De los 68 aspirantes de esta provincia hay tres que buscan reelegirse en la Asamblea, seis han tenido deudas con el SRI y la mitad ha ocupado cargos públicos.
Tráfico de influencias, estafa y hasta robo de hidrocarburos son algunos de los delitos por los que han sido señalados varios candidatos a asambleístas de Chimborazo. Diez de los 68 candidatos se han enfrentado a la justicia penal, desde el 2014, aunque ninguno ha sido encontrado culpable, pues la mayoría de las causas ha sido archivada y una continúa en investigación.
Solo el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), CREO (lista 21) y la alianza Pachakutik y Unidos Somos Más (lista 18-69), tienen dos candidatos relacionados con procesos penales, es decir seis.
Una candidata ha logrado detener su proceso gracias a su postulación. Se trata de Laura Guato Yupanqui (Partido Social Cristiano, PSC) cuyo caso está en indagación previa pese a que, según los registros judiciales, fue detenida en flagrancia el 18 de diciembre de 2024. En medio de un patrullaje, a las dos de la madrugada, la Policía descubrió a siete personas, entre ellas Guato, realizando una supuesta perforación en el poliducto de Petroecuador en el sector de Las Lajas, cantón Mocha, provincia de Tungurahua.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la defensa de Guato presentó un certificado que la acredita como candidata a asambleísta y por ello fue liberada.
En su caso el proceso se mantiene en investigación previa, pues el Código de la Democracia establece una suerte de inmunidad para los candidatos, quienes no pueden ser privados de su libertad ni procesados penalmente desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral califica su candidatura hasta que sean proclamados los resultados de las elecciones.
“En base al principio de buena fe y lealtad procesal, al certificado de candidatura de la señora Guato Yupanqui Laura Mercedes, como candidata principal tercera por Chimborazo para asambleísta provincial y ante lo manifestado a la norma. Únicamente contra la señora Guato queda en investigación previa”, señala el acta resumen. La candidata no atendió una solicitud de entrevista de Fundamedios.
De su lado, Carmen Tiupul Urquizo (Pachakutik y Unidos Somos Más) fue procesada por el delito de paralización de un servicio público. En los registros, se detalla que ella, como vicepresidenta y coordinadora de la Asamblea Popular de Chimborazo (Comich) movilizó a sus bases hasta Riobamba donde se protagonizaron marchas de protestas y enfrentamientos con la Policía, durante el paro nacional de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno.
“El 8 de octubre del 2019 de manera arbitraria y por la fuerza se tomaron el edificio de la Gobernación de Chimborazo, los agentes de policía que custodiaban fueron agredidos”, señalan los registros judiciales. En marzo de 2022, Tiupul fue una de las 268 personas que recibieron la amnistía por parte de la Asamblea Nacional.
Asimismo, por ataque y resistencia se inició un proceso contra Héctor Álex Cepeda (Pachakutik y Unidos Somos Más), quien junto a otra persona, fue detenido el 23 de mayo de 2018. Sin embargo, la Fiscalía señaló que no se encontraron evidencias de violencia o amenazas del delito investigado.
Tampoco se determinaron las condiciones ni quién dio la orden del procedimiento. Al no contar con elementos para una imputación, el caso se mantuvo en indagación hasta el 30 de mayo de 2018, cuando el fiscal decidió no formular cargos y el juez resolvió el archivo en diciembre del 2020.
A su vez, Evaristo Isaías Torres (CREO) fue denunciado por supuesto tráfico de influencias, en agosto de 2021. Según el denunciante, Torres le habría indicado que tramitaba puestos para la Fiscalía en Quito, por lo que este le solicitó 3.800 dólares. Torres no respondió a un correo de solicitud de entrevista.
Para 2024, la Fiscalía solicitó que se disponga el archivo de la investigación previa al haber excedido los plazos sin obtener elementos suficientes para una formulación de cargos.
En cambio, María Fernanda Araujo (PSC) recibió una querella por calumnia en 2015. En el sitio web de la Función Judicial no se encuentran mayores detalles del proceso, solo que prescribió en 2016, ya que no se había notificado a Araujo por no haber señalado casillero judicial.
