A través de una carta que entregaron a los legisladores, ciudadanos exponen las presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo por parte del presidente de la Judicatura.
Alrededor de 60 ciudadanos de diferentes sectores, entre abogados, articulistas, académicos, activistas sociales y políticos, entre otros, entregaron a la Asamblea una carta en la que solicitan a los 151 legisladores que apoyen el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
La sustanciación de este proceso se cumple en la Comisión de Fiscalización por incumplimiento de funciones puesto que la bancada de la Revolución Ciudadana, proponente de la interpelación, considera que Godoy tiene conflicto de intereses al frente del organismo ya que antes, en el libre ejercicio profesional, representó legalmente a varios narcotraficantes.
Los ciudadanos que suscriben la carta expresan su profundo malestar e indignación por los acontecimientos recientes que demuestran, en general, aseguran, la injerencia del narcotráfico y del crimen organizado en la Función Judicial.
«En particular, la conducta reprochable y aquiescente del señor Mario Fabricio Godoy Naranjo con tal intromisión, lo que demuestra una falta irremisible a su obligación como Presidente del Consejo de la Judicatura de garantizar la honradez y rectitud en la administración de justicia», consta en la misiva.
En el mismo sentido consideran que Godoy llegó a la Judicatura a través de un proceso irregular por el Consejo de Participación Ciudadana, al no considerar las impugnaciones ciudadanas, muchas de las cuales ponían en alerta los cuestionamientos a Godoy por sus antecedentes profesionales.
Para este colectivo ciudadano, hay las causales suficientes para que Godoy sea censurado y destituido del cargo. Entre estas causales mencionan:
- Intromisión de otras funciones del Estado en la Función Judicial.
- Acciones directas o indirectas de intromisión en las actividades jurisdiccionales de los jueces que vulneran el principio de independencia judicial, como se constata con los casos de los abogados Juan Carlos Serrano, Christian Fierro, Gabriela Lara y de la Directora de Orellana, Samantha Lozada.
Inoperancia al frente de la Judicatura para la realización de concursos de selección de jueces de todo nivel; falta de evaluación de los jueces; falta de modernización que incide en la lentitud de los procesos y obtención de los fallos, entre otros aspectos administrativos.
Álex Toapanta, asambleísta de Pachakutik, aseguró que analizarán la carta y destacó que nunca estarán a favor de la corrupción en ningún ámbito. Toapanta agregó que sus votos no están comprometidos con ninguna organización política por lo que actuarán en concordancia con las pruebas de cargo y de descargo que presenten.
Virginia Andrade, representantes de la colectivos, dijo que los legisladores son la voz de la ciudadanía y que tienen en deber de fiscalizar y actuar en concordancia con las necesidades del país.
