POR: Hugo Constante
En la Asamblea las comisiones de Seguridad —dominada por el oficialismo—, y de Garantías Constitucionales —integrada por el correísmo—, entraron en una disputa pública sobre a quién le corresponde fiscalizar los hechos de violencia en el contexto del paro indígena que se desarrolla en el país desde hace nueve días.
Las dos comisiones iniciaron la finalización. Ayer lo hizo la de Seguridad, con el argumento de que es un tema que compromete la seguridad y defensa del país; hoy lo hizo la de Garantías Constitucionales, bajo la perspectiva de que se trata de un tema de derechos humanos, de criminalización de la protesta social. Los legisladores de esta mesa legislativa manifestaron que es de su competencia conocer presuntas violaciones de derechos colectivos e interculturales. La de Seguridad, a través de un comunicado, aseguró que ellos iniciaron primero la fiscalización argumentando que el país requiere seriedad, sensatez y el cumplimiento de normas. Las dos comisiones aseguran que continuarán el proceso de fiscalización y ambas se califican como las únicas facultadas para investigar los hechos señalados.
Se revive así una disputa entre ADN y la Revolución Ciudadana que tuvo su origen en el anterior periodo legislativo con, por ejemplo, un presunto tráfico de combustibles que en un caso involucraba a Santiago Noboa, hermano del presidente de la República, Daniel Noboa, y en otro caso al correísta Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; se disputaron también la fiscalización al derrame petrolero en Esmeraldas; y la compra de chalecos para los militares. Mientras que en este periodo legislativo la disputa se ha dado por los contratos de Progen, la crisis en los hospitales públicos, entre otros.
En esa dinámica, de lo que se ha podido constatar, las comisiones oficialistas se llenan de comparecencias de afines al Gobierno, y las comisiones correístas de opositores al régimen, por lo que los resultados son más que evidentes: en el primer caso con informes “salvando” de culpa al Ejecutivo y sus funcionarios; y en el segundo caso atribuyéndole todas las responsabilidades posibles por acción u omisión.
Las comparecencias
Mientras la Comisión de Seguridad se quedó en la aprobación de la resolución para dar inicio a la fiscalización de los actos violentos del paro nacional indígena, la de Garantías Constitucionales entró de lleno con comparecencias de representantes del movimiento indígena y de los familiares de las presuntas víctimas de la represión de la fuerza pública, especialmente de Imbabura. Frente al discurso del Gobierno, todos coincidieron en algo: no son terroristas, ni narcodelincuentes, ni le hacen el juego al crimen organizados. Marta Túqueres. Soledad Perugachi, Rafael Negrete, entre otros dirigentes y sectores de base del movimiento indígena, destacaron ante la comisión que son gente pacífica, trabajadora, que no buscan enfrentarse con los militares pero que han sido agredidos, maltratados, perseguidos en sus territorios y viviendas por miembros de la fuerza pública que más “parecen preparados para le guerra”, con armas de grueso calibre. Los delegados de las comunidades de Otavalo incluso recordaron que son conocidos en el mundo por sus artesanías, su cultura y su música, pero que casa adentro han sido criminalizados. Aseguraron que sólo quieren justicia y que esa justicia pasa por el respeto a sus derechos humanos, el respeto a la protesta social, a la resistencia frente a una medida como la eliminación del diésel que aseguran les afecta directamente.
El salón del quinto piso, donde funciona la Comisión de Garantías Constitucionales, estuvo repleto para escuchar de primera mano los testimonios de los presuntos afectados, de los que están sosteniendo el paro en las comunidades y carreteras del país. Sin embargo, entre tanto público y a pesar de la importancia del tema, no hubo un solo legislador oficialista presente, ni siquiera de la Comisión de Seguridad que defiende su derecho para fiscalizar el tema.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, solicitó a la Asamblea que inicie el juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el del Interior, John Reimberg.
El ambiente del paro
Hasta el cierre de esta nota continuaban cerradas por manifestaciones carreteras de Cañar, Chimborazo, Imbabura (que sigue siendo el epicentro de la protesta indígena), y en Pichincha, a la altura de Cayambe.
En Imbabura había acercamientos entre la Gobernación y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) para buscar una salida al paro. Sin embargo, Vargas manifestó que cualquier resolución debe ser puesta a consideración de las bases a través de asambleas populares para tomar decisiones colectivas. Mientras se espera esa reunión, comuneros se dirigían a Otavalo y, según reportes, marchaban junto a militares para prevenir cualquier desmán.
Ofensiva jurídica
La Fiscalía, a través de sus diferentes dependencias, ha iniciado investigaciones previas por diversos presuntos delitos que van desde intento de paralización de servicio público, asociación ilícita hasta enriquecimiento ilícito. Esta medidas judiciales no sólo son en contra de dirigentes sindicales como Edwin Bedoya, presidente del FUT, y Andrés Quishpe, de la UNE; también implica a líderes comunitarios de Azuay como Yaku Pérez y Lauro Sigcha; y a representantes de fundaciones que trabajan con el sector indígena, como Belén Páez, de la Fundación Pachamama.
La arremetida institucional no se queda atrás. Las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia por el secuestro de personal militar en el contexto del paro indígena, específicamente en Cotacachi, Imbabura. Mientras que el Ministerio del Ambiente presentó una denuncia por la presunta suspensión del servicio de agua potable en Ibarra, que habría ocurrido el 28 de septiembre. La denuncia es por presunta paralización de servicio público. Según el Ministerio, hay videos que evidenciarían cómo un grupo de personas habría roto de manera intencionada una tubería del sistema de distribución de agua de la empresa municipal a cargo de ese servicio.
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