La investigación que desarrolla la Fiscalía, por supuesta asociación ilícita, contra la ‘Liga Azul’ del correísmo, demuestra, según analistas, que la supuesta independencia del Consejo de Participación no existe. Conoce los detalles y los chats del teléfono de Augusto Verduga.  

POR: Juan Camilo Escobar

El Consejo de Participación Ciudadana no es una entidad pública más; y ha estado en el ojo de la crítica y de polémica en polémica prácticamente desde su creación. Sus siete integrantes, elegidos ahora por voto popular, tienen a su cargo una de las responsabilidades más delicadas del Estado: designar a las máximas autoridades de los organismos de control: la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia de Bancos.

En teoría, los vocales deben actuar con independencia de intereses partidistas. La ley prohíbe a los candidatos a consejeros recibir respaldo de partidos políticos durante la campaña electoral.

Sin embargo, en la práctica el 15 de enero, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió la destitución de cuatro consejeros: Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías, tras encontrarlos responsables de una «infracción electoral muy grave», contemplada en el artículo 278 del Código de la Democracia. Según el fallo, los consejeros habrían sido auspiciados por el movimiento político Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción y prófugo de la justicia, aunque goza del estatus de refugio en Bélgica. 

La destitución, sin embargo, fue solo el inicio de un proceso más complejo. El 2 de febrero, la Fiscalía inició una investigación penal contra los exconsejeros —conocidos como ‘La Liga Azul’—, por el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Y este sábado el fiscal subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos contra Franco Loor, Verduga y Saltos, todos identificados con el correísmo, así como a la actual consejera Nicole Bonifaz, de formar parte de una presunta red de asociación ilícita para controlar entidades estatales. 

Según la hipótesis fiscal, los implicados habrían integrado una estructura destinada a copar cargos estratégicos en organismos de control, dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad, facilitando la injerencia política en decisiones clave para la institucionalidad del país. Estos hechos, puntualizó Toainga, se habrían desarrollado entre diciembre de 2024 e inicios de 2025, mediante otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas.

Entre los actos investigados se incluiría la designación de autoridades, como el superintendente de Bancos.

Conversaciones reveladoras

La Fiscalía reveló conversaciones extraídas del teléfono celular de Verduga, quien según fuentes judiciales se encontraría en el extranjero. En los mensajes de texto, intercambiados bajo seudónimos, se trataría la designación de integrantes para la terna del Consejo de la Judicatura y presiones hacia la Asamblea Nacional para posesionar al superintendente de Bancos.

En uno de los mensajes se menciona: «Sin la ‘súper’ de Bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la ‘súper de Bancos’».

El Ministerio de Gobierno calificó estas revelaciones como evidencia de «un plan para perpetuar el poder a través de maniobras encubiertas», mientras que el expresidente Rafael Correa rechazó la investigación como «persecución y payasada».

“Confirma lo que ya sabía la gente”

El jurista y analista de temas judiciales Pablo Encalada advirtió que el aspecto más relevante de este caso radica en el inicio de un proceso penal tras la formalización de una acusación por parte de la Fiscalía, sustentada en los chats extraídos del exconsejero Verduga. Estas conversaciones, según Encalada, revelarían presuntas maniobras destinadas a manipular la justicia e incidir políticamente en las decisiones de instituciones clave.

«Esto pone en evidencia lo que muchos sospechaban: que el Consejo de Participación no sólo carece de una función real en la práctica, sino que su supuesta independencia es una farsa, ya que las autoridades de control son designadas a dedo por intereses políticos», señaló Encalada.

El proceso judicial, según Encalada, representa una oportunidad crucial para desentrañar estas redes de poder. No obstante, advierte que el camino hacia la verdad será largo y tortuoso, como suele ocurrir cuando la política se infiltra en los tribunales.

«Esto confirma lo que muchos intuían: que el Cpccs, un órgano que debería representar la participación ciudadana, ha sido utilizado como un mecanismo para que los políticos coloquen a las autoridades que les convienen. Esta situación refuerza la percepción de que el Consejo podría carecer de razón de ser», enfatizó.

Encalada subrayó la importancia de que la ciudadanía se mantenga vigilante ante el desarrollo de este proceso y exija que el Consejo cumpla con las tareas pendientes, entre ellas, la selección de las autoridades del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.

«El Consejo debe retomar su rol y llevar a cabo los concursos pendientes con la mayor transparencia posible», concluyó.

Germán Rodas, historiador y presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, advirtió que el caso expone un problema estructural en el Estado, al considerar que la aparente institucionalidad e independencia del organismo encubren acuerdos políticos para la distribución del poder.

“Este caso del Consejo, que hoy se vuelve mediático, esconde un problema de fondo: el Consejo de Participación no representa a la sociedad. Con este organismo, la sociedad queda estatizada”, afirmó el historiador en una declaración pública.

