Gracias a su mayoría legislativa, el oficialismo no dio paso al juicio político al Ministro de Defensa ni a la fiscalización de contratos con Progen. Varios sectores han comenzado a hablar de que está de vuelta la ‘comisión de archivo’, que cobijó al correísmo desde la Asamblea.
POR: Hugo Constante
El lunes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no alcanzó los votos necesarios para calificar la solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. La solicitud fue presentada desde el anterior periodo por el asambleísta correísta Héctor Valladarez, por presunto incumplimiento de funciones, como consecuencia de la desaparición y asesinato de cuatro menores de edad en las Malvinas (Guayaquil), ocurrido el 2 de diciembre de 2024.
Según la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) de esa época, la solicitud cumplía todos los requisitos de Ley, por lo que fue admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Era la época en que la Asamblea y la Comisión estaban dominadas por el correísmo.
Con los resultados electorales de febrero de este año, estas dos instancias pasaron a ser dirigidas por el ADN y su mayoría legislativa que, con la fuerza de los votos, bloqueó el intento de llevar Loffredo a la Comisión y al Pleno para que explique lo sucedido con el operativo militar que terminó con la desaparición de los menores.
La moción para calificar la solicitud de juicio político y que se sustancie en la Comisión de Fiscalización tuvo seis votos en contra: los cinco de ADN más su aliado de Pachakutik. La oficialista Nataly Morillo argumentó que la solicitud no cumplía con los requisitos de Ley, a pesar del informe en sentido contrario de la UTL. José Luis Nango, del grupo de Pachakutik aliado al Gobierno, manifestó que, al estar judicializado el caso, no se debe mezclar la política con lo que realiza la Fiscalía y los jueces. Así, cada uno de los seis asambleístas expresaron los argumentos para “blindar” al Ministro de Defensa.
Por su parte, los cuatro correístas votaron a favor de que comparezca Loffredo. Sus argumentos giraron con relación a que el país necesita respuestas; que no se le acusaba de nada a Loffredo, pero que era necesario que el Pleno conozca su versión de los hechos; que era necesario que las familias de los menores tengan una respuesta.
Sus argumentos no fueron tomados en cuenta por los asambleístas del oficialismo. “Si no quieren juzgar a sus ministros, digan de frente y nos ahorramos tiempo”, reaccionó la asambleísta Ana Herrera (correísta). Agregó que la fuerza de los votos marcará la agenda de fiscalización del presente periodo legislativo, por lo que teme que el control político a los funcionarios del Gobierno desaparezca en la práctica.
Pero el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), aseguró que el país quiere a sus ministros trabajando en territorio y pidió al correísmo que, si tiene pruebas contra Loffredo de incumplimiento de funciones, las presenten de forma fundamentada.
Otro bloqueo
En la sesión del Pleno de esta mañana, el legislador correísta Blasco Luna mocionó el cambio del orden del día para que se debata un proyecto de resolución para que se fiscalicen los contratos suscritos entre el Ministerio de Energía y la empresa Progen, encargada de los proyectos de generación térmica en Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos). El Gobierno ha informado que dio por terminados de manera unilateral los contratos con esta empresa debido a incumplimiento de los términos acordados. La moción tuvo 76 votos en contra, del oficialismo y sus aliados, por lo que el tema no fue incorporado al orden del día de la sesión.
Luna asegura que es una demostración de que la fiscalización en la Asamblea está vetada por el oficialismo, lo que generará la impunidad de las acciones del Gobierno. “Se acabó la fiscalización en la Asamblea”, reiteró Luna.
Para la asambleísta oficialista Inés Alarcón, sin embargo, la fiscalización no sólo se ejerce a través de la gestión institucional, sino que cada legislador puede realizar pedidos de información si tiene dudas de los procedimientos que se cumplen en el sector público. “Mientras no haya los elementos necesarios para el control político y se quiera seguir utilizando la fiscalización como un cheque en blanco para ejercer presión política, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo”, dijo la legisladora.
¿Vuelve la época del archivo?
Para Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, los dos bloqueos logrados por el oficialismo gracias a la mayoría que maneja en el Pleno y en la comisiones, demuestran que la Asamblea está por convertirse en una suerte de “comisión de archivo”, como la que operó durante el correísmo.
En aquella época, cuando el correísmo tenía el dominio de todas las comisiones, las iniciativas de fiscalizar a los funcionarios del Gobierno de Rafael Correa o las acciones de ese régimen terminaban por ser archivadas por la Comisión de Fiscalización.
“Se criticó tanto al correísmo porque archivaban todos los procesos y hoy están haciendo exactamente lo mismo”, dijo el legislador. Para Serrano, una Asamblea que no fiscaliza termina por convertirse en “patio trasero del Gobierno”, lo que raya en la impunidad. “La gobernabilidad incluye la fiscalización, por eso se crearon los poderes del Estado, para hacer contrapeso al poder Ejecutivo. Bloquear la fiscalización es impunidad y eso le hace más daño al Gobierno antes que a la oposición”, dijo Serrano.
El analista político Alfredo Espinosa considera que la historia ha demostrado que la fiscalización en la Asamblea no ha sido asumida como un proceso de control político serio, sino que ha sido usada como un espacio para el revanchismo, como en el Gobierno de Guillermo Lasso, que fue llevado a juicio político.
Mientras que en periodo de transición del presidente Daniel Noboa, dijo, la oposición saturó de pedidos de información a las instituciones públicas con el objetivo de hostigar a los ministros. “Ahora estamos en un tercer momento, regresamos a la Comisión de los archivos, ya que no se van a generar espacios de investigación del rol de los ministros y lo que se tratará es de opacar hechos polémicos del Ejecutivo”, dijo Espinosa. Para el analista, la ausencia de fiscalización genera impunidad.
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