El objetivo es que esté aprobada por el Pleno de la Asamblea antes del 14 de mayo, fecha en que se reestructuran las comisiones legislativas. Los múltiples hechos de violencia registrados en el país obligaron a pisar el acelerador. 

La última masacre por parte de bandas delincuenciales en el puerto artesanal de Esmeraldas, que dejó al menos nueve pescadores asesinados, generó la inmediata reacción de la Policía, que redobló sus operativos en coordinación con los militares, que salieron a las calles para apoyar en la búsqueda de los responsables. 

Según el Ministerio de Defensa, como parte de la implementación de estrategias para neutralizar las amenazas de bandas narcodelictivas y narcocrimen organizado, se destinaron a Esmeraldas efectivos de Fuerzas Especiales, para reforzar las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Estas unidades tienen la misión de buscar blancos de alto valor, en los sectores más conflictivos que ya han sido determinados por Inteligencia Militar. En total suman 2.000 militares destinados a la zona y lo hacen amparados en la declaratoria de Estado de Excepción, por grave conmoción interna, que rige en esa provincia desde el 3 de marzo de este año por 60 días.

El Estado de Excepción en esa zona permite que la Policía y las Fuerzas Armadas coordinen esfuerzos, en el marco de sus competencias, para ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden público y precautelar la seguridad interna.

“La movilización de las Fuerzas Armadas y su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado, conforme los protocolos aplicables a las Fuerzas Armadas”, consta en el Decreto 681. 

La necesidad de una reforma

Estos antecedentes de violencia, que no son hechos recientes ni aislados, sino que llevan varios meses por parte de la delincuencia organizada, llevaron al Ejecutivo a proponer una reforma al artículo 158 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar las labores de la Policía en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de recurrir al Estado de Excepción, sólo con la emisión de un decreto ejecutivo.

El tratamiento de la reforma está a cargo de la Comisión de enmiendas de la Asamblea y ya pasó el primer debate. La asambleísta Isabel Erríquez (Pachakutik), presidenta de la Comisión, asegura que el informe para segundo y definitivo debate en el Pleno estará listo el 28 de abril. “Esta  reforma es una herramienta para ayudar a la Policía para combatir la delincuencia organizada, pero no es la solución”, dijo la legisladora. Reconoce que el propósito es tener la reforma aprobada antes del 14 de mayo, fecha en que, por normativa, la Asamblea elegirá a sus nuevas autoridades, que incluye la reorganización de las comisiones. “La idea es esa, poder terminar este periodo de dos años cumpliendo y dando resultados en un tema tan importante como es la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución”, añadió. 

Por su parte, Ricardo Vanegas (Pachakutik), que a nivel de Comisión votó en contra del informe para primer debate, dijo que lo hizo porque el proyecto de reforma está mal redactado, no porque esté en contra de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a colaborar con la Policía. 

El informe 

En el informe que pasó el primer debate la Comisión puso cuatro condiciones para que se pueda emitir el Decreto que autorice el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía:

• Que sea extraordinaria, es decir excepcional con un tiempo máximo de 60 días y restringida a casos específicos. 
• Subordinada o complementaria, que el Presidente de la República deje expuestas las razones motivadas para la intervención de las Fuerzas Armadas y no exceda las funciones de la Policía.  
• Que sea regulada respetando el orden jurídico y respetando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad.
• Y que sea fiscalizada, es decir, que el Presidente de la República notifique a la Asamblea y a la Corte Constitucional para el control político y constitucional, respectivamente.

Además, consta que los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido durante esta colaboración interinstitucional. 

Las observaciones 

Juan Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República; y Juan Pablo Albán, especialista en Derechos Humanos, coincidieron en pedir a la Comisión que se retire del texto la palabra “subordinada”. 

Ortiz manifestó que la Policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones completamente distintas, independientes cada una de ellas, que tienen que intervenir de manera coordinada. Para el funcionario, mantener el carácter “subordinado” podría generar roces entre ellos, al determinar quién está por encima de quién. “Eso no le conviene al Estado”, dijo. 

Mientras que Albán argumentó que puede darse un celo institucional que lleve a diferencias de opinión que deriven en la frustración del operativo conjunto entre militares y policías, por lo que debería pensar en una coordinación de esfuerzos y no de subordinación. “El hecho de colocar a una fuerza de seguridad bajo las órdenes de la otra, cuando ya existe una tensión natural entre ellas, más bien lo que podría provocar es la ineficacia de la medida de intervención”, manifestó Albán. 

También coinciden en observar el tema de la fiscalización. Aseguraron que sólo se debería notificar a la Corte Constitucional, ya que más que un control político debe cumplirse un control constitucional, para verificar si esa intervención conjunta respetó el derecho de las personas.  

Por su parte, Pablo Araujo, de la Defensoría del Pueblo, dijo que hay que tener en cuenta en qué momento se recurre al apoyo de las Fuerzas Armadas, para que no haya vulneración a la sociedad civil. Añadió que la preocupación es que se requiera el apoyo de militares contra manifestaciones públicas y vulnerar el derecho a la protesta y a la resistencia que tienen los ciudadanos, lo que ya ha ocurrido anteriormente aseguró.

Señala también que la responsabilidad de los abusos que se hubieran cometido, no sólo debe recaer en los funcionarios que ejecutan la orden, sino en quienes dan esa orden, incluso a nivel político. 

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