Sin presencia de los asambleístas del correísmo, la Comisión de Seguridad de la Asamblea inició la investigación del caso que involucra a exconsejeros de Participación Ciudadana vinculados a la ‘Liga azul’ en presunta asociación ilícita.
POR: Hugo Constante
La Comisión de Seguridad de la Asamblea inició un proceso de fiscalización del caso ‘Ligados’, donde la Fiscalía, en el ámbito penal, impulsa una investigación por presunta asociación ilícita en contra de los exconsejeros correístas del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, y en contra de la consejera en funciones Nicole Bonifaz.
Como parte de la investigación penal, la Fiscalía reveló chats extraídos del celular de Verduga, donde se evidenciarían los intereses del correísmo para que la Superintendencia de Bancos quedara en manos de Raúl González, afín a sus intereses, según los chats, y no Roberto Romero, como correspondía de acuerdo con el concurso realizado por el Consejo.
A pesar de estar convocados, ni los delegados de la Fiscalía ni de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) asistieron a la Comisión. Mientras que Roberto Romero, superintendente de Bancos, dijo que su posesión en el cargo por parte de la Asamblea se tardó más de lo acostumbrado. Se cumplió el 27 de enero de este año, a cargo de la asambleísta correísta Esther Cuesta, como presidenta encargada de esta Función del Estado. “La Asamblea lo único que tiene que hacer es el acto protocolario (de posesión), pero sí sufrió muchos retrasos. Presenté algunas solicitudes para que me llamen a la posesión, pero no recibí respuesta”, dijo Romero.
Por su parte, Santiago Peñaherrera, coordinador de la asesoría jurídica del CPC, explicó que el 13 de enero se solicitó a la Asamblea que proceda a la posesión de Romero, pero que la Legislatura remitió al Consejo una consulta respecto a quién debía posesionar en el cargo: si a González, ganador en de un concurso en 2022, o a Romero, ganador del concurso en 2024. Peñaherrera dijo que absolver consultas externas no es una atribución del Consejo, pero que el entonces consejero Verduga mocionó que se conociera y tratara el pedido de la Asamblea, moción que fue respaldada con los votos de Bonifaz, Franco Loor y Saltos. Esos mismos consejeros aprobaron luego una resolución en la que se designa a González hasta el 2027 y a partir de esa fecha en cambio asumiría Romero. “Esta resolución es la que dio paso a la denuncia que Romero puso ante la Fiscalía”, dijo el funcionario, denuncia que generó el caso ‘Ligados’.
Andrés Fantoni, presidente del Consejo, aseguró que a esa fecha la correlación de fuerzas no les dejaba avanzar en los temas, ya que Verduga, Franco Loor, Saltos —de la ‘Liga azul’—, más Bonifaz, siempre votaban de manera similar.
Los criterios
La oficialista Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, manifestó que la investigación iniciada por la Fiscalía ha evidenciado una presunta trama por parte del correísmo para “tomarse por asalto” el Estado y quitar del medio a todo aquel que le resulta incómodo. Eso queda demostrado, dijo, con los chats de Verduga. “Sólo los delincuentes utilizan alias y eso es importante que la ciudadanía lo sepa”, dijo Alarcón.
Añadió que a través de esa presunta asociación ilícita el correísmo gestionaba cargos públicos, realizando tráfico de influencias.
El legislador independiente Rafael Dávila, integrante de la Comisión, dijo que en función de la información que reciban por parte de las autoridades convocadas a comparecer podrían extender la investigación y develar otros detalles de ese presunto tráfico de influencias. Inclusive no descartó que se llame a comparecer a la presidenta de la Asamblea, la correísta Viviana Veloz, mencionada en uno de los chats, para que aclare las gestiones que realizaban los exconsejeros para la posesión de González.
Dávila aseguró que el caso ‘Ligados’ demuestra al país la manipulación en la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. “El Consejo fue una herramienta creada en la Constitución de 2028 para, disfrazada de participación ciudadana, tomar el control absoluto de la institucionalidad. Se ha hecho evidente que así fue”, dijo Dávila.
Por su parte, el legislador del Avanza, Pedro Velasco, agregó que la mala política ha corrompido a instituciones como el Consejo de Participación a través del cual pretenden tomarse instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y los organismos de control. “El Consejo de Participación Ciudadana, que en principio debió haber tenido una intencionalidad muy sana, de respetar procesos de capacidad, de meritocracia, lo único que ha hecho es auparse, reunirse, en esta famosa ‘Liga azul’, para obedecer mandatos, para ocupar espacios de acuerdo con sus intereses”, comentó Velasco.
Mientras tanto, la bancada correísta, contrario a otras veces, ha guardado silencio frente a este caso. Los legisladores de esa agrupación que integran la Comisión de Seguridad no asistieron a la sesión. Sólo Blasco Luna, que convocó a periodistas para una rueda de prensa por otro tema, se vio obligado a comentar el caso frente a la insistencia. Opinó que la Fiscalía se ha convertido en la sucursal del oficialismo y que se le debería pedir una investigación transparente, aunque eso sería pedir “peras al Olmo”.
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