Los propios opositores reconocen que no han logrado determinar un conocimiento o responsabilidad directa del Presidente, pero analizan la figura de omisión. Pese a la prohibición establecida, una comparecencia de Juan Zapata se volvió un interrogatorio sobre el tema.
La resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 18 de enero de este año, en la que crea la Comisión Ocasional para que investigue el caso ‘Gran Padrino’, señala en su numeral 4 que las comisiones permanentes se abstendrán de acciones de control político y fiscalización en ese caso, ya que la competencia exclusiva la tiene la Comisión ocasional. Por tanto, “ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre estos hechos”.
La norma quedó prácticamente en “letra muerta” en la Comisión de Seguridad, a donde se llamó a comparecer al ministro del Interior, Juan Zapata, para que respondiera los temas principales: candidatos a las elecciones seccionales que tendrían vínculos con el narcotráfico, minería ilegal y sobre la construcción y mantenimiento de las Unidades de Policía Comunitaria.
Sin embargo, la comparecencia de Zapata terminó en constituirse un interrogatorio por parte de la presidenta encargada de la Mesa de Seguridad, la correísta Patricia Núñez, sobre al caso Gran Padrino, especialmente sobre el informe filtrado de inteligencia de Policía que detallaría nexos entre el círculo cercano del presidente, Guillermo Lasso, con la mafia albanesa. Además, le responsabilizó por no dejar, dijo, que comparezcan a la Comisión ocasional a Geovanny Ponce, general Antinarcóticos, quien habría ordenado el cierre del informe; y a José Luis Erazo, teniente coronel quien dirigió la investigación.
“Respecto al informe que usted acaba de mencionar, para que mire lo respetuoso que soy, yo le podría decir que eso no es motivo de esta comparecencia; por lo tanto, no me puedo referir a eso, pero lo voy a hacer”, respondió Zápata. Y agregó que ese informe nació el 13 de mayo del 2021, cuando Lasso no era aún Presidente de la República. Que el 21 de diciembre se le pidió al policía a cargo de la investigación que remitiera el primer parte para cerrar la investigación, ya que no encontraron mayores elementos para mantenerla. Mientras que el 12 de enero del 2022 se generó el impulso fiscal en el que pidió al juez de la causa que archivara el caso porque no había elementos para mantenerlo abierto, lo que se dio el 22 de marzo. Sin embargo, aseguró que se está investigando a la persona que filtró el informe, que tenía el carácter de reservado, ya que eso es motivo de sanción penal.
Sobre los policías llamados a comparecer a la Comisión ocasional, Zapata aseguró que no se les puede disponer que lo hagan, ya que es un tema voluntario y no son sujetos de control político.
Sin embargo, Núñez mantuvo su criterio de que se está poniendo trabas a la investigación y responsabilizó a Zapata por la ausencia de los dos policías convocados.
Las reacciones
Rodrigo Fajardo, asambleísta de la Izquierda Democrática e integrante de la Comisión de Seguridad y de la Ocasional, reconoció que la investigación del caso le corresponde a la segunda, pero justificó el interrogatorio a Zapata con el argumento de que “mientras más tengamos información desde cualquier frente, será positivo”. Fajardo dijo que sólo aprovecharon la presencia del Ministro para conocer más del caso. La Comisión ocasional pidió 10 días de extensión del plazo para presentar el informe al Pleno. Según Fajardo, el informe está avanzado en un 80% pero, hasta el momento, al menos a su criterio, no se ha encontrado un nexo de Lasso con la corrupción en las empresas públicas, o que haya dado una orden directa. Por lo que el informe apuntaría a responsabilidad por otro lado: “Estamos analizando por el ámbito de la omisión. Estamos viendo desde la norma técnica jurídica para determinar responsabilidades”, dijo Fajardo.
Por su parte, el asambleísta de Pachakutik, Ricardo Venegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, manifestó que en el informe reservado que se ha divulgado está claro que, luego del proceso investigativo, no se logró establecer vinculación de Lasso con mafias albanesas. “La conclusión es que no hay nada, ya que, si hubiese algo, la Policía habría determinado las vinculaciones y se hubiesen hecho operativos para detener a los involucrados”, dijo. Agregó que los policías que investigaron el caso no pueden comparecer, ya que estarían cometiendo un delito por violar la reserva de la investigación.
Mientras que el jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, manifestó que ahora todas las comisiones creen que pueden convertirse en la del ‘Gran Padrino’, lo que es un error porque la Ley es clara y las comisiones tienen responsabilidades específicas. “Cuando se convoca para un tema, el presidente de la Comisión tiene que apegarse a ello. Si no lo hace, ya vemos cuáles son los intereses, que al final del día, no es la transparencia, sino perjudicar la imagen con la frase ‘no quieren responder, algo están escondiendo’”, aseguró Flores.
Agregó que manifestar que a Lasso se le responsabilizará por omisión es parte de la narrativa de la oposición para justificar un presunto cohecho y llevar al Presidente a juicio político. “El informe ya está listo, ya fue enviado desde México o desde Bélgica (países donde se encuentran los dirigentes correístas), lo que falta comprobar es quién le envió”, dijo Flores. Añadió que el propósito es establecer una responsabilidad y una supuesta causal sin pruebas para iniciar la interpelación. “La pregunta es si la Corte Constitucional avalará eso o no”, concluyó.
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