Sebastián Yunda, hijo del Alcalde de Quito, Jorge Yunda, debe presentarse el lunes ante un juzgado por el caso en que se investigan los chats de su celular.
Prohibición de salida del país, presentarse lunes y viernes en la Unidad Judicial Iñaquito y uso de grillete electrónico son las tres medidas alternativas que el juez Máximo Ortega impuso a Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien ayer fue vinculado a la instrucción fiscal por asociación ilícita que investiga chats de su télefono y que demostrarían actos de corrupción en el Municipio de Quito.
Juez Máximo Ortega dicta prisión preventiva a César Y. A Sebastián Y., presentaciones periódicas (lunes y viernes) en el Complejo Judicial Norte, uso de grillete electrónico y prohibición de salir del país. Además, prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas para ambos.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 20, 2021
El juez no dictó prisión preventiva en contra del hijo del alcalde, con el argumento de que el presunto delito que se investiga no es por asesinato, ni violación, ni siquiera peculado u otro delito grave, que suponga conmoción social. Sólo por asociación ilícita, que se sanciona con pena de tres a cinco años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal.
El juez Ortega no sólo evitó dictar prisión preventiva sino que, al conocer que según informes de Interpol Sebastián Yunda se encuentra en Bolivia desde marzo pasado, decidió darle la oportunidad de que regrese al país y se presente en el juzgado desde el lunes 27 de septiembre y que el grillete electrónico se le coloque el viernes primero de octubre. “No le voy a decir venga y preséntese mañana. (…) Hay que darle tiempo” de que regrese al país, justificó al juez, durante la audiencia de vinculación, que se cumplió el lunes 20 de septiembre.
El abogado penalista Leonardo Tipán considera que no es usual ni normal que un juez dé este tipo de facilidades a una persona a la que ha dictado medidas alternativas. “Es sorprendente que un administrador de justicia tenga que estar a disposición del procesado”, dijo el abogado.
Tipán considera difícil que Yunda regrese al país a cumplir las medidas alternativas, por lo que, jurídicamente, se deberá dictar la orden de prisión preventiva. «Obviamente, eso estará nada más que en papeles, ya que no se le podrá traer de donde esté escondido”, dijo.
Édgar Molina y Gabriela Moreira, abogados de Sebastián Yunda, garantizaron que su defendido regresará al país y el lunes estará presentándose en el juzgado.
El caso
Sebastián Yunda fue vinculado al proceso que investiga los chats que se encontraron en su celular durante un operativo que se cumplió en la casa de su padre, por otro proceso relacionado a la compra irregular de pruebas PCR para detectar el coronavirus.
Los chats demostrarían que usaba el despacho de la Alcaldía para sus negocios particulares, pero relacionados con obras y proyectos del Municipio. Un informe del portal Código Vidrio, bajo el título de ‘Baby Yunda tuvo la Alcaldía a sus pies’, establece cómo se dio la trama de corrupción que involucra a otros familiares del Alcalde de Quito y a su personal cercano en el Municipio.
El 2 de septiembre, la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional ejecutaron 18 allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil relacionados con este caso.
#AHORA | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan allanamientos simultáneos en #Quito y #Guayaquil, relacionados con los chats encontrados en el celular de Sebastián Y., que tendrían conexión con el Municipio capitalino (en desarrollo). #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/esTqD8r43C
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 2, 2021
El 3 de septiembre se formuló cargos contra seis involucrados, entre ellos Christian Hernández, sobrino y exasesor del alcalde; Cinthya Puga, exjefa de despacho; y Adrián Haro, gerente de EMSeguridad, y se abrió la etapa de instrucción fiscal.
Tipán informó que esta etapa implica la investigación de los hechos y la participación de las personas vinculadas, donde cada una de las partes aporta su prueba, ya sea de cargo o de descargo. Concluida la instrucción, el fiscal solicitará al juez que señale día para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que será convocada en un plazo no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince.
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