Los procesos judiciales en los que han estado involucrados los actuales candidatos a asambleístas de Bolívar se han solucionado con conciliaciones.
Tres de los 33 candidatos a asambleístas por Bolívar han tenido denuncias por presuntos actos violentos contra bienes y personas. La mayoría de casos se resolvieron con conciliaciones, reparaciones y hasta devoluciones de dinero.
Los candidatos de Bolívar tampoco son grandes deudores del SRI, apenas dos tienen acreencias en firme por 60 dólares.
Sin embargo, uno de cada tres postulantes a la Asamblea Nacional no ha causado impuesto a la renta en los últimos siete años, es decir once candidatos han registrado cero dólares en su declaración de impuesto a la renta desde 2017 a 2023. Y, por otro lado, nueve aspirantes tienen declaraciones pendientes con el SRI.
Cuatro de los 33 han sido funcionarios públicos de alto nivel como Patricio García García de Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) que fue Jefe Político de Guaranda y María Aguachela Chimbolema (CREO, lista 21) que ha sido prefecta y viceprefecta de Bolívar.
Entre los candidatos que quieren regresar a la Asamblea hay dos que también han sido gobernadores: Juan Carlos Camacho de Construye (lista 25) y Ricardo Aroca Rivadeneira de Súmate y Avancemos para Transformar Nuestra Provincia (lista 23-8).
El 20 por ciento de los candidatos tienen patrimonios altos que van desde los 100.000 dólares al medio millón. En este grupo constan tres asambleístas que van por la reelección y que declararon su patrimonio en noviembre de 2023 ante la Contraloría General del Estado.
Ellos son: Mariana Yumbay Yallico, de Pachakutik (PK), con 575.861 dólares; Henry Bósquez Villena de ADN, con 412.924 dólares y Juan Carlos Camacho de Construye con 236.047 dólares.
Nueve listas de tiendas políticas y dos alianzas competirán por las tres curules de Bolívar el próximo 9 de febrero en las elecciones a la Asamblea Nacional 2025.
*Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. Ecuador Chequea y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Casos judiciales solucionados “por las buenas”
César Javier Zurita Peña, candidato por el Movimiento Renovación Total (RETO, lista 33), trabajó en la Prefectura de Guaranda entre 2021 y 2024 como administrador y administrador del esmart-g de acuerdo con las declaraciones juramentadas de Contraloría.
Zurita Peña tiene un historial de procesos judiciales iniciados, algunos de los cuales se resolvieron a través de conciliaciones como el caso de presuntos daños a un auto del GAD de Guaranda luego de que, según declara su abogado en el expediente fiscal, se resarcieron los daños.
Zurita tuvo otro juicio por supuestos daños al bien inmueble de una persona que aceptó 600 dólares como reparación. En el historial judicial, consta que, luego de recibir el dinero, igual se le emitió una boleta de auxilio al denunciante contra Zurita. Existe otro proceso similar interpuesto por Galo Cherres contra Zurita por un presunto ataque violento a su auto. El juez archivó la causa.
Además, en la página web de la Función Judicial consta otra denuncia contra el candidato por presunto incumplimiento de una boleta de auxilio de su expareja. En el juicio se denuncia que César Zurita habría ido el 19 de mayo de 2019 al domicilio de su expareja para agredirla de manera verbal y física. En 2021, se determinó que el candidato no conocía la existencia de la boleta de alejamiento por lo que la jueza emitió sentencia absolutoria para Zurita. Intentamos contactarnos con el candidato, pero no obtuvimos respuesta.
Patricio García, de PSP, tiene registrado un proceso judicial por supuestas lesiones. De acuerdo con el proceso hubo una conciliación entre García y sus demandantes “consistente la misma en que las partes van a guardarse mutuo respeto tanto entre ellas” reza el documento. Esto ocurrió el 29 de abril de 2019. García García tampoco respondió a nuestra solicitud de contrastación.
Dalton Moreta Verdezoto, candidato por RETO nunca ha sido servidor público. Moreta registra un caso judicial por presunta estafa que fue archivado luego de una conciliación en la que Moreta habría devuelto 1.100 dólares a la mujer que lo demandó, más 1.200 dólares por reparación “a los golpes recibidos”.
Entre 2017 y 2021, Moreta registró dos otras acusaciones por presuntos casos de estafa (uno por 2.000 dólares y otro por 610 dólares). Las denuncias relatan una situación similar: que supuestamente Moreta pidió dinero por adelantado a sus clientes por honorarios y viáticos como abogado. Intentamos contactar con el candidato, pero no ha enviado su respuesta.
Errores en las declaraciones juramentadas
Mireya Katerine Pazmiño Arregui, actual candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) tiene un cargo vigente como docente en la Universidad Estatal de Bolívar.
Pazmiño ya fue legisladora, conocida por haber sido parte de “el ala rebelde de Pachakutik” al aliarse con el correísmo en la atropellada Asamblea que concluyó sus funciones luego de la “muerte cruzada” dictada por el entonces presidente Guillermo Lasso en 2023. Pazmiño tiene tres declaraciones de fin de gestión como asambleísta, cada declaración con valores diferentes de patrimonio: 7.149 dólares, 11.892 dólares y -476.271 dólares. La candidata confirmó a esta alianza periodística que se “habían confundido los valores y que la primera cifra es la correcta”.
Altas crecidas de patrimonio
Mariana Yumbay Yallico asambleísta por Bolívar y que va a la reelección con Pachakutik (lista 18) tiene uno de los patrimonios más altos de entre los candidatos de Bolívar con casi medio millón de dólares. Entre 2021 y 2023 su patrimonio creció en 269.653 dólares. Yumbay conversó con Fundamedios y explicó que el aumento se debe al cambio en los valores catastrales de sus inmuebles.
Juan Carlos Camacho Dávila, también es asambleísta y busca la reelección con Construye. Fue gobernador de Bolívar. Entre 2021 y 2023 su patrimonio creció en un 500 por ciento pasando de 39.000 dólares a 236.000 dólares. Le enviamos una solicitud de información pero no obtuvimos respuesta.
Henry Saúl Bósquez Villena también busca la reelección. Actualmente es asambleísta independiente y participa en las elecciones de 2025 con ADN (lista 7). En tres meses su patrimonio aumentó un 50 por ciento: en agosto de 2023 declaró a Contraloria 268.000 dólares y, en noviembre de ese mismo año su patrimonio era de 412.924 dólares. Es decir, hubo un crecimiento de 144.000 dólares en su patrimonio. Bósquez no respondió nuestras inquietudes.
María Aguachela Chimbolema es candidata por el Movimiento Creando Oportunidades (CREO). Aguachela ha sido prefecta, viceprefecta y supervisora de viveros del GAD de Bolívar. En cuatro años su patrimonio se triplicó pasando de 48.000 dólares en 2019 a 114.522 dólares en 2023. La candidata no ha respondido nuestras inquietudes.
Segundo Chimbo Chimbo, candidato por la RC, tiene seis declaraciones en el GAD de Bolívar con cargos de técnico y analista. Solo una declaración, la del 2024, tiene fin de gestión, el resto son periódicas. Entre 2017 y 2022 su patrimonio promedia los 44.000 dólares; en 2022, sube a 73.400 dólares y en las últimas dos declaraciones de 2024, tiene un patrimonio de 150.000 dólares. Buscamos su versión, pero no obtuvimos respuesta.
Revise aquí nuestra NewsApp sobre el análisis que se realizó a los registros públicos de 2.089 candidatos a asambleístas:
