La tensión entre Ecuador y Colombia vuelve a escalar tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de subir al 100% los aranceles a importaciones colombianas y la respuesta del gobierno de Gustavo Petro de reciprocar la medida. Expertos advierten impactos económicos y riesgos para la Comunidad Andina.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, publicó esta tarde un comunicado con elanuncio de que el Gobierno colombiano “aumentaría” el arancel a importaciones desde Ecuador del 30 % al 100 %. El documento señala que la propuesta “se llevará de inmediato” al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior para iniciar el proceso de modificación del Decreto 170.
Se trata de la respuesta del gobierno de Gustavo Petro al anuncio del presidente Noboa de que a partir del uno de mayo duplicará del 50% al 100% la denominada tasa de seguridad por una supuesta falta de esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera.
El anuncio se produce al día siguiente que la relación entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, alcanzó ayer su punto más crítico en meses luego de que el primero anunciara que duplicará, del 50% al 100%, la llamada “tasa de seguridad”, es decir, aranceles sobre las importaciones colombianas a partir del uno de mayo. En respuesta, el segundo ordenó a su embajadora en Quito regresar “de inmediato” a Bogotá.
Aunque la situación configura, en la práctica, un quiebre en el diálogo sobre el tema entre ambos mandatarios, no existe una ruptura formal de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.
Este nuevo episodio de la crisis diplomática se produce luego de que esta misma semana, Noboa llamara a consultas al embajador en Bogotá tras los pronunciamientos de Petro sobre Jorge Glas, a quien el mandatario colombiano calificó como “preso político”. Después, Noboa endureció su discurso y sostuvo que en el futuro se podrá hablar “con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, en referencia a las próximas elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente de Colombia para el período 2026-20230.
Como en la primera ocasión previo a la imposición de un arancel del 30% desde febrero anterior, Noboa justificó que su decisión responde a una supuesta falta de “medidas concretas y efectivas” de Colombia en seguridad en la frontera y combate al narcotráfico.
Frente a esto, el Comité Empresarial Ecuatoriano, CEE, emitió un pronunciamiento de “gran preocupación” por el anuncio y advirtió sobre los efectos que la medida tendría en un comercio bilateral ya debilitado y en la sostenibilidad de la Comunidad Andina.
A esa alarma se sumó la Cámara de Comercio de Quito, CCQ, que pidió a ambos gobiernos retomar el diálogo y las mesas técnicas en seguridad, comercio y energía. La Cámara sostuvo que, aunque comparte la preocupación por reforzar la seguridad fronteriza y combatir el narcotráfico, el incremento al 100% afectará a sectores productivos, consumidores y cadenas de valor atadas históricamente al comercio binacional. También subrayó que Ecuador y Colombia son “pueblos hermanos” y que los desafíos de seguridad exigen cooperación binacional antes que medidas que erosionen la confianza.
El analista económico Alberto Acosta Burneo cuestionó la lógica de la medida y la describió como un shock que no castiga a los presidentes sino a los ciudadanos, vía productos más caros, menor comercio y menos empleo.
Así, consideró que más allá del arancel mismo, el conflicto envía una señal de inestabilidad regulatoria que puede golpear la inversión futura. También advirtió que una eventual salida de Colombia de la CAN supondría perder un mercado cercano, relevante para la manufactura ecuatoriana y difícil de reemplazar.
La analista internacional y docente de derecho internacional colombo-ecuatoriana, Ivonne Téllez, pidió distinguir entre una ruptura política severa y una ruptura diplomática formal. Así, consideró que el llamado de Petro a su embajadora para una revisión inmediata de la situación debe leerse como un paso de máxima tensión y no, por sí solo, como una ruptura ya consumada.
Téllez sostuvo que el deterioro ya tiene efectos concretos aunque no se formalice una ruptura: presión sobre la población binacional, debilitamiento de la cooperación de frontera, afectación a los acuerdos bilaterales y mayor incertidumbre sobre la vigencia práctica de los compromisos al interior de la Comunidad Andina de Naciones.
El internacionalista Esteban Santos coincidió en que el mayor daño no lo sufrirán los gobiernos, sino las personas y empresas que dependen del intercambio binacional. Consideró que esta crisis diplomática pone “al borde del precipicio” el proceso de integración andina más importante de la región y destruye previsibilidad jurídica en nombre de una disputa personal y política entre mandatarios.
De acuerdo con el informe anual más reciente de la Secretaría General de la CAN, en 2024 Ecuador exportó a Colombia alrededor de USD 897,3 millones e importó desde Colombia unos USD 2.162 millones, lo que confirma la magnitud de la exposición bilateral dentro del comercio andino. El mismo organismo reportó que las exportaciones intracomunitarias totales de la CAN llegaron a USD 9.152 millones en 2024 y que el 82,9% de ese comercio entre socios andinos correspondió a manufacturas, un dato clave porque muestra que el golpe no recae solo sobre bienes finales, sino sobre cadenas de valor regionales.
