Un año después de la desaparición y muerte de cuatro niños y adolescentes de Las Malvinas, en Guayaquil, las audiencias y peritajes permiten reconstruir con mayor detalle qué ocurrió aquella noche del 8 de diciembre de 2024 y cómo avanza el caso contra los 17 militares procesados.
La desaparición, tortura y asesinato de Steven Medina, de 11 años; Josué Arroyo, de 14; y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15, abrieron una herida que aún no se ha podido sanar. Los cuatro de Guayaquil –como se los bautizó tras la desaparición– habían jugado fútbol la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando una patrulla con 16 militares los aprehendieron de manera irregular.
Esa noche, los niños no solo no regresaron a su casa sino que fueron víctimas de la brutalidad de quienes ejercen el monopolio de la fuerza. Quienes debían protegerlos, los golpearon, insultaron, humillaron y obligaron a quitarse la ropa. Los dejaron –según las versiones de los procesados– abandonados a más de 40 kilómetros de sus hogares. Solos, indefensos, desnudos.
La noche que lo cambió todo —y el recorrido posterior marcado por la indolencia institucional y un proceso judicial tortuoso para las familias— cumple un año. Doce meses en los que las declaraciones de los militares acogidos a cooperación eficaz han revelado una violencia que ha desgarrado al país, ya golpeado por los índices más altos de criminalidad de su historia. Este año también ha expuesto, con crudeza, a quienes han intentado justificar lo injustificable y el silencio de un gobierno que, en lugar de sancionar con firmeza, ha preferido mirar hacia otro lado.
Ecuador Chequea revisó los 50 cuerpos del caso judicial –unas 5.000 fojas– y siguió las últimas audiencias donde hablaron peritos y los militares procesados. En este reportaje, en un ejercicio de memoria, reconstruimos uno de los casos más impactantes que involucra a agentes estatales desde la desaparición de los hermanos Restrepo.
El inicio: 8 de diciembre de 2024
Entre las 20:20 y las 21:30 horas,Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años) y Nehemías Arboleda (15 años), regresaban de jugar fútbol en la ciudadela Coviem y compraban pan; según se aseguran en las versiones y peritajes expuestos en el caso.
Pero en el camino, algo cambió su rumbo. Los cuatro menores fueron interceptados por dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), compuestas por 16 uniformados, en el sur de Guayaquil, cerca del Mall del Sur. Esto ocurrió exactamente en la Avenida 25 de Julio y Ernesto Albán. Los uniformados, que se movilizaban en dos camionetas, una blanca y otra dorada/crema, recibieron una alerta ciudadana sobre un presunto robo.
Según el relato fiscal, los militares procedieron a realizar disparos al aire y subieron a los jóvenes a los baldes de los vehículos.
Por otro lado, las versiones de los militares, hoy detenidos, aseguran que el hecho se dio mientras la patrulla regresaba de un operativo con la Aduana. Cuentan que mientras transitaban llegaron a un lugar donde un tumulto de personas llamó su atención. Allí, personas anunciaron que habría ocurrido un robo, lo que los llevó a bajar a todos de sus camionetas para aprehender a los supuestos implicados; acto que terminó con la retención de los cuatro menores.
Las versiones iniciales aseguraban que los militares habrían procedido a ayudar a los pequeños, pues la multitud quería lincharlos. Sin embargo, otros testimonios recuperados con los uniformados que han decidido ser cooperadores eficaces con la justicia desmienten esta historia.
Algunos de los militares se justificaron diciendo que los menores aparentaban ser adultos por su contextura y la falta de documentos, otros en la rendición de versiones han decidido callar o, en algunos casos, incluso asegurar que sí sabían que quizá no eran adultos con los que estaban tratando. Pero cualquier suposición en ese momento no impidió que los detuvieran sin seguir el debido proceso.
