La Fiscalía acusa a los siete procesados como autores directos del presunto delito de asociación ilícita.
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) inició la audiencia preparatoria del juicio en el caso «Ligados» luego de que la jueza nacional, Daniella Camacho, declaró la validez procesal de todo lo actuado en su momento por parte de Fiscalía.
Camacho contestó uno a uno los elementos que los abogados de la mayor parte de los siete procesados por asociación ilícita plantearon para solicitar la nulidad. Uno de esos elementos fue que la jueza nacional está inscrita para el concurso de méritos y oposición para designar al Fiscal General del Estado.
El concurso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y en la causa por asociación ilícita están procesados tres exconsejeros de ese organismo y una consejera en funciones.
Por este motivo los abogados habían solicitado que Camacho se retire del caso. Sin embargo, Camacho defendió su legítimo derecho de participar en el concurso y de, además, llevar el caso con independencia y objetividad.
Desechados los recursos de vicios de nulidad por cuestiones de competencia, procedibilidad, prejudicialidad y procedimiento que expusieron el lunes las defensas de la mayor parte de los procesados y declarada la validez procesal, Camacho dio paso a la Fiscalía para que su titular, Carlos Alarcón, fundamente su dictamen acusatorio.
El caso
En el caso Ligados están procesados por presunta asociación ilícita los exconsejeros de Participación Ciudadana Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos (correístas); la consejera en funciones, Nicole Bonifaz; de la Revolución Ciudadana: el excandidato presidencial y vicepresidencial, Andrés Arauz; la exasambleísta Esther Cuesta; y finalmente, Raúl González, exsuperintendente de Bancos.
Para la Fiscalía, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los procesados habrían ejecutado acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado mediante la designación irregular de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana.
Por ejemplo, la intervención en la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura y la ratificación irregular González como superintendente.
Según la acusación fiscal, el objetivo de esta Liga Azul, como se identificaron los entonces candidatos al Consejo por su cercanía ideología y electoral a la Revolución Ciudadana, era dilatar procesos en la justicia electoral para conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos.
«Este caso retrata el mecanismo con el que el Consejo de Participación fue cooptado por personas afines a un partido político con el objetivo de acumular espacios de poder», manifestó Alarcón al exponer su dictamen acusatorio. Además, señaló a los siete procesados como autores directos del presunto delito de asociación ilícita.
Iniciada la tarde, la jueza suspendió la audiencia e informó que continuarán mañana con la actuación de la Fiscalía y la fundamentación de su dictamen.
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