Terminaron los alegatos de cierre en la audiencia de juzgamiento del caso ‘Purga’, que se derivó de ‘Metástasis’. El fallo se podría dar hasta el 4 de marzo, para evitar la caducidad de la prisión preventiva de los procesados. 

POR: Hugo Constante

El caso ‘Purga’ entró en su recta final en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El juicio contra 13 procesados por presunta delincuencia organizada inició el 5 de febrero y hoy concluyeron los alegatos de cierre de las partes procesales, tras lo cual la jueza ponente, Daniella Camacho, suspendió la audiencia para que el Tribunal se retire a deliberar el fallo. 

Se conoció que la sentencia oral debería ser emitida máximo hasta el 4 de marzo ya que, de lo contrario, caducará la prisión preventiva y los procesados saldrían en libertad. Para cumplir los plazos procesales, el Tribunal Penal integrado por Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre realizó la audiencia inclusive los fines de semana; y en varias jornadas esta se extendió hasta la madrugada. 

El cierre de la audiencia 

‘Purga’ se derivó del caso ‘Metástasis’ e investigó el presunto delito de delincuencia organizada, cuya estructura criminal habría estado liderada por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez Johann Marfetán.

En su alegato de cierre el fiscal subrogante, Wilson Toainga, pidió para ellos una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión. Para otros 7 procesados, en calidad de cómplices, solicitó una pena de 9 años y 4 meses de cárcel; 7 años de prisión para Alfonso Alarcón, primo de Muentes, quien habría sido parte de la banda; y prisión de 1 año y 4 meses para otros dos procesados, por su cooperación eficaz. 

Según la Fiscalía, se logró demostrar que los enjuiciados habrían ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de Justicia en Guayas para sus intereses personales. Toainga manifestó que cada integrante de la banda habría tenido el poder para manipular la Justicia en esa jurisdicción para beneficiar patrimonialmente a Muentes o beneficios materiales en el ámbito laboral en el caso de Gallardo. 

En su intervención, Toainga aseguró que los funcionarios del Estado deben entender que los actos de corrupción y la conformación de estructuras destinadas a defender los intereses de pocos, “no sólo afectan la administración de Justicia, sino que destruyen al Estado constitucional y violentan los derechos de todos los ecuatorianos”. Agregó que es necesario alejar los intereses particulares y políticos de las decisiones judiciales y administrativas para consolidar “un poder Judicial sólido, ético, independiente y honesto”. 

Mientras que María José Dalgo, representante de la Procuraduría del Estado, agregó en su alegato de cierre que durante la audiencia se demostró que Muentes, aprovechándose de su poder político como asambleísta, ejerció el mando de la banda y diseñó el mecanismo para obtener el poder en la Corte de Guayas y beneficios judiciales a través de sus operadores. 

La Procuraduría solicitó que se imponga el pago de una reparación integral de 733.205,32 dólares. 

Los alegatos de los procesados

Los alegatos de cierre de los procesados tuvieron como elemento común el señalar que el caso ‘Purga’ es un montaje basado en las “mentiras” de Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Justicia de Guayas, quien habría sido el nexo para operativizar la corrupción. Su testimonio fue clave para llevar adelante esta causa. 

Además, Salazar fue procesada en el caso ‘Metástasis’, donde se acogió al procedimiento abreviado; y luego, como cooperadora eficaz, recibió doble rebaja de pena y fue sentenciada a 15 meses de prisión. Estaría por salir libre a mediados de marzo. 

Es por esto que los abogados de los procesados en el caso ‘Purga’ cuestionan su narrativa y que la Fiscalía haya acogido esos elementos.

“Es un caso montado por Mayra Salazar; la Fiscalía lo sabe y no le importó”, dijo Diego Chimbo, abogado de Muentes. Y lamentó el acuerdo logrado entre la exrelacionadora pública y la Fiscalía. “La mentira se ha premiado con la impunidad”, aseguró. 

Otros abogados se pronunciaron en igual sentido. El abogado de Alarcón dijo incluso que la Fiscalía ha “entronizado” a Salazar; y, dirigiéndose a los jueces, dijo que “ojalá en sus vidas jamás exista una Mayra Salazar de cuyas mentiras tengan que defenderse”. 

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