Con los cuatro menores bajo custodia militar, las patrullas no tomaron la ruta de regreso a la base ni se dirigieron a una unidad judicial, como dictan los protocolos. Los militares cooperadores eficaces narraron cómo tras su detención la patrulla instaló un puesto CAMEX, denominado así el control de armas y explosivos; tiempo en el que los menores permanecían aprehendidos en las camionetas militares.
Según la geolocalización de los dispositivos móviles, expuesta en los informes periciales del caso, los vehículos se alejaron de la ciudad y se movilizaron hacia el cantón Durán, tomando la vía hacia Naranjal. Los testimonios indican que la ruta se realizó bajo las órdenes del Subteniente John Z.
Aproximadamente a las 21:35, ambas camionetas de la FAE fueron captadas cruzando el peaje Durán – Tambo.
Pero el desvío militar no fue lo único que ocurrió esa noche. Durante el traslado, los militares torturaron a Josué Arroyo, Steven Medina, Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda.
La indolencia militar
En un video de cámaras de seguridad en la Avenida 25 de Julio, se constató cuando uno de los uniformados golpeó en el rostro a uno de los chicos. Durante el traslado, otro de los militares también habría golpeado a Ismael Arroyo (15 años) al subirlo y bajarlo bruscamente de la camioneta: «Se le partió la cabeza al chocarse con la trompetilla del fusil», expusieron los testimonios. La herida le causó un trauma a nivel frontal que dejó rastros de sangre en la camioneta. Los peritajes identificaron la sangre en la patrulla.
Los vehículos abandonaron la carretera principal para ingresar a una vía de tercer orden, una guardarraya desolada y sin iluminación en el sector conocido como «Casa de Zinc». Aunque la versión oficial, escrita por los militares, sostuvo que se detuvieron allí por un «árbol caído» que les impedía el paso y que liberaron a los menores sanos y salvos, la reconstrucción de los hechos y otras versiones sugiere una realidad mucho más violenta. Las versiones de la acusación aseguran que ese lugar apartado no fue un obstáculo imprevisto, sino el sitio elegido para detener la marcha. Allí, bajaron a los menores, ya golpeados, según informaron los uniformados, por orden del subteniente a cargo de la patrulla.
Uno de los cooperadores del caso señaló que en ese momento se colocó a los menores entre las dos camionetas y escalaron las agresiones.
Steven Medina (11 años), el de menor estatura, habría recibido entre 20 y 30 correazos de parte de uniformados mientras lo acusaban de ser ladrón. El Subteniente Z. E., señalado como el principal agresor, tomó su arma dotada por el Ejército ecuatoriano y disparó cerca del oído del niño. Un militar que colaboró con la Fiscalía, Nelson S., confirmó haber visto al subteniente disparar una pistola a unos 80 centímetros de distancia cerca de la cabeza de uno de los menores. Además, él mismo declaró que el subteniente habría pisado pies, manos y cabezas de los menores por largos periodos.
Los testimonios revelados durante la audiencia de juicio y en la reconstrucción de los hechos señalaron que un soldado habría obligado a uno de los adolescentes a enfrentarse a golpes, utilizándolo para una sesión de ‘boxeo’, mientras se encontraba en total indefensión frente a sus captores armados.
Según las mismas narraciones, después se habría pedido a los menores que se desnuden por completo, para, según aseguran los militares, liberarlos en esa misma vía y seguir su camino. Cuentan que los vieron regresar a Taura y que lo que pasó después no lo conocen ni es su responsabilidad.
Día 1 de la desaparición: 9 de diciembre de 2024
Lo primero que hicieron los padres fue acudir a la policía y preguntar por sus hijos; pero nadie daba motivos ni paradero de sus pequeños. Ante la inexistencia de información oficial y la negativa de las autoridades policiales de tenerlos bajo su custodia, Luis Eduardo Arroyo Valencia, padre de dos de los menores, acudió a la Fiscalía General del Estado para asentar la denuncia formal.
