La Mesa del ‘Gran Padrino’ usa ese argumento para recomendar un juicio político. Lo señalan por supuesta omisión en delitos de concusión, cohecho y peculado. El proceso aún es largo y debería pasar, en su momento, el filtro de la Corte Constitucional.
Traición a la Patria y comisión —por omisión— de delitos de concusión, cohecho y peculado, son las figuras que señala la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso ‘Gran Padrino’, que es de clara tendencia correísta, para recomendar el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.
Así consta en el informe borrador que la Comisión elaboró y que mañana será debatido y aprobado a nivel de esa mesa.
Los comisionados consideran que se cumplen dos de las tres causales previstas en el artículo 129 de la Constitución para llamar a juicio político a un primer mandatario:
- Por delitos contra la seguridad del Estado.
- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Entre las recomendaciones del informe borrador, la Comisión señala que se debe enjuiciar políticamente a Lasso por delitos contra la seguridad del Estado “pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria”, previsto en el artículo 353 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ese numeral que invoca de manera explícita la Comisión, señala como traición a la patria: “No informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil”.
Mientras que la cita del numeral 2 del artículo 129 de la Constitución considera que a través de actos perpetrados hubo omisión que dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución.
Para los legisladores y asesores que prepararon este documento, el Presidente de la República, después de leer y conocer la corrupción informada por el entonces secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, solicitó que no se presentara el informe a las autoridades pertinentes, “constituyendo esto un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea y también aquella que compete a la Función Judicial”, por lo que hay una responsabilidad política, ya fue advertido de los posibles actos de corrupción y no sólo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea.
¿Por qué traición a la patria?
En el documento la Comisión trata de justificar la acusación de traición a la patria por parte de Lasso. Señala que el concepto de traición en la actualidad aplica a distintos ámbitos, cuando es perpetrado por representantes de elección popular, quienes tienen la obligación constitucional, legal y ética de precautelar los intereses del pueblo que los eligió en las urnas. Asegura que el interés general, por tanto, ya no se encuentra exclusivamente en riesgo frente a posibles invasiones extranjeras o guerras por el control territorial, sino también por la violencia y anarquía que las estructuras del crimen transnacional pretenden imponer para expandir sus procesos de acumulación ilícita.
En este sentido, se asegura que el primer mandatario “tuvo conocimiento de actos delictivos, pero no denunció ni informó de circunstancias que repercutían directamente en contra de la población civil, como resultado de la corrupción y, lo más grave, del narcotráfico”. Agrega el informe que hubo un bloqueo institucional propiciado por la Policía al evitar o prohibir la comparecencia de varios oficiales y agentes policiales que participaron en la investigación de la presunta red de narcotráfico que involucraría a Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso, y a su amigo, Rubén Cherres. “Los efectos del sigilo de la información habrían facilitado las actividades de la estructura criminal conocida como ‘mafia albanesa’, con el objetivo de que esta tuviera libertad de movimiento y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en nuestro país, bajo la anuencia de ciertos altos funcionarios públicos y la cooptación de empresas públicas y ministerios estratégicos”, señala el informe.
Un informe polémico
Para el asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) el informe es político, sin fundamento jurídico o constitucional. “No se puede hablar de traición a la patria en delitos de seguridad interna del Estado”, manifestó. Agregó que en ninguno de los delitos que constan en contra de la seguridad del Estado se habla del tráfico de drogas. Mientras que para hablar de omisión, para que se conjuguen delitos a la administración pública, el Presidente debía haber tenido conocimiento del accionar de la mafia albanesa, pero ese informe fue archivado, ya que no había causales para hablar de delitos, dijo Vanegas.
Para Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), integrante de la Comisión ocasional, la recomendación del juicio político se justifica, ya que el Presidente dio “todo el poder” para que Hernán Luque, quien fue presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), dirigiera varias empresas, por lo que concentró el poder en una sola persona y perpetró actos de corrupción que, dijo Fajardo, eran de conocimiento de Lasso. Mientras que la traición a la patria se configura, añadió, ya que tuvo conocimiento de un informe reservado de la Policía Antinarcóticos, que involucraba a su cuñado Danilo Carrera y a Rubén Cherres, pero no hizo nada para denunciarlo.
El jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, señaló que en las 221 páginas del informe sobre el caso ‘Gran Padrino’ no se menciona a militantes del correísmo, como Andrés Arauz, Carlos Rabascal, Patricia Núñez y Ronny Alegaga, cuyas campañas habrían sido financiadas, presuntamente, por dinero ilícito. “Lo que se pretende hacer es establecer una retórica para justificar un juicio político que no contiene ninguna causal que establece la Constitución”, dijo Flores. Agregó que el objetivo final del correísmo es tratar de tomarse el poder por la fuerza y derrocar un estado democrático y desestabilizar la democracia.
Los pasos a seguir
El informe borrador será conocido mañana por la Comisión del Gran Padrino, en sesión convocada para las 08:00. Para aprobar el informe en esta instancia necesitan de cuatro votos, de los siete asambleístas que la integran. Aprobado el informe pasará a tratamiento del Pleno de la Asamblea, donde se requiere la mayoría simple (mitad más uno de los presentes en la sesión) para la aprobación. Cumplida esta sesión y bajo esa recomendación, cualquier asambleísta podrá recién presentar la solicitud formal de juicio político al Primer Mandatario, con el respaldo de 46 firmas, solicitud que deberá ir a conocimiento de la Corte Constitucional, para su dictamen de admisibilidad. Si el dictamen es favorable, la solicitud regresará a la Asamblea, para que sea tratada por la Comisión de Fiscalización, para que elabore el informe sobre el juicio político. Este informe iría al Pleno, donde se necesitarían 92 votos para la censura y destitución de un primer mandatario.
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