En medio de hermetismo por parte del Gobierno, en la Asamblea se ha concentrado la polémica por el proceso para entregar a un consorcio privado este campo, vital para la producción petrolera del país. Se trata de otra muestra de la imposibilidad de Ecuador de expandir la frontera petrolera como había previsto.
POR: Juan Camilo Escobar
En teoría, el 2025 marcaría el cierre de un ciclo de cuatro años de preparación para que Ecuador eleve su producción de petróleo a un millón de barriles diarios a partir de 2026. Como parte de este plan, en julio del 2022 Petroecuador anunció la licitación de 20 campos petroleros, con el objetivo de atraer inversión privada y mejorar la extracción mediante tecnología avanzada. Entre estos campos destaca Sacha, considerado por la estatal petrolera como ‘la joya de la corona’, cuya producción, según proyecciones oficiales, podría pasar de 70.000 a 150.000 barriles diarios.
Sin embargo, dos años y medio después, los datos oficiales muestran que la producción petrolera no ha seguido la ruta prevista. En el 2024, el promedio diario se mantuvo en 475.272 barriles, lejos del millón proyectado para 2026. A esto se suma el impacto de la consulta popular de agosto del 2023, en la que los ecuatorianos decidieron cesar la explotación del bloque 43-Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), uno de los más grandes del país, que obligó a implementar un plan de cierre, hasta 2028, de sus 246 pozos, lo que redujo aún más las expectativas de producción.
Además, en enero el Gobierno revisó a la baja aquella meta inicial, que ahora aparece como lejana. En lugar de la proyección de un millón de barriles diarios, los nuevos objetivos son alcanzar 508.088 barriles en 2025 y un pico de 600.720 barriles en 2026.
Mientras tanto, el proceso de concesión del campo Sacha sigue sin resolverse y genera cada vez más controversia, mientras el Gobierno de Daniel Noboa mantiene un estricto hermetismo sobre su manejo. Por ahora, lejos de la meta inicial de 150.000 barriles diarios, el reporte de producción petrolera, actualizado al 30 de enero, muestra que Sacha produjo 73.506 barriles diarios, lo que representa el 15,6% de la producción total del país, que alcanzó los 472.257 barriles.
“Sacha tiene más de 50 años en producción y posee un crudo de grado API promedio de 24.9, cuenta con reservas estimadas en aproximadamente 350 millones de barriles de petróleo”, señaló Petroecuador el 22 de octubre del 2023, cuando anunció que dicho campo superó un hito histórico de producción de 76.005 barriles diarios
En pocas palabras, dos gobiernos consecutivos (Guillermo Lasso y Daniel Noboa) no han logrado cumplir el plan petrolero del país y tampoco han logrado concesionar el campo Sacha.
¿Por qué la controversia?
Trabajadores y extrabajadores petroleros denuncian presuntos actos de corrupción en el proceso impulsado por el Gobierno para delegar la operación a un consorcio privado internacional, que ofrece 1.500 millones de dólares.
Este 15 de febrero, por ejemplo, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y Petróleo, y el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, dijeron en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde fueron recibidos en comisión general, que el consorcio privado internacional promovido por el Gobierno no cumple con un requisito clave: contar con capital público. Según los sindicalistas, esto impide legalmente que el consorcio reciba una delegación directa para operar el campo.
Los representantes sindicales pidieron a la Asamblea Nacional que exhorte al Gobierno a suspender la concesión hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Argumentaron que el acuerdo ministerial que autoriza delegar el bloque se basa en reformas a la Ley de Hidrocarburos que fueron declaradas inconstitucionales.
Los sindicalistas también señalaron que el costo de producción de un barril en Sacha es de aproximadamente 8 dólares, el más bajo del país, y destacaron que Petroecuador ha incrementado la producción del campo en 16.000 barriles diarios en los últimos tres años. Aseguraron que esto demuestra la capacidad técnica y operativa de la empresa estatal. Por tanto, advirtieron que la concesión a un consorcio privado podría generar una pérdida superior a $1.000 millones para las arcas públicas, debido a la reducción de ingresos por la explotación directa del yacimiento por un consorcio privado.
Tanto los sindicatos petroleros como los asambleístas correístas pidieron este fin de semana que Petroecuador mantenga el control de las operaciones del campo y que se fiscalice a las gestiones que realiza el Gobierno para delegar la operación del campo Sacha, mientras que los asambleístas oficialistas acusan a sus opositores de obstaculizar la concesión con fines políticos.
