Daniel Noboa Azín cumple hoy dos años desde que asumió por primera vez la Presidencia de la República, el 23 de noviembre de 2023. Su gobierno —marcado por la declaración del “conflicto armado interno”, una economía que apenas se recupera y el reciente revés en las urnas— llega a este punto con cifras que muestran un país aún en tensión.
Violencia en máximos históricos
La seguridad ha sido el eje más visible del gobierno. Desde enero de 2024, el Ejecutivo mantiene la tesis del “conflicto armado interno” y ha emitido sucesivos estados de excepción para enfrentar a 22 grupos catalogados como terroristas.
Pese a ello, los datos muestran que la violencia letal continúa en ascenso.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) reporta que en el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios intencionales, un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024. El organismo señala que este es el semestre más violento desde que existen registros comparables.
El informe previo del OECO también recuerda que, entre enero y junio de 2024, el país había reportado 3.036 homicidios y una tasa semestral de 17,92 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, la tendencia no se ha revertido pese al despliegue militar, las intervenciones en cárceles y las reformas penales promovidas por el Ejecutivo.
Economía: leve recuperación, pero sin impacto estadístico en la pobreza
En el plano económico, Ecuador salió de la recesión de 2024 —cuando el PIB cayó 2 %, según el Banco Central del Ecuador (BCE)— y en 2025 muestra señales de rebote. El BCE estima para este año un crecimiento de entre 3,4 % y 3,8 %, impulsado por sectores como comercio y servicios.
Sin embargo, los indicadores sociales muestran que la mejoría aún no llega a la población más vulnerable.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en junio de 2025:
La pobreza por ingresos fue del 24,0 %, apenas 1,5 puntos menos que en junio de 2024.
El propio INEC aclara que esta variación “no es estadísticamente significativa”.
La pobreza extrema se ubicó en 10,4 %.
En el área rural, la pobreza alcanzó 41,7 %, más del doble del área urbana (15,7 %).
La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, fue de 0,444, con una ligera mejora respecto al año anterior.
En términos prácticos, las cifras muestran que la recuperación económica aún no se refleja en ingresos suficientes para los hogares ni en mejores condiciones de vida para la mayoría.
Incremento del IVA del 12% al 15%
El aumento del IVA del 12% al 15% entró en vigencia en abril de 2024 como parte de las decisiones fiscales adoptadas para enfrentar la crisis económica y de seguridad del país.
La medida quedó registrada en el Decreto Ejecutivo No. 198, emitido por el presidente Daniel Noboa y publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según información oficial del MEF, recopilada en su guía informativa pública, el incremento del IVA generó USD 1.319 millones adicionales para el Presupuesto General del Estado entre abril de 2024 y marzo de 2025.
El decreto que mantiene el IVA al 15% para 2025 establece que la tarifa debe sostenerse debido al déficit fiscal y al financiamiento de la agenda de seguridad nacional.
Eliminación del subsidio al diésel
El 13 de septiembre de 2025, el presidente, Daniel Noboa, eliminó oficialmente el subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126, publicado por la Presidencia de la República.
La medida puso fin a uno de los subsidios más costosos del país.
Según el propio Gobierno Nacional, citado en el documento y en su comunicación oficial, el subsidio al diésel representaba un gasto anual aproximado de USD 1.100 millones para el Estado.
En consecuencia, el precio del galón de diésel para el sector automotor pasó de USD 1,80 a aproximadamente USD 2,80, de acuerdo con los valores publicados tras la entrada en vigencia del decreto.
La medida desencadenó movilizaciones de transporte, comunidades rurales e indígenas que alertaron sobre el efecto en costos de producción, transporte y la canasta básica.
Un presidente reelecto, pero con un frenazo político
Noboa fue reelecto el 24 de mayo de 2025 para un periodo completo, después de su victoria en las elecciones anticipadas de 2023. Su popularidad inicial se apoyó en la promesa de enfrentar al crimen organizado con una estrategia de fuerza.
Sin embargo, el 16 de noviembre de 2025, la ciudadanía le dio un claro mensaje político. En la consulta popular y referéndum convocada por el Ejecutivo —que incluía preguntas sobre bases militares extranjeras, reducción del número de asambleístas, cambios en el financiamiento de partidos y la posibilidad de una Asamblea Constituyente— el “No” ganó en las cuatro preguntas, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Analistas han interpretado este resultado como “el primer frenazo” al proyecto político del mandatario, que buscaba ampliar su margen de maniobra institucional a través de reformas constitucionales.
Derechos humanos y militarización bajo observación
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado preocupación por el uso reiterado de estados de excepción y el rol ampliado de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno. Diversos informes advierten sobre denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y limitaciones al trabajo de periodistas y defensores de derechos.
El Gobierno ha defendido estas medidas como “necesarias” ante la violencia extrema que enfrenta el país, pero los datos muestran que el impacto aún es insuficiente para reducir los indicadores delictivos.
Un balance abierto
A dos años del inicio de su primera administración, el balance del gobierno de Daniel Noboa exhibe contrastes:
Seguridad: aumento de homicidios y persistencia del crimen organizado, pese al despliegue militar y a las reformas penales.
Economía: rebote del PIB en 2025, pero sin mejoras significativas en pobreza ni desigualdad.
Política: reelección con respaldo mayoritario, seguida de un revés contundente en la consulta de noviembre de 2025.
Gobernabilidad: una sociedad que parece exigir resultados concretos más allá de declaraciones de guerra y medidas excepcionales.
Los próximos meses serán clave para saber si el Gobierno logra traducir su agenda de seguridad y recuperación económica en cambios reales para la población, especialmente en un país que continúa enfrentando niveles inéditos de violencia y desigualdad.
