Tras la condena a 16 militares por desaparición forzada y muerte de cuatro menores en Guayas, las familias piden disculpas públicas “de buena fe” y presentarán un recurso de ampliación para precisar reparaciones.
Los familiares de los cuatro menores desaparecidos y hallados muertos tras un operativo militar en Guayas a fines de 2024, en el caso conocido como Los 4 de Las Malvinas, exigieron disculpas públicas “de buena fe” del Gobierno y anunciaron que presentarán un recurso de ampliación porque, aunque la sentencia del caso ordena un acto de desagravio y otras medidas, no precisa con claridad la modalidad ni los alcances de la reparación moral, según sus abogados y activistas de derechos humanos.
Esta reacción se dio un día después de que las familias fueran notificadas de la sentencia del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Guayaquil, que condenó a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, a 34 años y 8 meses de prisión como autores directos del delito de desaparición forzada, por la retención de cuatro menores durante la noche del 8 de diciembre de 2024 y los hechos posteriores que, de acuerdo con el fallo, derivaron en su muerte.
“Nuestros hijos no van a regresar, pero se ha reconocido que son inocentes”, dijo, con la voz quebrada, Luis Arroyo, padre de dos de los cuatro menores.
Como vocero de las familias, Arroyo dijo que el fallo les devuelve parte de la verdad que, según dijo, se intentó negar y que, además, dejó al descubierto la estigmatización que enfrentaron por ser afroecuatorianos y vivir en un barrio empobrecido del sur de Guayaquil.
“El hecho de ser pobre, de ser negro, vivir en un barrio pobre no significa que todos son delincuentes”, dijo en una rueda de prensa junto a abogados y organizaciones de derechos humanos.
En rueda de prensa en compañía de representantes de organismos de Derechos Humanos, Arroyo pidió que quienes, desde el poder y en redes sociales, “juzgaron” a los niños rectifiquen y reconozcan el daño causado. “Se ha reconocido que nuestros hijos son inocentes”, dijo, al relatar el impacto que tuvo la estigmatización sobre su familia.
En la misma rueda de prensa, los abogados de las familias de las víctimas sostuvieron que la sentencia incluye reparaciones, pero deja vacíos prácticos que pueden traducirse en demoras o incumplimientos.
El fallo dispone, entre otras medidas inmateriales, disculpas públicas en un medio de comunicación nacional y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, con una placa que reconozca la responsabilidad estatal e institucional. Sin embargo, la defensa de las familias afirma que el dictamen no define con suficiente precisión el “cómo” y los plazos, por lo que presentarán un recurso de ampliación.
“Este recurso es para poder clarificar el alcance de las medidas de reparación integral, sobre todo los plazos, la modalidad, es para que quede claro qué es lo que tienen que hacer cada institución pública y el cómo que es lo que no establece la sentencia”, dijo Fernando Bastias, activista de derechos humanos y abogado patrocinador de las familias.
También sostuvo que el gobierno no debería esperar la ejecutoria para pedir disculpas. Independientemente de esta, agregó, el gobierno central tiene la oportunidad de poder ejecutar una reparación integral adecuada.
“Hemos logrado esta sentencia y evidentemente una reparación integral que debe ser cumplida inmediatamente por el ministro y de aquellas personas que no siendo parte de ministerios utilizaron redes sociales para crear una idea falsa de que los niños de Las Malvinas eran delincuentes, algo que nunca dejaremos de señalar como un acto rastrero por parte de estas personas y el tribunal, inclusive”, dijo el abogado Abraham Aguirre García, representante de la defensa técnica del caso.
Sostuvo que el fallo constituye un “hito” al reconocer que las víctimas eran sujetos protegidos por el Estado y cuestionó que autoridades hayan contribuido a señalarlas como delincuentes. Dijo que el tribunal ordenó un acto de desagravio público y pidió que se extienda a quienes, desde redes sociales, “denostaron” la imagen de los niños y de sus padres
Además, Aguirre denunció que existe una investigación previa en Fiscalía por secuestro con resultado de muerte que, afirmó, no registra diligencias relevantes tras más de un año, y pidió que se active para establecer responsabilidades por la muerte de los cuatro menores.
Las organizaciones de derechos humanos insistieron en que el caso evidencia un patrón más amplio. Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), afirmó que la decisión judicial confirma una responsabilidad estatal y pidió que se aceleren otras investigaciones y se abran archivos militares. También advirtió que estarán “vigilantes” para que el proceso no se prolongue.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, a través de Viviana Hidrobo, sostuvo que el fallo no debe verse como un hecho aislado y reclamó transparencia sobre otras desapariciones reportadas en el país. Y Consuelo Bowen, de CEPAM Guayaquil, recalcó que, en delitos como la desaparición forzada, las familias también son víctimas por la afectación a su proyecto de vida y que las reparaciones y garantías de no repetición son claves para evitar impunidad.
La sentencia describe que la patrulla militar “Tango Charlie” interceptó y retuvo a los menores sin entregarlos de inmediato a una autoridad competente, en un supuesto escenario de flagrancia, argumentada durante el juicio.
Señala, además, que el operativo se ejecutó fuera de cauces legales, con violencia, desnudez forzada y abandono en una zona rural y un “pacto de silencio” posterior.
Así, el tribunal fijó la pena máxima agravada al considerar, entre otros factores, la participación de dos o más personas, la condición de víctimas menores de edad y el resultado de muerte previsto en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.
El fallo recoge, además, diligencias e informes de búsqueda que señalan que el 24 de diciembre de 2024 equipos policiales y de rescate hallaron cuatro osamentas en una zona de manglares vinculada al río Taura; el levantamiento se completó ese día y el traslado a Medicina Legal se ejecutó en las horas posteriores, dentro de un operativo coordinado con unidades especializadas.
La sentencia atribuye peso a la reconstrucción de los hechos y a pericias que ubicaron la dinámica operativa en una secuencia de escenarios, incluida la escena final en un camino hacia Taura donde, según la sentencia, las víctimas fueron sometidas a violencia, desnudamiento y luego abandonadas, mientras el personal militar se retiraba en los vehículos.
En la sentencia, el tribunal señala que valoró el testimonio pericial que reportó identificación positiva de los restos y describió métodos científicos aplicados para establecer identidad y materialidad del delito respecto de las víctimas identificadas en la sentencia con iniciales.
El tribunal declaró autores directos de desaparición forzada a los siguientes procesados: Wilson Alfredo Cueva Briceño, Wilmer Danny López Carrasco, Johan Raúl Galeas Pillajo, Ronald Stalin Pilay Tucunango, Rodrigo Paul Núñez Paredes, Sergio Francisco Véliz Bonilla, Jhon Eduardo Tagle Márquez, Brayan Olmedo Naranjo López, David Andrés Correa Asimbaya, John Henry Zabala España, Lister Henry López Carrasco, Moisés Israel Loor López (cooperador eficaz), Alex Xavier Quishpe Antamba (cooperación eficaz), Nelson Oswaldo Sagñay Zúñiga (cooperación eficaz), Carlos Xavier Espín Macato (cooperación eficaz) y Christian Eduardo Aucapiña Quishpe (cooperación eficaz).
El absuelto fue Juan Francisco Iglesias Moya, sobre quien pesaba una acusación de la Fiscalía por complicidad. Los jueces concluyeron que no se probó un aporte “causal, consciente y eficaz” al hecho principal y ratificaron su estado constitucional de inocencia.
