El CNE dispuso de manera oficial que las elecciones en el extranjero -de asambleístas nacionales, del exterior y presidencial- sea presencial. Estas se llevarán a cabo el 15 de octubre. 

Repetir las elecciones en el exterior para elegir asambleístas nacionales y del exterior le costará al país 2’860.761. Ese es el presupuesto aprobado por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la sesión de anoche, en la que además definió que el proceso se cumpla el domingo 15 de octubre junto a la elección presidencial de segunda vuelta y que se desarrolle de manera presencial en las 101 zonas electorales del exterior con todos los ecuatorianos empadronados.

 La medida se tomó tras el fracaso que significó la aplicación del voto telemático, ya que según los reportes sufrió un ataque de ciberseguridad que dejó sin votar a más de la mitad de ecuatorianos que se habían inscrito para ejercer su voto en el extranjero. 

La Junta Especial del exterior declaró la nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior de Europa, Asia Oceanía; Latinoamérica, el Caribe, África; y, Canadá y Estados Unidos, pues la votación registrada en relación a los inscritos y a los electores empadronados (409.250) sí incide, dicen, en la asignación de escaños de la nueva Asamblea, lo que fue ratificado por el pleno del organismo electoral.

Las organizaciones se pronuncian

La medida ha sido cuestionada y Sociedad Patriótica puso un recurso subjetivo electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuestionando la anulación de la votación en el exterior. De repetirse la elección Lucio Gutiérrez, líder de este partido, podría perder la última curul nacional que de acuerdo a los resultados preliminares, ya la tenía asegurada. 

Mientras que a nivel penal fue el movimiento Construye el que puso en conocimiento de la Fiscalía una “noticia criminis” para que investigue la decisión de la junta del exterior de anular esas elecciones y de ser necesario convoque a  los miembros del CNE para que expliquen porqué aprobaron la resolución. Los demandantes aseguran que se podría haber cometido el presunto delito de usurpación de funciones. 

“Nuestros candidatos ya fueron electos y tienen que respetarse. Agotaremos todas las instancias legales nacionales e internacionales para que se respete no sólo los derechos políticos adquiridos de nuestro movimiento y candidatos; sino también de todos los ecuatorianos que ya expresaron su votación”, dijo Gabriel Bedón, asambleísta electo por Pichincha en representación de Construye. Esta organización que según las primeras proyecciones obtenía tres de las seis curules del exterior, podría quedarse sin asambleísta por esa circunscripción. 

Carla Cruz, quien resultó electa por Latinoamérica antes de que se anularan las elecciones en el exterior, dijo que en su circunscripción hubo “una participación del 100%, en Estados Unidos más del 70%  y en Europa el 31% de participación”, por lo que desconocer esos resultados es atentar contra los derechos de los ecuatorianas en el extranjero. 

Bedón agregó agregó que el CNE deberá responder también ante Contraloría por glosas que se podrían generar al disponer la repetición de la elección con un precio que no está presupuestado en un inicio. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que ese dinero sería para contratar los couriers encargados del traslado de los paquetes electorales al exterior, para el pago de los miembros de las juntas receptoras del voto, y más personal que sea necesario para llevar este proceso.  

En el CNE 

Las críticas a lo interno del organismo electoral provienen de la consejera de minoría Elena Nájera. La anulación se dio amparados en el numeral 3 del artículo 143 del Código de la Democracia que establece esa posibilidad si se comprueba la suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o escrutinio. Nájera asegura que eso nunca sucedió. Atamaint en cambio manifestó que “sería” por la alteración de las actas de escrutinio. Las autoridades no tienen certezas de qué mismo ocurrió y el porqué. Aún están a la espera de informes técnicos que les aclare el panorama. A 11 días de las elecciones tampoco hay responsables sancionados, sólo promesas de que se investigue todo y se establezcan acciones administrativas y judiciales de ser necesario.   

“Es indispensable iniciar las acciones legales y administrativas pertinentes con el objetivo de establecer las responsabilidades por acción u omisión”, dijo Enrique Pita, vicepresidente del CNE. “Ya debíamos haber puesto en conocimiento de la Fiscalía. (…) parece que nos estamos demorando. Debió haberse hecho inmediatamente”, agregó el consejero José Cabrera.

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