El sector bananero comenzó el año con un incremento del 2,95% en sus exportaciones. Sin embargo, la histórica disputa entre productores y exportadores por el precio oficial de la fruta sigue sin resolverse. La inseguridad ha obligado a los productores a trabajar ‘a control remoto’.
POR: Juan Camilo Escobar
El sector bananero inició el año con un incremento en sus exportaciones, pero la disputa histórica entre productores y exportadores por el precio oficial de la fruta sigue sin resolverse.
Los exportadores piden a la Corte Constitucional que declare inconstitucionales dos artículos de la Ley del Banano que sancionan el incumplimiento en el pago del precio oficial, argumentando que afectan la seguridad jurídica, la propiedad privada y la proporcionalidad de las sanciones.
En respuesta, los productores advierten que la eliminación de estas disposiciones fomentaría la informalidad y pondría en riesgo cerca de 7.000 empleos, además de afectar la economía de las provincias bananeras.
Esta mañana, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Arcobanec) reportó que las exportaciones en enero de 2025 alcanzaron los 33,36 millones de cajas, un incremento del 2,95% en comparación con el mismo mes de 2024. Casi al mismo tiempo, la Asociación de Bananeros Orense y la Asociación de los Centros Agrícolas de Machala y El Guabo emitieron un pronunciamiento conjunto en el que pidieron a la Corte Constitucional que “actúe en derecho y archive la demanda de los exportadores, que pondría en riesgo a cerca del 90% de los productores”.
«En la audiencia, realizada el 5 de febrero, los exportadores no lograron demostrar que las normativas vigentes afecten la seguridad jurídica ni la propiedad privada, ni que hayan causado una disminución en las exportaciones. Además, el Ministerio de Agricultura no presentó pruebas de que se hayan ejecutado garantías o impuesto sanciones por incumplimiento. No han dicho cuáles exportadores han quebrado, en qué se vulnera la seguridad jurídica, no lo han probado», indicó el presidente de la Asociación de Bananeros Orenses, Segundo Lozano.
Advirtió, además, que la derogación de ambas normativas permitiría la imposición de precios spot o de libre compra-venta en el mercado, lo que podría reducir el valor de la caja a entre uno y dos dólares; es decir, entre el 13% y el 26% del «precio mínimo de sustentación» de 7,25 dólares establecido para 2025.
Lozano también recordó que en 2022, cuando los precios llegaron a ser tan bajos como uno y dos dólares por caja, se perdieron más de 21.000 hectáreas de cultivos, que aún no se han podido recuperar. “Con esos precios no se pudo realizar la más mínima labor de mantenimiento, ni de fumigación, ni pagar a los trabajadores, sino apenas a enfundar los racimos”, señaló, resaltando las graves consecuencias que estas fluctuaciones de precios tienen en la sostenibilidad del sector.
Hasta el cierre de esta nota, esperábamos una reacción del presidente de Arcobanec, Richard Salazar, quien ofreció proporcionar su comentario vía telefónica, en respuesta a este pronunciamiento conjunto de los gremios productores.
Sin embargo, en declaraciones recientes, Salazar ha cuestionado las elevadas sanciones impuestas por el artículo 4 de la Ley del Banano, que establece penalizaciones por incumplir con el Precio Mínimo de Sustentación (PMS) de 7,25 dólares para este año, así como el artículo 7, que sanciona los descuentos no autorizados en los pagos.
Así, el dirigente exportador ha sostenido que el gremio defiende la formalización del pago spot, al considerarlo una práctica con aceptación global, incluso entre los propios productores cuando el precio de la caja supera los 10 dólares. Además, ha argumentado que los precios oficiales generan menores ingresos para el sector y desincentivan la demanda internacional de la fruta.
LOS ARTÍCULOS EN DISPUTA
La Corte Constitucional inició el trámite de esta demanda a fines de enero, realizó una primera audiencia el 5 de febrero, la cual los dirigentes de los productores piden que se declare nula porque no se convocó a la Asamblea para que defienda la legalidad de la Ley del Banano.
El artículo 4 de la Ley establece sanciones por incumplimiento en el pago del Precio Mínimo de Sustentación (PMS) en la exportación de banano y que, en caso de determinarse el incumplimiento, se impondrá una multa que oscilará entre 25 y 50 veces el monto evadido o no pagado. Esa norma también ordena reliquidar y devolver a los productores la cantidad correspondiente.
La sanción incluye la suspensión de la exportación por un periodo de 15 días, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. En caso de reincidencia, la suspensión se extenderá a 30 días, y si el incumplimiento persiste por una tercera vez, la sanción será de 60 días. Si el exportador vuelve a incumplir por cuarta ocasión, se ordenará la suspensión definitiva de sus operaciones.