Este acto procesal, que consta en el Cuerpo 1 del expediente, se convirtió en la piedra angular de la investigación. En su relato oficial, dejó constancia judicial de la comunicación telefónica recibida la noche del 8 de diciembre, estableciendo desde el «minuto cero» la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas en el traslado de las víctimas hacia el sector de Taura. Con esto, la Fiscalía activó los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas a través de la UNASE. El caso fue ingresado como un presunto delito de “secuestro”, por lo recopilado en las llamadas y los primeros indicios del caso.
Simultáneamente, mientras la maquinaria judicial apenas arrancaba, las familias comenzaron a ser blanco de comunicaciones de todo tipo. Según consta en los informes de valoración de entorno social y psicológico (Cuerpos 18 y 23), durante ese día los familiares recibieron mensajes y llamadas de números desconocidos.
En estas comunicaciones, voces anónimas aseguraban que «la mafia se los había llevado» o exigían dinero, intentando desviar la atención hacia un supuesto secuestro extorsivo por delincuencia común. Además, los padres de los menores, tras publicar una alerta, fueron víctimas de extorsión, realizando un depósito de USD 300 a un sujeto que les aseguró tener a sus hijos, a pesar de que la UNASE desaconsejó el pago por no existir prueba de vida. Tras el pago, la persona que contactó a los padres los bloqueó.
Paralelamente, al interior del Grupo de Operaciones Militares (GOMAI) en Durán y la Base de Taura, el 9 de diciembre transcurrió bajo un hermetismo absoluto. Al revisar la documentación operativa adjunta al proceso (Cuerpos 28 y 31), se verifica que durante este día no se elevó ningún parte escrito informando sobre la novedad del día anterior.
Los 16 militares implicados continuaron con sus funciones sin reportar a sus superiores la supuesta «aprehensión y liberación» que luego alegarían. Este silencio administrativo fue clave para la Fiscalía, pues evidencia que la versión del «árbol caído» y la liberación no fue un reporte inmediato (los informes recién aparecerían fechados el 11 de diciembre).
Luego de las investigaciones, la Unidad Nacional de Secuestros observó en el sistema de video-vigilancia que las Fuerzas Armadas habían realizado un operativo y se los llevó arbitrariamente en una camioneta doble cabina mientras los golpeaban.
Los primeros hallazgos: 11 de diciembre, Guayaquil.
La UNASE halló en algún lugar de Taura, dos camisetas, tres zapatos y un bóxer que correspondían a los chicos de Las Malvinas.
El miércoles 11 de diciembre de 2024, tres días después de la desaparición y mientras las familias de Steven, Josué, Ismael y Saúl recorrían las instancias sin respuesta, dentro del cuartel del Grupo de Operaciones Militares (GOMAI) de Durán se puso en marcha el engranaje burocrático.
Hasta ese momento, no existía ningún registro oficial de la operación «Tango Charly». Pero el silencio administrativo se rompió gracias a una orden directa que consta en el Cuerpo 28 del expediente. El Comandante del GOMAI Durán, Coronel Fabián Raúl Lescano Zárate, emitió el Memorando Nro. FA-JKE-2024-0018-MM, dirigido al Suboficial Wilson Cueva Briceño. La disposición fue clara: le ordenaba presentar un informe ampliado acerca de la novedad suscitada el día domingo 08 de diciembre de 2024, dándole un plazo de 24 horas para entregar su versión escrita.
Fue entonces cuando la versión del «árbol caído» pasó de ser un acuerdo verbal (pactado en chats, según se sabría después) a convertirse en un documento oficial del Estado. En respuesta a la orden, ese mismo día se redactaron los oficios que hoy son la prueba del fraude procesal, como consta en el Cuerpo 31.
El Suboficial Cueva y el personal bajo el mando del Subteniente Zabala entregaron sus informes escritos (ejemplo: Oficio Nro. FA-WCB-2024-001-OF). En estos papeles, sellaron su destino jurídico con una narrativa idéntica y coordinada:
- La Causa: Aseguraron por escrito que intervinieron porque «unos individuos se encontraban robando» y la multitud quería lincharlos.
