Este miércoles arranca el proceso, al que se dio trámite con 87 votos. Para la destitución se necesitan 92, el desafío de la nueva mayoría, que ahora sigue al correísmo, es obtener esos votos. Se viene la interpelación a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana.
Este miércoles, a partir de las 19:00, en el Pleno de la Asamblea, se cumplirá el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo; y de María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo, por presunto incumplimiento de funciones.
Se trata de una interpelación impulsada por la bancada correísta, que el domingo en la noche obtuvo 87 votos del Partido Social Cristiano, parte de Pachakutik y algunos independientes. Se abstuvieron la bancada oficialista, la Izquierda Democrática, otro sector de Pachakutik y unos pocos independientes.
Para llegar a la censura y destitución de las autoridades se necesitan 92 votos, por lo que, en teoría, el correísmo estaría a cinco votos de lograr su propósito. Sin embargo, la división en el interior de las bancadas genera incertidumbre sobre el resultado final que se obtenga: si logrará la misma votación, menos o más.
“Vamos a tener que esperar la definición de algunos asambleístas que han mencionado que han dado paso al juicio político porque quieren escuchar a los vocales de la Judicatura y hasta ahora no tienen una posición”, dijo el jefe del bloque oficialista, Juan Fernando Flores. El legislador confía en que no haya los votos para la censura y destitución, pero asegura que el correísmo y el Partido Social Cristiano harán de todo para lograr más voluntades.
Agregó que su bancada se reunió antes del Pleno del domingo y decidió abstenerse, ya que no hay ningún sustento legal para el juicio político y que se mantienen en ese criterio. Sin embargo, primero tendrá que dialogar con uno de sus legisladores, Mariano Curicama, quien votó a favor de que se cumpla la interpelación. “Me he comunicado con él y mañana tendré una reunión para conocer cuál es su posición y por qué votó a favor. Quiero conversar de manera personal y frontal para que las cosas queden claras”, dijo Flores.
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El resultado final también dependerá de la posición que adopte el bloque de Pachakutik, que no logra salir de esa profunda división interna. Aunque el jefe de esta bancada, Salvador Quishpe, ha manifestado en varias oportunidades y de manera pública que no apoyarán al correísmo en su “intento de tomarse la Justicia”, el domingo volvieron a votar divididos. Un sector del ala orgánica se abstuvo, pero otros asambleístas de este mismo sector se unieron a los llamados rebeldes para apoyar el llamado a juicio.
Las versiones de los asambleístas del ala orgánica son contradictorias. Ricardo Vanegas, que el domingo se abstuvo en la votación, dijo que en el juicio político mantendrá esa postura, ya que fue una decisión del bloque. “Yo soy un hombre de principios y me debo a un movimiento y debo cumplir con lo que me han dispuesto, no voy a cambiar mi votación”, dijo Vanegas.
En cambio, Jessica Castillo dijo que, si bien había la disposición de abstenerse, en el prepleno de la bancada se tomó la decisión de votar a favor de que se cumpla el juicio político, por lo que espera nuevas reuniones con Quishpe para unificar criterios. “Muchos compañeros se dejaron llevar por los rumores de que se habían dado notarías, puestos de trabajo, para que no se diera el juicio político”, aseguró la asambleísta.
La mirada también estará puesta en los asambleístas Rosa Cerda, Gissella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, que votaron a favor del juicio político, pero en la Asamblea se comenta que se deberá ver cuál es su postura final, luego de que el presidente, Guillermo Lasso, pidió a la Fiscalía que archivara la denuncia que había presentado contra ellos por presunta corrupción. Se intentó hablar con Cerda para que explique su voto y la proyección para este miércoles, pero no atendió los requerimientos de la prensa.
Siguiente objetivo: la mayoría del CPC
Con el juicio político a la Judicatura en su fase final, la Comisión de Fiscalización sesionó para calificar dos solicitudes de interpelación, conforme el orden en que se habían presentado. La primera, propuesta por Mireya Pazmiño y Salvador Maita (del ala rebelde de Pachakutik), en contra de la actual mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPC): María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, a quienes la oposición política señala como afines al Gobierno. Y la segunda solicitud presentada por Ricardo Vanegas y José Chimbo (del ala orgánica de Pachakutik) en contra de esos cuatro vocales más los tres restantes: David Rosero, Juan Xavier Dávalos y Sofía Almeida, a quienes se les señala como afines al correísmo y al Partido Social Cristiano.
La principal causal era la misma: incumplimiento de funciones, aunque por diferentes motivos. La asambleísta oficialista Ana Belén Cordero, integrante de la Comisión, mocionó que se unificaran y acumulen las solicitudes para seguir un solo proceso, ya que son los mismos funcionarios y forman parte de un órgano colegiado. Su moción no tuvo apoyo: se pronunciaron en contra cinco legisladores: los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova; más el representante socialcristiano, Pablo Muentes, y el independiente Bruno Segovia. A favor dieron sus votos los oficialistas Marco Troya, Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y el independiente Fernando Villavicencio.
Tras esta votación sólo fue calificado el juicio político contra los cuatro vocales de mayoría, propuesto por Pazmiño y Maita, con cinco votos a favor y cuatro abstenciones. Luego de que concluya este proceso, en unos dos meses aproximadamente, se calificará el propuesto contra la totalidad de las autoridades del Consejo.
“Es evidente que aquí se quiere avanzar con juicios políticos a la carta”, comentó Cordero. Vanegas dijo que es el resultado de una nueva mayoría en Fiscalización entre los socialcristianos y los correístas, para tomarse los organismos de control.
Villavicencio, presidente de la Comisión, dijo que es la confirmación de que “aquí priman los ceros y a veces los ceros a la derecha”. Denunció que Segovia le había manifestado que Pazmiño le había solicitado que asumiera la presidencia de esa mesa. La sesión concluyó de manera abrupta, en medio de los reclamos que a través de medios telemáticos le hizo Segovia a Villavicencio, solicitando la palabra al haber sido aludido. Villavicencio no dio paso a la réplica del legislador ni a al pedido de reconsideración de la votación que solicitaba Molina y clausuró la sesión.
El asambleísta Esteban Torres (PSC) aseguró que no había argumentos jurídicos para unificar los procesos y que no necesariamente se tienen que unificar las solicitudes.
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