El Consejo de Administración Legislativa inadmitió por segunda ocasión la solicitud de juicio político presentada por Luis Molina, asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien anticipó que presentará una tercera solicitud.
Por segunda ocasión el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominada por el oficialismo, frena el intento de la Revolución Ciudadana de fiscalizar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana: David Rosero, Johanna Verdezoto, Andrés Fantoni, Piedad Cuarán y Jazmín Enríquez.
Para la asambleísta Inés Alarcón (ADN), la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) detectó inconsistencias en algunas firmas electrónicas que acompañan la solicitud y, además, porque Molina tampoco consignó su firma electrónica en el documento.
La legisladora oficialista manifestó que no sabe si Molina incurrió de manera consciente en estas inconsistencias o es un problema de sus asesores ya que aseguró que la Revolución Ciudadana es experta en presentar este tipo de trámites.
Según información oficial, de las 46 firmas de respaldo que presentó Molina, 15 son inválidas al presentar problemas de integridad electrónica, un registro no incluyó la documentación de principalización del asambleísta respectivo por lo que con la depuración solo quedaron 30 firmas válidas, con lo que la solicitud no alcanzó el respaldo mínimo de una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea.
Alarcón dijo que los trámites deben cumplirse de manera transparente, responsable y con las formalidades que la Ley establece. «¿Quiénes firman los documentos? ¿Ellos o sus asesores? ¿No revisan los documentos?», fueron algunas de las interrogantes planteadas por Alarcón.
Un tercer intento
Por su parte Molina manifestó que todas las firmas electrónicas cumplían con los requisitos, incluyendo la suya, de la que dijo consta al final de la solicitud, después de los anexos. «Me parece una mamarrachada, es impresentable lo que acaba de decir ADN», aseguró el legislador.
Molina considera que el oficialismo intenta «blindar» al Consejo de Participación Ciudadana en momentos en que está en marcha el concurso para la designación de Fiscal General del Estado.
El legislador contó que el martes presentará una nueva solicitud de juicio político contra los consejeros, pero que está vez acompañará el documento con el respaldo de firmas físicas para evitar que el CAL le inadmita por tercera vez el documento con el argumento de que hay problema de identidad. Molina también aseguró que demostrará cuáles son los intereses de Rosero en la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura y que por eso dio su voto a favor.
Alarcón aseguró que la negativa del CAL nada tiene que ver con el concurso del fiscal ya que la decisión se tomó en base al informe que presentó la Unidad de Técnica Legislativa, aunque no tiene el carácter de vinculante.