- La Ruta: Admitieron haber ido hasta Taura.
- La Liberación: Dejaron constancia oficial de que ingresaron a una guardarraya y, debido a un «árbol caído» que bloqueaba el paso, decidieron liberar a los menores en ese lugar, alegando que los dejaron ir «sanos y salvos».
Estos informes, redactados con frialdad administrativa, se convertirían tiempo después en la evidencia principal de la Fiscalía para alegar las contradicciones y el dolo de la patrulla.
El 19 de diciembre, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó una acción de Habeas Corpus por desaparición forzada. Al interponerla, las familias obligaban a los jueces a exigir a las Fuerzas Armadas que presentaran a los detenidos o justificaran legalmente su paradero. Fue este movimiento legal el que empezó a ejercer la presión real sobre el Grupo de Operaciones Militares (GOMAI) y la Fiscalía, acelerando las diligencias. Para ese momento, ya era mediático la desaparición de los menores.
Dos días después, el 21 de diciembre, el CDH presentó una petición de acción urgente y de medidas cautelares ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición. Por su parte el “Bloque de Seguridad” del Gobierno dijo en cadena nacional que no hubo participación de Fuerzas Armadas en este hecho y que llamar el caso como “desaparición forzada” es “hacerle juego al crimen organizado”.
La mañana siguiente, el 22 de diciembre, el caso fue trasladado a la Unidad Especial de Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública de la Fiscalía Provincial del Guayas.
En medio de la presión mediática, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista en Radio Democracia, dijo que declararía a los cuatro niños como “héroes nacionales”. Una declaratoria que –al igual que la nota de pesar– nunca llegó. El anuncio de Noboa sucedió el 23 de diciembre, un día antes del fatal hallazgo de los cuerpos.
Los restos calcinados en la víspera de Navidad
Mientras el país se preparaba para la Nochebuena, los padres de los cuatro niños asistían a una audiencia de habeas corpus. En esta la jueza reconoció la desaparición forzada de los cuatro menores de edad. En su sentencia, la magistrada aceptó el recurso y calificó el hecho formalmente como una Desaparición Forzada a manos de agentes estatales, determinando que la privación de libertad fue ilegal y que las Fuerzas Armadas no habían logrado justificar el paradero de los menores.
Pero la víspera de Navidad estaba por cambiar para los familiares de los menores. La Policía hizo un anuncio desgarrador. Esa tarde se habían encontrado varios cuerpos en un manglar de Taura. Pese al hallazgo, no se podía confirmar la identidad de los restos porque estos habían sido cercenados y calcinados.
Las Actas de Levantamiento de Cadáver, archivadas bajo los códigos forenses 4204 al 4212 en los Cuerpos 6 y 9 del expediente, describen el hallazgo de osamentas y restos humanos con signos severos de carbonización y antropofagia.
En este punto, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación en la desaparición forzada de los menores de edad.
Se confirma la identidad de los cuerpos calcinados
Tras una semana de espera desde el hallazgo de los restos óseos en Taura, el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó –el 31 de diciembre– los resultados de los cotejamientos genéticos. La ciencia confirmó lo que se temía: las osamentas calcinadas, halladas bajo los códigos 4204 al 4212, correspondían sin margen de error a Ismael Eduardo Arroyo Bustos, Josué Didier Arroyo Bustos, Nehemias Saúl Arboleda Portocarrero y Steven Gerald Medina Lajones.
Con la certeza de la muerte, la Fiscalía General del Estado convocó a la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, acusando formalmente a los 16 miembros de la patrulla «Tango Charly», el Subteniente John Zabala y 15 miembros de tropa, como autores del delito de Desaparición Forzada con resultado de muerte. Ante la gravedad de los elementos presentados, el Juez de Garantías Penales dictó orden de prisión preventiva para todos los procesados, disponiendo su traslado inmediato a centros de privación de libertad.
Legalmente, este día se convirtió en el «minuto cero» del juicio. Como consta explícitamente en las carátulas de los 50 cuerpos legales que conforman el expediente (desde el Cuerpo 1 en adelante), la «FECHA DE INICIO» de la Instrucción Fiscal No. 04-2024 quedó registrada oficialmente como el 31 de diciembre de 2024. Desde ese momento comenzó a correr el plazo de 90 días para profundizar una investigación que ya no buscaba a los desaparecidos, sino a sus ejecutores.
La despedida más dolorosa
El barrio de Las Malvinas no celebró ese fin de año. El 1 de enero de 2025, los vecinos recibieron a los cuatro niños entre lágrimas y silencio: no volvían a casa, sino en ataúdes. El dolor de sus amigos —otros niños que jugaban con ellos al fútbol— quedó capturado en una fotografía que, tiempo después, sería premiada por mostrar en sus rostros las grietas que una tragedia así deja en una comunidad entera.
El 2025 inició con el entierro de los cuatro de Guayaquil en el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, en medio de cánticos de sus familiares que solicitaban justicia.
Apenas pocos días después, por disposición judicial, el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, rodeado de militares con trajes de campaña, apareció en cadena nacional en horario estelar para ofrecer disculpas públicas a las familias de los cuatro jóvenes desaparecidos. Era el 6 de enero.
Después de ofrecer sus disculpas, el Ministro de Defensa indicó que se tomarían “las últimas consecuencias” para sancionar a la jueza que reconoció la desaparición forzada y sugirió que la actuación de la jueza era parte de una “persecución política” para “arrodillar a las Fuerzas Armadas”.
El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo público, el 22 de enero, un pronunciamiento condenando la desaparición y posterior asesinato de un niño y tres adolescentes afrodescendientes.
Enero cerró con los 16 militares recluidos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, intentando ganar tiempo con recursos administrativos mientras la comunidad internacional exigía justicia y verdad.
La reconstrucciones y las narrativas
El 19 de febrero de 2025, en Guayaquil, comenzó a circular un video que supuestamente mostraba a los cuatro jóvenes minutos antes de su aprehensión. En las imágenes, borrosas y tomadas desde lejos, se veía a varias figuras en un aparente altercado con un transeúnte. El clip fue utilizado para intentar sostener la versión de que los menores actuaban de forma criminal aquella noche, pero la Fiscalía lo desestimó de inmediato: en su análisis no se advertía ningún delito flagrante ni comportamiento que justificara la intervención militar.
Al día siguiente, 20 de febrero, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas rechazó la apelación a la prisión preventiva presentada por la defensa de los militares procesados. La decisión mantuvo a los uniformados bajo medida cautelar, reforzando la línea de investigación abierta por la Fiscalía.
Pasaron algunas semanas hasta que, los días 16 y 17 de marzo, se realizó la reconstrucción de los hechos. Durante doce horas, fiscales, peritos y agentes recorrieron la Avenida 25 de Julio, donde se produjo la detención arbitraria, y luego se desplazaron hasta un camino de tercer orden, despoblado y sin iluminación, en las inmediaciones de la parroquia Taura. Fue allí, según la versión de los propios militares acusados, donde habrían dejado a los niños y adolescentes. La diligencia buscaba contrastar esas declaraciones con la evidencia técnica y los testimonios recopilados.
El 27 de marzo, en Guayaquil, llegó uno de los informes más contundentes del caso: el informe forense integral. Tras analizar los restos identificados bajo las cadenas de custodia 4204 al 4212, los peritos establecieron que Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina no murieron de manera accidental. El protocolo de autopsia determinó que fallecieron a causa de un traumatismo craneoencefálico grave producido por proyectil de arma de fuego, disparado a corta distancia. El estudio antropológico reveló orificios de entrada y fracturas compatibles con munición letal, mientras que la trayectoria balística sugería que las víctimas se encontraban en una posición de indefensión —arrodillados o tendidos en el suelo— en lo que configuraba una ejecución sumaria.