¿Cuál es la postura de la Procuraduría?
El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, no tiene previsto emitir un pronunciamiento ni tomar acción sobre este tema, informaron este lunes fuentes de la entidad consultadas por Ecuador Chequea.
La semana pasada, Larrea se excusó de asistir a una comparecencia convocada por la Comisión de Fiscalización, argumentando que su despacho no ha recibido solicitudes para emitir pronunciamientos, autorizaciones ni informes de control de legalidad sobre un proceso precontractual o un contrato ya celebrado relacionado con el campo Sacha. Además, subrayó que la Procuraduría no tiene la facultad para autorizar la firma de contratos públicos, revisar su contenido ni realizar el control previo de legalidad.
También aclaró que la única autorización que puede emitir la Procuraduría antes de la celebración de un contrato público es la aprobación de cláusulas arbitrales extranjeras. No obstante, puntualizó que este asunto tampoco ha sido sometido a consideración de la entidad.
Antecedentes
El 26 de noviembre del 2024, la ministra de Energía , Inés Manzano, firmó el Acuerdo Ministerial 40, que autoriza la delegación de la gestión del campo Sacha a empresas internacionales. Esta medida fue justificada bajo la figura de «excepcionalidad», permitiendo que empresas estatales o subsidiarias de países extranjeros sean las encargadas de la exploración y explotación de hidrocarburos en este campo, uno de los más importantes de Ecuador.
En el marco de este acuerdo, la Ministra también instruyó al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) para que examine la propuesta presentada por dos empresas: Amodaimi Oil Company SL, subsidiaria de la gigante china Sinopec, y Petrolia Ecuador S.A., filial de la canadiense New Stratus Energy. Además, ordenó que Petroecuador, la empresa estatal responsable del campo Sacha, devuelva la operación al Ministerio de Energía.
El Gobierno trata este tema con estricta reserva. Tras casi tres meses de iniciado el proceso de licitación de este campo, su futuro se encuentra en manos del COLH, que tendrá la última palabra sobre si el Gobierno acepta o no la oferta del mencionado consorcio para operar el campo Sacha bajo la modalidad de delegación.
Por ahora, el 14 de febrero, mediante el Decreto Ejecutivo 535, el presidente Noboa designó a José Julio Neira como su delegado en este comité, un paso clave en la toma de decisiones sobre el futuro del campo.
Lo que está en juego
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían respondido a una solicitud de información con relación a los estudios económicos y financieros de la propuesta presentada por el consorcio.
En particular, la propuesta incluye un pago anticipado de $1.500 millones al Estado para asumir la operación del bloque 60 durante un período de 20 años. Sin embargo, aún no se ha precisado si este acuerdo representa una oportunidad estratégica o un riesgo para las finanzas del Estado ecuatoriano.
Además, las autoridades no han aclarado una posible fecha para la culminación del proceso de licitación, lo que deja incertidumbre sobre los plazos y las condiciones definitivas para la delegación de la gestión de Sacha.
En su momento, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, anunció que el proceso de concesión debía cerrarse a finales de enero.
Un poco de historia
El 1 de agosto de 2016, el campo petrolero Sacha, anteriormente administrado por la empresa mixta ecuatoriano-venzolana Río Napo, pasó nuevamente a control exclusivo de Petroamazonas, luego de la disolución de la sociedad con la petrolera venezolana Pdvsa. Esta decisión puso fin a una alianza que había sido establecida en 2008, cuando el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homólogo venezolano, Hugo Chávez (fallecido el 5 de marzo de 2023), acordaron la creación de la empresa mixta Río Napo con el fin de incrementar la producción de ese campo
La propuesta inicial de Pdvsa consistió en una inversión de hasta 440 millones de dólares por un 30% de participación en la empresa. El 70% restante de las acciones fue asumido por Petroamazonas que, en 2020, se fusionaría con Petroecuador. Sin embargo, la relación entre ambas compañías comenzó a deteriorarse, y el 31 de julio de 2015, la Superintendencia de Compañías de Ecuador declaró a Río Napo como inactiva, al no haberse presentado los balances financieros desde 2013. Ante esta situación, Pdvsa advirtió con recurrir a un arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano.
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