El titular de la Comisión Nacional Anticorrupción señaló que, a su juicio, el organismo ha operado históricamente como un espacio de negociación política entre distintos sectores.

“Lo que ha habido allí es una especie de distribución de un pastel llamado Ecuador. Los consejeros no son más que operadores políticos de acuerdos que se realizan fuera del Consejo”, sostuvo. “Hay una disputa de poder porque este organismo elige a las autoridades de las principales instituciones de control del Estado”, agregó.

Así se ratificó la destitución de los consejeros correístas

El 31 de enero, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia de primera instancia que destituyó a los exconsejeros Verduga, Saltos, Franco Loor y Vielka Párraga Macías. La resolución se adoptó con cuatro votos a favor, de los cinco jueces que componen el TCE, con la disidencia de Richard González. 

Además de la destitución, los consejeros fueron sancionados con una multa de USD 31.500 cada uno y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años. La sentencia respondió a la propuesta del juez ponente Guillermo Ortega Caicedo, quien también dispuso remitir el expediente al Consejo de la Judicatura para que se evalúen posibles sanciones a los abogados defensores de los consejeros, debido a la presentación reiterada de incidentes procesales.

Ortega desestimó los argumentos de la defensa, que calificaron la decisión como «desproporcionada» y alegaron que las publicaciones en redes sociales no constituían pruebas suficientes de la infracción o que la denuncia tenía carácter malicioso.

Contexto del caso

El proceso se originó en junio de 2024, cuando los activistas Mónica Jaramillo, Santiago Becdach y Pamela Troya denunciaron a los consejeros por presuntamente haber recibido apoyo político de la Revolución Ciudadana, durante la campaña electoral. La evidencia presentada incluyó material gráfico en el que los consejeros aparecían realizando proselitismo con prendas azules, color distintivo de la organización política, y recibiendo respaldo público del expresidente Rafael Correa.

El 3 de septiembre de 2024, el juez Fernando Muñoz dictaminó en primera instancia la responsabilidad de los consejeros y aplicó las sanciones posteriormente ratificadas por el TCE.

¿Qué dicen los chats?

Los exconsejeros destituidos, junto a la actual consejera Nicole Bonifaz, están siendo procesados penalmente por presunta participación en una asociación ilícita. Utilizaban seudónimos en chats grupales para coordinar sus estrategias, según información de la Fiscalía, que publicó los mensajes en su cuenta de X.

En los chats filtrados se encontraron seudónimos como ‘MónicaErtl’ para Verduga, ‘Justiciero’ para Franco Loor y ‘Minerva’ para Saltos, con los cuales los implicados planificaban tácticas sobre la designación de autoridades y la ocupación de cargos. 

La Fiscalía presentó estos mensajes como pruebas en el denominado ‘Caso Ligados’. Durante la audiencia de este sábado, el fiscal Toainga explicó que los datos extraídos de dispositivos móviles muestran una presunta organización para designar autoridades afines al movimiento Revolución Ciudadana.

Uno de los puntos clave de los chats fue la disputa interna en el Consejo de Participación por la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos, un puesto al que Verduga y sus aliados buscaban evitar que Roberto Romero von Buchwald accediera, a pesar de su nombramiento oficial. En las conversaciones, se habla de obstaculizar la posesión de Romero por parte de la Asamblea Nacional y promover la candidatura de González, cercano al correísmo.

Y para ello, Verduga habría negociado el ofrecimiento de cargos en la Superintendencia de Compañías a cambio de apoyo para González, según una conversación con un contacto en la Asamblea. El contacto de Verduga respondió: “Esa es otra pelea que podremos dar cuando ganemos la Presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay”.

Que “VV no posesione al otro”, dice Verduga en referencia a la posibilidad de que la presidenta de la Asamblea Viviana Veloz, posesione a Romero von Buchwald, lo cual sería una señal de que ella se separaría del correísmo

Verduga consideró urgente controlar la Superintendencia de Bancos para evitar que “se siga lavando dinero del narco”. Así, expresó su preocupación por el control de la Superintendencia de Bancos, mencionando que sin este cargo, el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico continuaría: «Sin la súper de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la súper de bancos».

Los favores a Paola Pabón

Los chats también revelaron solicitudes de favores personales, como el intento de Verduga de que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón contratara a sus allegados en la Prefectura antes de su destitución. Según la Fiscalía, en una conversación, Verduga le pidió a Pabón la contratación de un comunicador y un politólogo que habían trabajado con él, para que no quedaran sin empleo debido a que planeaba irse a España.

