo, nuevamente la decisión quedó en el campo político, porque ese plazo de 28 semanas dividió a las bancadas, que han dejado a sus asambleístas en libertad para votar de acuerdo con sus convicciones personales.

En la propia Comisión, hay criterios opuestos entre los representantes de Pachakutik y de UNES, lo que se puede reproducir en el Pleno y pondría en riesgo la aprobación del proyecto de Ley, que requiere de 70 votos, y fue orden de la Corte Constitucional. 

Por eso, la Comisión decidió revisar los plazos y hoy mantuvo una sesión de trabajo para escuchar criterios científicos y técnicos para tratar de determinar una temporalidad de consenso antes de aprobar el informe para segundo debate.

Aunque se intentó que el debate fuera especializado y enfocado en la problemática de la temporalidad, no faltaron las subjetividades. La pediatra Syayna Pandzic se mostró contraria a toda posibilidad de aborto y dijo que la alternativa es que se dé en adopción a ese hijo producto de una violación.

Criterio que resulta irrelevante porque la sentencia de la Corte es clara y la despenalización es un hecho jurídico que no está en discusión.

Pero la doctora fue más allá y aseguró que lo que se debe hacer es enseñar a las niñas “a no entregar el cuerpo a cualquiera”, y que una joven debe evitar el alcohol porque su “cabecita” no reacciona bien y termina por tener relaciones sexuales y quedar embarazada. 

La asambleísta Johanna Moreira (ID) le recordó que están hablando de niñas y adolescentes  que han sido violadas. “Sucede a veces porque van a la fiestas (…) tomaron algo y han aparecido en la clínica”, respondió la pediatra, quien reconoció que jamás en su carrera profesional ha atendido el caso de una niña o adolecente víctima de violación.

Los criterios técnicos 

Pero el resto de médicos y especialistas coincidieron en dos aspectos: que no debería haber temporalidad y que la temporalidad significa una barrera para los sectores pobres y vulnerables.

Karina Marín, de la Red de Mujeres con Discapacidad, aseguró que no deberían existir plazos para el aborto en casos de violación y que, si de todas formas se hace constar un tiempo debe ser lo más amplio posible para legislar de acuerdo con la realidad del país. Agregó que hay sectores que hoy quieren poner plazos, pero jamás reclamaron esa posibilidad cuando en el Código Penal el aborto no era punible si el embarazo era consecuencia de violación en una mujer que padezca discapacidad mental.    

Octavio Miranda, ginecólogo, agregó que hay que pensar en la infraestructura de salud que tiene el país para atender abortos. Si el embarazo es menor de 12 semanas se puede tratar en un centro primario de salud; entre las 12 y 20 semanas tiene que practicarse en una centro de salud de segundo nivel; y si es mayor a las 20 semanas, ya es necesario que sea un hospital de tercer nivel.

Considera que no se deben poner plazos en niñas adolescentes, y mujeres con discapacidad, pero que, si por cuestiones políticas se debe incluir, el límite debería ser las 24 semanas de embarazo.    

Desde la experiencia de Argentina, país donde el aborto es de acceso libre, dio su aporte la médica Mariana Romero. Dijo que el aborto libre es permitido hasta las 14 semanas, pero que no  hay plazo si el embarazo es producto de una violación.

Aseguró que lo ideal es no poner límites, ya que quienes se quedan por fuera de los plazos son los grupos vulnerables, niñas y mujeres de los sectores rurales, no sólo porque los centros de salud les quedan lejos, sino también se les imposibilita la movilización.

La especialista dijo que, de acuerdo con los estudios, si la ley es más permisiva en cuanto a plazos, disminuyen las morbilidades, la mortalidad materna y las mujeres acceden más tempranamente a los servicios.

Expuso que una niña, adolescente o mujer en Buenos Aires no espera que el embarazo avance si desea practicarse el aborto, porque tiene las condiciones a la mano; mientras que una mujer del sector rural, del interior del país, sí tiene que esperar, por las condiciones socio económicas.

Para Esteban Ortiz, especialista en salud pública, se debe pensar en las posibilidades reales que tiene una persona para acceder al aborto. No es lo mismo, repitió, en las grandes ciudades, que en pequeñas localidades.

Puso como ejemplo en cobertura de salud pública la vacunación contra el coronavirus, donde en Quito el 91,55% de la población cuenta con la segunda dosis; mientras que en Tiwintza, cantón de Morona Santiago, apenas se ha completado el esquema el 28,76% de la población.

¿Veto anticipado?

Con todos estos criterios, la Comisión de Justicia espera lograr un texto de consenso interno para que conste en el informe de segundo debate, que sería aprobado hasta el lunes. No se descarta una reunión entre jefes de bancadas para dar viabilidad al proyecto. Sin embargo, los legisladores de esta Comisión se mostraron preocupados por el futuro que podría tener la Ley.

En un avance de una entrevista exclusiva con el presidente, Guillermo Lasso, Ecuavisa mencionó, sin dar mayores detalles, que el primer mandatario anticipó que vetará el proyecto de Ley del aborto por violación.

De hecho su esposa, María de Lourdes Alcivar, ha expresado en sus redes sociales su rechazo a la ley y en una serie de publicaciones la ha calificado como ley abortista que atropella los derechos humanos.   

En tanto, en la Comisión de Justicia también se anticiparon los que se oponen a la Ley. Sofía Espín (UNES) presentará un informe de minoría donde propone que el embarazo se pueda interrumpir hasta las 6 semanas de edad gestacional para mujeres mayores a 18 años y hasta 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad. 

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