En el caso de Santo Domingo se repite todo lo que se viene repitiendo desde febrero del 2021: muertes, imágenes escalofriantes, objetos prohibidos hallados dentro de la prisión, promesas oficiales, impotencia. ¿Se puede evitar la siguiente matanza?
Todo pasa de nuevo. Una y otra vez. De nuevo circularon, a través de redes sociales, las imágenes sobre la matanza en la cárcel de Santo Domingo. De nuevo cuerpos sin cabeza, desmembrados y charcos de sangre.
De nuevo, muertos. Ayer, el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) confirmó que se registraba nuevamente una crisis dentro del sistema carcelario y hoy el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que son 12 las personas asesinadas que deja esta masacre.
El Ministro señaló que los equipos de inspección ocular técnica levantaron “45 piezas humanas” en el centro penitenciario de Santo Domingo. Antropólogos forenses y médicos legistas son los encargados de realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. Además, explicó que este proceso llevará algunos días.
De nuevo, el SNAI informó que debido a este hecho de violencia solicitaron el apoyo de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud Pública. En la tarde de ayer, esta entidad dijo que se retomó el control de esta cárcel y que se realizó el operativo en conjunto con las fuerzas del orden. Esta crisis también dejó a dos personas heridas.
El SNAI y la Policía realizaron una requisa en los pabellones de la cárcel de Santo Domingo y encontraron, de nuevo: armas de fuego, municiones, armas blancas, celulares “entre otros objetos prohibidos”.
Y, de nuevo, a recordar las cifras: en mayo de este año se produjo otra matanza en esa misma cárcel, en la que murieron al menos 44 presos. Y desde febrero del año pasado se han registrado ocho masacres carcelarias, algunas de las cuales han pasado a la lista de las peores de la región, y han dejado un total de casi 400 muertos.
Análisis
Claudia Garzón Padilla, criminóloga y excomisionada de la mesa de diálogo penitenciario en Ecuador, asegura que la crisis penitenciaria en Ecuador no sólo está dada por intereses individuales y colectivos, según organizaciones criminales, sino también por el abandono en el que se encontraba este sistema.
“No quiero decir con esto que estemos culpabilizando a algunas instituciones, porque tenemos una institución como es el SNAI, que desde hace 6 o 7 meses, desde que se encuentra el general Pablo Ramírez, se ha empezado a dar pasos de transformación, se ha empezado a darle un lineamiento de dignificación total”, asegura Garzón. Además, enfatiza que el peor error que puede cometer una sociedad es normalizar la violencia, como guerras y masacres.
“El proceso podría seguir avanzando hacia la paz penitenciaria. Significa que debe haber transformaciones, no sólo dentro de las cárceles, sino también en el sistema, en el Gobierno y en el Estado. Transformaciones donde se pueda trabajar significativamente cambios efectivos. Esos cambios efectivos deben ser un proceso, no de sometimiento, ni de rendición, sino un proceso de paz. Un proceso real de pacificación penitenciaria tiene que darse con una agenda”, dijo la excomisionada.
Itania Villarreal, exdirectora nacional de rehabilitación social, mencionó que, lamentablemente, no solo es normal la inseguridad en las calles, sino ahora también lo son las masacres carcelarias y que eso no debería suceder.
“(Las masacres) están dándose no de ahora, sino desde hace un año, con escalofriantes estadísticas, que ya llegan a los 373 privados de libertad; y por estar privados de su libertad no significa que sean menos seres humanos. Es lamentable que a raíz del 23 de febrero de 2021, cuando asesinaron a 79 privados de libertad hasta ayer no se hayan tomado los correctivos”, mencionó Villarreal.
La exdirectora nacional de rehabilitación social mencionó que los objetos prohibidos que se encuentran dentro de los centros penitenciarios durante las requisas, como los que se encontraron en la cárcel de Santo Domingo llegan allá porque no existe un control adecuado y menciona que, además, no se ha potenciado la situación tecnológica.
“Me atrevo a decir la presunta indiferencia de las autoridades, particularmente de quienes están administrando los centros de privación de libertad. Ellos tienen la obligación y la responsabilidad de realizar requisas cuantas veces ellos lo deseen, más aún cuando hay informes de inteligencia o amenazas a la vulnerabilidad de los centros de privación de libertad”, recalca.
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