Muerte del asesor de Verduga

En cuanto a la muerte de su asesor, Jimmy Ruiz, Verduga mostró temor de que el asesinato estuviera dirigido contra él, según un chat con el seudónimo ‘Pantera Negra’: «A Jimmy le hablo todos los días. Hablo como si hablara con él. Dios nos ha brindado la oportunidad de seguir vivos».

Juan Esteban Guarderas

En otro chat, los participantes discutieron la destitución de Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación, sancionado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2024. Su sucesor fue Eduardo Franco Loor. En el chat, un usuario identificado como ‘AN’ escribió: ‘Caliente motores, @Justiciero’.

Reclamo a Franco Loor

En otro mensaje, Verduga reprende a Franco Loor por asistir al acto de posesión de Nicolás Maduro, advirtiendo que su presencia podría comprometer la estrategia del grupo mientras enfrentaban un proceso de destitución en el TCE. “‘Justiciero’: su presencia en ese acto fue un error monumental. Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada. Estamos en medio de un proceso de posible destitución en el TCE debido a nuestra asociación con la RC (Revolución Ciudadana)”, escribió Verduga.

Presión a jueces “para ganar tiempo”

En una conversación con un usuario identificado como ‘El Cónsul’, cuya identidad permanece desconocida, los exconsejeros sugieren presentar recusaciones contra jueces del TCE, con el objetivo de retrasar procesos legales en su contra. En uno de los mensajes, Verduga afirma: “Recuperamos la mayoría en el Cpccs y debemos sostenerla; nos falta obtener el Tribunal Contencioso Electoral”. Por su parte, Franco Loor propone: “Lo importante ahora es blindarnos con los jueces del Pleno del TCE, los jueces suplentes y ocasionales”.

En otro intercambio, Verduga asegura a Yadira Saltos, conocida como ‘Minerva’, y a Eduardo Franco Loor, apodado ‘Justiciero’, que cuentan con los votos necesarios para designar nuevos miembros del Consejo de Participación, tras la destitución de un consejero. “Si presentamos bien la carpeta, estás dentro de la terna. Tenemos los votos para que seas designado”, señala.

Además, en un chat con una usuaria identificada como ‘Anita’, se revela la intención de los exconsejeros de frenar decisiones judiciales. Verduga propone interponer una acción de protección para detener el envío de ternas destinadas a la elección de vocales del Consejo de la Judicatura, argumentando: “Todo será forzado, pero la idea es ganar tiempo”.

Intercambio de acusaciones entre Correa, Lasso y Verduga

Las próximas semanas podrían ser decisivas para esclarecer el alcance de las acusaciones de la Fiscalía y las posibles vinculaciones de otros actores políticos en el caso sobre la supuesta red de influencia en la designación de autoridades clave del Estado.

Por el momento, las revelaciones de los chats extraídos del exconsejero Verduga han desatado diversas reacciones públicas de figuras políticas.

El expresidente Guillermo Lasso se pronunció señalando: «La consulta popular que impulsamos tenía como objetivo combatir la inseguridad, el narcotráfico y los vicios constitucionales que afectan nuestra democracia, incluyendo la limitación de funciones del Consejo de Participación. Ahora queda claro por qué algunos se opusieron». Lasso acompañó su mensaje con una captura de un antiguo post de Verduga, quien hizo campaña por el ‘No’ en el referéndum constitucional del 5 de febrero de 2023.

La respuesta de Verduga no se hizo esperar. Desde la clandestinidad, replicó: «No olvide que durante su Gobierno se fraguó el mayor caso de narcotráfico en la historia del Ecuador, León de Troya, y que su administración, en complicidad con la Fiscalía, hizo todo lo posible por sepultarlo». Además, sostuvo que Raúl González, candidato para la Superintendencia de Bancos, fue parte de una terna enviada por el propio Lasso, asegurando: «Lo ratificamos porque era lo que correspondía y porque tenía un plan para combatir el lavado de activos, un lavado que ocurre en bancos como el suyo».

El intercambio se intensificó cuando Lasso se refirió a Verduga como ‘Mónica’, en alusión al alias ‘Monika Ertl’, que el exconsejero supuestamente utilizaba en los chats filtrados. 

Verduga no fue el único en responder. Correa intervino, calificando a Lasso de «sinvergüenza» y acusándolo de haberse «tomado todo el Estado con el Trujillato».

En un nuevo contraataque, Lasso se dirigió a Correa llamándolo ‘Jerónimo’, otro alias atribuido al exmandatario en las conversaciones filtradas, y le recordó: «Tuviste 10 años y todos los poderes del Estado para encontrar algo en mi contra y no lo lograste». Correa replicó: «No soy yo el que tiene que ocultar fortunas mal habidas en paraísos fiscales y empresas cortinas. ¿Te suena Positano o Banisi?».

El intercambio culminó con Lasso cerrando de la siguiente manera: «No me desgasto con quienes sólo saben difamar para tapar su propia podredumbre».

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