El examen también confirmó evidencias de violencia ante-mortem: pese al estado de los restos, se identificaron lesiones contundentes no provocadas por el fuego, entre ellas una fractura severa en la región parietal izquierda, compatible con un golpe aplicado mientras la víctima aún estaba con vida.
El 11 de abril, la investigación sumaría un procesado más. La Fiscalía vinculó al teniente coronel de la FAE Juan Francisco I., señalando que habría tenido conocimiento del operativo, acudido al lugar de los hechos, recogido indicios y omitido informar oportunamente a sus superiores. Con ello, el número de procesados ascendió a diecisiete.
Los días 27 y 28 de abril, en Guayaquil, se realizó una segunda reconstrucción de los hechos. Esta vez, la diligencia se extendió a tres escenarios: Durán, el peaje de la vía Durán–Tambo y un sector rural de Taura. En este ejercicio, cuatro de los dieciséis militares imputados revelaron detalles adicionales sobre las múltiples agresiones sufridas por los menores antes de su asesinato —relatos que no habían sido expuestos durante la primera reconstrucción—, aportando nuevos elementos que reforzaron la teoría del caso planteada por la Fiscalía.
El juicio
Para inicios de octubre, la Fiscalía ya había presentado su dictamen acusatorio contra los 17 militares procesados. El 9 de octubre, todos fueron llamados a juicio por el presunto delito de desaparición forzada, marcando un nuevo punto de inflexión en la causa.
El 22 de octubre, en Guayaquil, se instaló la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, a pedido de las defensas de cuatro de los procesados, la diligencia fue suspendida y reprogramada para el 5 de noviembre. Ese día, finalmente, se retomó el proceso: la Fiscalía expuso su teoría del caso y comenzó la presentación ordenada de sus pruebas de cargo, que hasta hoy continúan exhibiéndose ante el tribunal.
El avance judicial ha dejado al descubierto piezas que antes permanecían ocultas. Una de ellas surgió de la pericia informática aplicada a los teléfonos incautados a los procesados (Cuerpos 16 y 22 del expediente). La extracción de datos reveló un grupo de WhatsApp creado por los miembros de la patrulla “Tango Charly” inmediatamente después de los hechos. No era un canal operativo, sino un espacio para coordinar el encubrimiento. Allí se diseñó —mensaje por mensaje— la versión del “árbol caído”: el relato con el que intentaron justificar la supuesta liberación de los menores en una guardarraya y explicar la ausencia total de actos oficiales de entrega a la Policía Nacional.
Ese guion digital, sin embargo, comenzó a resquebrajarse. Bajo la presión de la evidencia, tres militares decidieron acogerse a la cooperación eficaz y romper el silencio. Sus testimonios, corroborados en la reconstrucción de los hechos, añadieron precisión a lo que la autopsia ya sugería: el traslado hacia Taura fue un trayecto de tortura. Relataron golpes, amenazas, prácticas de “boxeo” forzado y episodios de violencia extrema que los menores sufrieron mientras estaban bajo custodia del Estado.
Hoy, el juicio continúa y cada audiencia suma piezas clave para comprender lo ocurrido. A un año de los hechos, las familias siguen esperando una verdad completa y una justicia que no llegue a medias. Lo que decida este tribunal no solo esclarecerá lo que pasó aquella noche del 8 de diciembre de 2024: también definirá si un país capaz de nombrar su horror es, al mismo tiempo, capaz de no repetirlo.
Fuentes:
Fiscalia General del Estado: https://www.fiscalia.gob.ec/caso-malvinas/
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. https://www.cdh.org.ec/informes/651-desaparicion-forzada-y-muerte-de-loscuatrodelasmalvinas.html
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/015.asp
Expediente Fiscal.
Expedientes del caso.
Reportes de audiencias de juicio.