María Eugenia Alcóser (Unidad Popular, UP) fue detenida en delito flagrante en julio de 2023, junto con otros implicados, por el presunto delito de estafa, aunque en la audiencia recibió medidas cautelares como la presentación periódica y prohibición de la salida del país.
Después de las investigaciones realizadas, la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo, por lo que al no existir acusación, el juez dictó auto de sobreseimiento para Alcóser y los otros implicados.
*Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. Ecuador Chequea y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Patrimonios e impuestos
La mitad de candidatos en Chimborazo ha pasado por la función pública (34). De estos, 13 fueron parte del Gobierno Central, doce de los gobiernos autónomos descentralizados, Gads, tres asambleístas, un parlamentario andino y cinco trabajaron en el Consejo Nacional Electoral.
Carmen Tiupul, quien va por la reelección como asambleísta, registró un patrimonio de 13.554 dólares y, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), de 2017 a 2023 sus declaraciones de impuestos fueron 0 dólares.
Otra de las candidatas que quiere volver a la Asamblea es María Fernanda Araujo (PSC), quien en 2017 presentó un patrimonio de 99.000 dólares y para 2023 fue de 41.500. De 2017 a 2021 sus declaraciones de impuestos fueron 0 dólares, en 2022 canceló 461 dólares y en 2023 pagó 160 dólares.
Patricia Núñez (Revolución Ciudadana) también quiere reelegirse como legisladora. En 2018 su patrimonio se ubicó en 96.392 dólares y para el 2023 se reportó en pérdida, -12.814 dólares.
Núñez figura segunda entre los aspirantes con mayor pago de impuestos, 28.540 dólares del 2017 al 2023, superada por Sonia Alejandra Arguello Luna (movimiento Centro Democrático), quien canceló 33.692 dólares en el mismo período.
El exparlamentario andino (2017-2021) Héctor Quiroz (RC) reportó un patrimonio de 18.700 dólares y, aunque no presentó su declaración en el 2023, ha pagado del 2017 al 2022 la cantidad de 9.765 dólares.
Uno de los políticos conocidos en la provincia es el exprefecto (2019-2023) y exconcejal (2014-2018) Juan Pablo Cruz Carrillo (movimiento provincial Cambio), quien registra el patrimonio más alto de los 68 candidatos, 522.922 dólares. Ha pagado 17.400 dólares en impuestos desde 2017 a 2023, y en este último año canceló 7.449 dólares en salida de divisas.
Le sigue en patrimonio Nancy Gloria Alvarado Ramos (movimiento Pueblo Igualdad Democracia PID) con 265.090 dólares. Alvarado es docente de la Universidad Estatal de Bolívar desde 2017.
El tercer lugar se ubica Héctor Alex Cepeda Balla con un patrimonio de 220.990 dólares y el último pago de impuesto registrado es de 2023 con 8.959 dólares, y 1.144 por impuesto a la salida de divisas.
En esta provincia también buscan llegar a la Asamblea dos exconcejales de Riobamba. Entre ellos, Jorge Abelardo Morocho, periodo 2019 a 2023, (Democracia Sí). Su patrimonio se ubica en 185.103, sin embargo, en 2023 pagó 0 dólares en impuestos. Del 2017 a 2022 canceló 3.940 dólares.
Evaristo Isaías Torres (CREO) también fue concejal de Riobamba, de 2015 a 2019, y tiene un patrimonio de 31.579 dólares. Desde 2017 al 2023 ha pagado 478 dólares de impuestos, en ese lapso hay dos años en que no presentó su declaración y dos años en que pagó 0 dólares.
De acuerdo al SRI, 32 de los 68 candidatos de Chimborazo presentaron sus últimas declaraciones en cero dólares, mientras que 21 no han presentado sus declaraciones en al menos una ocasión, durante el periodo analizado.
Asimismo, 15 candidatos no tienen información registrada en la base de datos del SRI. Además, seis tienen deudas firmes con la autoridad tributaria, pero ninguno supera los 300 dólares.
Revise aquí nuestra NewsApp sobre el análisis que se realizó a los registros públicos de 2.089 candidatos a asambleístas:
