El Ejecutivo ha envíado esta propuesta de reforma constitucional. Conoce más sobre lo que implica y sobre su efectividad.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Desde el Ejecutivo, en los últimos meses se han emitido varias propuestas hacia el Legislativo, algunas de las cuales se han puesto bajo el ojo público por sus implicaciones. Y en otro capítulo de esta dinámica, el 11 de julio, el presidente, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución que busca habilitar dos medidas excepcionales: la aplicación de castración química para personas con sentencia ejecutoriada por el delito de violación y la cración de un registro confidencial de condenados por delitos sexuales. Esto, abriendo un nuevo debate.
Según el documento oficial emitido por el Ejecutivo, la propuesta se justifica como una respuesta frente a lo que el Gobierno califica como una crisis estructural de seguridad y derechos humanos que ha expuesto, en particular, a niños y adolescentes a múltiples formas de violencia; entre ellas, la sexual.
El texto señala que el Estado ecuatoriano ha fallado. Habla de una “falta de mecanismos preventivos eficaces” y de la “ausencia de herramientas normativas” que impidan la reincidencia. Y lo hace apelando a cifras. Entre agosto de 2014 y mayo de 2024, la Función Judicial registró más de 71.000 procesos por delitos sexuales; el 22% de esos casos involucraron a menores de edad. La Fiscalía, por su parte, señala en sus cifras que 6 de cada 10 víctimas de violación son niños o adolescentes. Y sólo dentro del sistema educativo se han reportado 7.023 casos, según datos recogidos por el propio Ejecutivo.
En esa lógica, el proyecto de reforma sostiene que se necesita algo más que justicia ordinaria. Propone que, mediante una ley, la Asamblea Nacional regule un mecanismo de castración química como medida adicional, no sustitutiva, contra agresores sexuales. También contempla un registro confidencial que impida que sentenciados por delitos sexuales trabajen o participen en espacios que impliquen contacto con menores. El objetivo, afirma el documento, es “prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes”.
Hoy, la propuesta ya está en la Corte Constitucional. De hecho, ya tiene una jueza a cargo: Karla Elizabeth Andrade. Desde este punto, lo que sigue en el tratamiento de la propuesta implicará que el organismo emita un dictamen sobre si la vía de reforma parcial, planteada bajo el artículo 442 de la Constitución, es procedente. Si la Corte la califica como válida, deberá pasar por dos debates en la Asamblea y luego irá a referéndum, lo que pondrá la decisión en las manos de los ecuatorianos.
Sin embargo, hoy la pregunta de fondo va más allá del trámite. Implica la viabilidad de esta decisión y su efectividad real al momento de combatir los delitos sexuales.
Viabilidad de la propuesta
La castración química es un procedimiento médico que consiste en la administración de medicamentos, por lo general inhibidores hormonales, que reducen significativamente la producción de testosterona en el organismo. Su efecto principal es reducir el deseo sexual de quien se somete al procedimiento. A diferencia de la castración quirúrgica, que implica una intervención irreversible, la versión química requiere continuidad y sus efectos desaparecen si se suspende la aplicación.
Con esto en mente, desde el punto de vista legal, la viabilidad de la propuesta enfrenta obstáculos desde su primer paso. La Corte Constitucional no debe sólo evaluar si se trata de una reforma parcial a la Constitución, sino también si respeta los límites establecidos por la propia norma suprema y por los tratados internacionales que el país ha ratificado.
Para Ximena Ron, abogada constitucionalista, este primer filtro dependerá de la lectura que haga la Corte sobre el impacto real de la medida. “Como es un tema de penas, quizá con la reforma parcial esté plenamente justificado, porque no hay un tema de derechos fuertemente involucrados que amerite Asamblea Constituyente”, dice.
La experta opina que la propuesta sí podría tramitarse por esta vía, pero advierte que la decisión final le corresponde al órgano de control constitucional.
Por otro lado, el jurista Mauricio Alarcón, ve a la reforma con otros ojos. “Es prácticamente imposible aprobar una situación de este tipo, considerando incluso que en Ecuador hay un control que realiza la Corte Constitucional, que debe alinearse con la Carta Magna”, dice. Para él, lo planteado por el Ejecutivo tiene un techo legal claro, difícil de superar. Y va más allá, advierte que la medida podría ser más política que jurídica. “Estamos frente a simplemente un intento del Ejecutivo por vender una idea que puede ser muy popular en los ciudadanos, pero institucional y legalmente inviable”.
Una lectura la hace el constitucionalista Álex Valle. Él enmarca a la propuesta dentro del populismo punitivo. «Esta propuesta entra también en lo que se denomina el populismo penal o el derecho penal simbólico”, dice. Desde su visión, el Ejecutivo apela a las emociones de la ciudadanía para ganar respaldo, pero lo hace con medidas que no tienen sustento técnico ni viabilidad a largo plazo.
“No se ha demostrado que la castración química tenga los resultados que se buscan”, agrega, recordando que países como Indonesia, Rusia o Corea del Sur no han logrado reducir significativamente la reincidencia de agresores sexuales pese a haber aplicado este tipo de sanciones.
Además, Valle destaca que esta reforma podría chocar de frente con los estándares internacionales en derechos humanos. “La relatora especial de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana han dicho que la castración química sin consentimiento viola la integridad personal”, dice. Desde esa perspectiva, no solo se trataría de una medida ineficaz, sino también incompatible con el marco legal vigente en Ecuador y en el sistema interamericano.
A esto se suma otro elemento. Según Alarcón, la propuesta podría tener un objetivo aún más estratégico: presionar a la Corte Constitucional desde lo simbólico. “Incluso esto puede ser una forma concreta de poner a prueba la Corte Constitucional e indisponerla de cara a los ciudadanos”, afirma. En otras palabras, si la Corte rechaza la propuesta, el Ejecutivo podría usar esa decisión para proyectar una imagen de distanciamiento entre la justicia constitucional y el clamor popular, una táctica peligrosa en un escenario político cada vez más polarizado.
¿Una solución factible?
La propuesta del Ejecutivo cita ejemplos internacionales como Indonesia, Rusia, Corea del Sur y varios estados de Estados Unidos para justificar la implementación de la castración química. En estos países, la medida se ha dirigido principalmente a delincuentes sexuales reincidentes y se ha presentado como una respuesta para reducir la libido y, con ello, la reincidencia.
Sin embargo, los resultados no son concluyentes. Un estudio citado por el propio Gobierno señala que la castración quirúrgica puede reducir las tasas de reincidencia entre 2% y 5%, pero aclara que la castración química tiene resultados más variables y requiere acompañamiento psicológico y médico continuo para tener algún efecto real. Países como Indonesia, que adoptaron la medida en 2016, no han logrado demostrar mejoras sostenidas en la prevención de delitos sexuales. Tampoco lo han hecho Corea del Sur, Rusia o Moldavia, donde el impacto ha sido limitado y ha generado controversias sobre su compatibilidad con los derechos humanos.
“Lo que pasa con estas medidas es que se venden como soluciones mágicas, pero no abordan el problema de fondo”, dice Gabriela Carvajal, activista feminista. Para ella, la castración química no ataca la raíz del delito sexual. “Esto es populismo penal. Lo que se necesita no es castigo ejemplarizante, sino prevención, educación y cambios estructurales en la justicia, en la cultura y en el trato a las víctimas”.
Además, Carvajal cita que en el país gran parte de los casos de violación no se denuncian por la dinámica que existe dentro de la justicia ecuatoriana, que termina por “beneficiar más al agresor y revictimizar a la víctima”. Ella opina que sí, se debe sancionar severamente a violadores, pero también se debe crear entornos seguros para las mujeres, algo que también incluye a quienes son víctimas de este tipo de delitos.
Ella insiste en que el mayor porcentaje de violaciones en Ecuador ocurre dentro del núcleo familiar o en el entorno cercano de la víctima. “El peligro no está en un extraño en la calle. Está en casa, en la escuela, en el trabajo. Por eso, hay que trabajar en educación sexual, en protocolos de prevención, en formación institucional”, afirma. “Una medida como la castración química puede sonar fuerte, pero es aislada, no resuelve lo esencial”.
La mayoría de expertos consultados concuerdan en que, más allá de la contundencia simbólica de esta propuesta, lo que se necesita es un enfoque sistémico que articule prevención, justicia efectiva, reparación integral para las víctimas y transformación cultural.
Así, las cifras del propio Ejecutivo muestran que, a pesar de que el 97% de los casos de violencia sexual han sido denunciados, la impunidad y la revictimización persisten. De cada 100 casos, apenas una fracción termina en sentencia. Y muchas víctimas abandonan el proceso tras múltiples entrevistas, negligencias institucionales o exposición mediática. “Eso agota. Eso también es violencia”, dice Carvajal.
La situación la resume en una frase: “Si el Estado no es capaz de acompañar a una niña violada en el juicio, ¿de qué sirve prometerle al país que va a castigar con hormonas al violador?”.
La pregunta, entonces, no es si la castración química es viable o si es dura. Es si sirve. Si realmente protege. Si responde al grito de quienes han sido violentadas. O si, por el contrario, solo pone un titular más en la vitrina de la política. Pero, según los expertos, el proceso todavía es largo y son los mismos ecuatorianos los que deben tomar la decisión final.
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