El artículo 7, en cambio, prohíbe descuentos no autorizados en las liquidaciones de pago de las cajas de banano. Así, cualquier exportador que infrinja esta disposición será sancionado con una multa equivalente al 500% de los valores indebidamente descontados, con la obligación de devolver al productor el monto correspondiente.
LAS CIFRAS POSITIVAS
En medio de este contexto, el gremio exportador reportó hoy que las ventas de banano ecuatoriano alcanzaron los 33,36 millones de cajas en enero de 2025, lo que representa un aumento del 2,95% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Este aumento fue impulsado por la creciente demanda de banano ecuatoriano en mercados clave, como la Unión Europea, que continúa siendo el principal destino de la fruta, con una participación del 32,61%. Los envíos a Europa aumentaron un 12,17%, consolidando su importancia para la industria. Otros mercados destacados fueron Estados Unidos, con un crecimiento del 14,39%, y Rusia, que experimentó un incremento del 4,69%. El mercado de Asia Oriental también mostró un notable ascenso, con el 16,94%.
“El aumento en las exportaciones responde a varios factores, incluidos cambios en las dinámicas comerciales globales y una mayor competitividad de la fruta ecuatoriana”, señala el comunicado de la Acrobanec.
Así, la expansión en mercados como Corea del Sur, que vio un aumento del 35,84%, se atribuye, en parte, a la decisión del gobierno surcoreano de eliminar los aranceles a 28 frutas y vegetales, incluido el banano, como medida para frenar la inflación.
No obstante, no todos los mercados mostraron resultados positivos. Las exportaciones hacia el Medio Oriente cayeron un 12,39%, mientras que los envíos hacia África y Asia Central disminuyeron significativamente, en un 47,09% y un 39,83%, respectivamente. Además, se registró una drástica caída en las exportaciones a Argelia, que redujeron un 93,46% debido a la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), lo que llevó a Argelia a boicotear las importaciones de banano de Ecuador.
Los factores climáticos en Centroamérica también jugaron un papel importante en este aumento de las exportaciones. La reducción en la producción de banano en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras debido a condiciones climáticas desfavorables hizo que las transnacionales demandaran más fruta ecuatoriana, especialmente para abastecer los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea.
Con un crecimiento sostenido, Ecuador continúa liderando el mercado global del banano, mientras enfrenta desafíos en algunos mercados clave y se beneficia de la expansión en otros, en un panorama dinámico y competitivo.
INSEGURIDAD
Además de enfrentar esta histórica disputa por los precios, los productores de banano en Ecuador también se encuentran lidiando con crecientes problemas de inseguridad. Lozano señaló que, según reportes de sus propios asociados, el 2024 concluyó con un trabajo «a control remoto» en al menos el 50% de las fincas bananeras de El Oro. Lozano indicó que los propietarios y administradores de estas fincas han sido objeto de amenazas por parte de grupos de delincuencia organizada, dedicados a extorsiones y secuestros.
“Entre el 50% y el 60% de las fincas trabajan a control remoto con sus administradores y mayordomos. Mediante cámaras y radiotransmisores se pide informes de cómo se fertilizan los lotes o de qué áreas se necesita controlar la sigatoka negra”, comentó.
José Sánchez, presidente del Centro Agrícola de El Guabo, subrayó la falta de acciones específicas en el plan de seguridad nacional para proteger las fincas bananeras más afectadas por la violencia. Sánchez lamentó que en las reuniones de trabajo del Bloque de Seguridad, no se haya considerado a los agricultores como una prioridad, a pesar de los crecientes riesgos de extorsión y secuestros que enfrentan.
Demandó que Policía y Fuerzas Armadas diseñen un plan de seguridad “focalizado” en las zonas agrícolas con más incidencia de problemas de inseguridad.
INVIERNO Y PLAGAS
En su pronunciamiento conjunto, los dirigentes de los gremios bananeros de El Oro y Los Ríos también indicaron que, aunque el impacto del inicio de la temporada invernal ha sido mínimo en las plantaciones, hasta el momento, las autoridades no han tomado medidas adecuadas para prevenir la propagación de plagas, recurrente cada año con el inicio de las lluvias.
Lozano señaló que, tanto el Ministerio de Agricultura como otras instituciones estatales no han implementado políticas agropecuarias permanentes ni brindado apoyo suficiente a los bananeros y agricultores del país. “El Instituto de Investigaciones Agropecuarias tiene excelentes científicos, personal capacitado y las mejores estrategias, pero al no contar con los recursos necesarios, su apoyo queda limitado a ciertas grandes empresas privadas”, comentó.
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