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Colectivos y grupos indígenas reclaman acciones tras la cumbre climática
diciembre 1, 2022

Las organizaciones civiles esperan que los acuerdos alcanzados se materialicen, pues hay precedentes negativos que han dejado un pobre avance en la lucha contra el cambio climático. 

Después de semanas de negociaciones, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en la ciudad de Sharm el Sheij, en Egipto, culminó la semana anterior. Su principal acuerdo, la creación de un fondo para el financiamiento por pérdidas y daños destinado a los países más vulnerables ante el cambio climático, contrasta con la falta de unanimidad en reducir el uso de combustibles fósiles. ¿Qué retos le esperan a Ecuador tras este acuerdo?

El acuerdo que dejó la última COP no convence a los defensores de la naturaleza, sobre todo, porque la creación de fondos no ha funcionado con eficiencia en otras ocasiones. 

Hoy, en rueda de prensa, algunos colectivos sociales presentaron en Quito su análisis y plantearon una hoja de ruta que debería seguir el país para enfrentar el cambio climático, con especial énfasis en la protección de la selva amazónica, las fuentes hídricas y los bosques. 

La COP27 deja más dudas que aciertos

Pese a la resistencia de algunos países, en la COP27 se logró un acuerdo casi unánime para la creación de un fondo de asistencia para los países más vulnerables al calentamiento global —que irónicamente son los menos responsables— y para los países en vías de desarrollo, según reportó National Geographic.

Este acuerdo fue celebrado, pero también criticado, pues ya han existido experiencias previas con la creación de fondos climáticos que no han dejado resultados suficientes. 

Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, destaca los acuerdos alcanzados en los temas de financiamiento. Pero, también recuerda que, por ejemplo, estos fondos que buscan, por ejemplo, mitigar las pérdidas de bosques, no han sido ejecutados en su totalidad en otras ocasiones.  

Sin importar si se trata de financiamiento climático que llega a través de agencias de cooperación internacional o de proyectos o planes del Ministerio del Ambiente, apenas se destina o ejecuta el 1% de los fondos que necesitan las comunidades más afectadas, en torno a detener la deforestación de los bosques.

Sin embargo, este no es un problema local. Según reportó Mongabay Latam, en la COP15 realizada en el 2009, en Copenhague, se acordó que los países desarrollados destinen 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020, pero esa meta, a día de hoy, está muy lejos de cumplirse. 

Páez explica que el Estado ecuatoriano tiene el compromiso de hacer una convocatoria a todas las poblaciones que tienen territorios en las zonas con bosques para co-diseñar una política pública para saber cómo llegaron los mecanismos de financiamiento a estas comunidades. 

Pero, la falta de un mecanismo para destinar los fondos climáticos eficientemente está lejos del principal pendiente de esta COP: los compromisos por disminuir la temperatura del planeta, para lo cual era necesario discutir la reducción en el uso de los combustibles fósiles, con especial énfasis en el carbón, gas y petróleo, quedaron relegados en las discusiones y, sobre todo, en los acuerdos. 

Los retos que le corresponden a Ecuador 

El consorcio de organizaciones de Ecuador Acciones por la Amazonía, integrada por la Fundación Ecociencia, Fundación Pachamama, Confeniae, Naturaleza y Cultura Internacional, Nawe, Amwae y NAE, hicieron un llamado a la sociedad civil para vigilar el financiamiento climático y participar de la implementación de medidas para combatir el cambio climático. 

Por su parte, Lola Piyahuaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), manifestó que la participación de las nacionalidades indígenas es muy importante en estos espacios y destacó que la COP27 fue la de mayor participación de población indígena de la historia. 

Asimismo, Piyahuaje enfatizó en la importancia del derecho que tienen los pueblos y nacionalidades de exigir y participar en los procesos de financiamiento climático y acciones concretas para mitigar los daños que han sufrido. “Nosotros somos cuidadores del bosque y, a pesar de eso, hemos sido vulnerados”, indicó. 

Por otro lado, Rosana Manosalvas, representante de la Fundación EcoCiencia, destacó la riqueza hídrica que tiene Ecuador, pero recordó que se están contaminando, por lo que hizo un llamado de atención al Gobierno para proteger los corredores biológicos.

Jaime Toro, representante de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, también recalcó los esfuerzos que se han hecho a nivel de gobierno central y local para proteger las fuentes de agua y los ecosistemas asociados, pero reconoció que hay mucho por hacer. 

“Nuestra organización y otros aliados, hemos podido apoyar la creación de cerca de 61.000 hectáreas a través de 8 áreas de protección hídrica y están en proceso de creación otras 75.000 hectáreas con dos áreas de protección hídrica adicionales”, explica Toro. “Eso cubre el 60% de las áreas de protección hídrica que han sido priorizadas hasta el 2025”, añade.

Finalmente, Piyahuaje dice que, luego de que concluyera la COP27, es importante tener una planificación entre el Estado y pueblos y nacionalidades para tener un solo enfoque ante la amenaza del cambio climático y la pérdida de los bosques.

Los pendientes de la lucha contra el cambio climático 

La humanidad se ha propuesto no aumentar la temperatura mundial en 1,5 grados centígrados para finales de siglo, pero, según un estudio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, citado por Mongabay Latam, señala que para lograr ese objetivo se tendrían que reducir en 45% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030. 

Sin embargo, señala el mismo estudio, con los compromisos actuales de los gobiernos, el planeta podría alcanzar los 2,5 grados centígrados de aumento de temperatura para el fin del siglo.

Manosalvas explica que no es posible hablar de medidas para enfrentar el cambio climático, si se continúa con la explotación de combustibles fósiles y si se abren nuevos frentes mineros y de extracción. 

Nos comunicamos con el Ministerio del Ambiente para conocer la postura del Gobierno frente a estas exigencias, pero, y pese a que sí recibimos una respuesta, hasta el cierre de este reportaje, no nos fue entregada esa y otra información. 

Asimismo, Manosalvas explica que, aparte de la explotación petrolera y minera, la ganadería y agricultura también afectan a la conservación de los bosques, pues son los responsables de la deforestación de miles de hectáreas. Declaró que es necesario diseñar estrategias para combatir estas industrias, sin afectar a los productores.

Piyahuaje suma una causa más: la tala legal e ilegal de árboles. Y —según explica la dirigente— muchas veces esta actividad se da por parte de pobladores de las comunidades, por una necesidad económica. 

Por ello, manifiesta que también se le debe dar especial atención a las poblaciones afectadas. “No solamente son los bosques, sino también somos las personas que vivimos en los bosques, por eso exigimos la mayor atención y también la compensación directa hacia los pueblos y nacionalidades”, concluye.

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