Gremio automotor, expertos legales y usuarios respaldan la propuesta gubernamental, pero advierten que sin una reforma legal corre el riesgo de quedarse en el anuncio.
POR: Juan Camilo Escobar
Representantes del sector automotor, expertos legales y usuarios de vehículos eléctricos coincidieron en respaldar la intención del presidente, Daniel Noboa, de reducir a $10 la matrícula para automotores eléctricos, pero advirtieron que la medida aún carece de sustento legal, enfrenta limitaciones derivadas de la alta carga tributaria y está lejos de resolver los problemas estructurales relacionados con la escasa infraestructura de carga rápida, sobre todo fuera de Quito y Guayaquil.
Juan José Abad, director de Asuntos Económicos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), calificó la medida como un paso positivo que puede incentivar la adopción de tecnologías limpias y acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. Tras recordar que el valor total de la matrícula para vehículos eléctricos puede alcanzar entre 500 y 1.000 dólares, sostuvo que la medida podría impulsar un crecimiento adicional del 5% al 10% en las ventas de este tipo de unidades.
Abad se refirió a la experiencia de recarga de los usuarios y dijo: “quizás esa es una de las preocupaciones más importantes que todavía tenemos”. Reconoció que el desarrollo de infraestructura ha crecido “de forma importante en los últimos dos años”, aunque explicó que esta expansión se concentra en la capital y la ‘Perla del Pacífico’, donde está instalado “más del 80% de los cargadores públicos”, así como el 85% de las ventas de vehículos eléctricos.
Según datos de la Aeade, hay alrededor de 280 cargadores públicos contabilizados en el país, sin incluir los dispositivos instalados en domicilios u oficinas privadas. “Están muy concentrados sobre todo en estas dos ciudades”, dijo.
En lo que va de 2025, según el gremio, las ventas de vehículos eléctricos nuevos en el país han crecido un 142% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando las 1.200 unidades vendidas entre enero y mayo. Este incremento en las ventas de los vehículos eléctricos, recordó Abad, contrasta con la “caída que ha sufrido el mercado de casi el 8%” en los primeros cinco meses de este año. Así, la Aeade estima que este año podría cerrar con cerca de 3.000 unidades colocadas en el mercado, es decir un 2.6% dentro de un total proyectado de 110.000 vehículos nuevos.
El director de Aeade advirtió que la alta carga tributaria que pesa sobre el sector automotor continúa afectando la competitividad y el acceso. “En el caso de los vehículos con motor de combustión interna, los tributos pueden representar entre un 60% y hasta un 120% del valor real del vehículo”, explicó.
Si bien los vehículos eléctricos gozan de exoneraciones clave —como aranceles, IVA e Impuesto a los Consumos Especiales—, otros gravámenes como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) siguen vigentes. En conjunto, los tributos aplicables a los eléctricos representan entre un 15% y 20% del valor del vehículo, según estimaciones de la entidad.
Juan José Abad recalcó que la falta de cargadores de alta capacidad limita considerablemente los desplazamientos de largo alcance, pese a que los modelos más recientes ya superan los 500 kilómetros de autonomía. “Una de las grandes limitaciones que existe todavía en Ecuador es la falta de infraestructura de carga rápida”, señaló.
Para resolver este déficit, el representante gremial consideró clave la participación del Estado en el desarrollo de infraestructura estratégica. “Necesitamos varios factores, sobre todo, tratar de entender de una manera consolidada todas las necesidades que tiene la movilidad eléctrica en el país”, indicó. Añadió que las inversiones necesarias “deben ser motivadas por el sector público”, especialmente para implementar cargadores rápidos “en los corredores viales del país”.
Aunque en el ámbito urbano los recorridos están “bastante cubiertos”, y muchos usuarios sólo requieren una o dos recargas semanales, Abad advirtió que en los trayectos interurbanos “existen mayores complicaciones”. No basta con instalar cargadores, recalcó, “porque muchos de ellos son lentos, por debajo de los 10 kilovatios”.
Lo que se requiere son equipos que permitan “recargas en tiempos inferiores a una hora, idealmente”, a fin de garantizar la continuidad del viaje en rutas como la Panamericana o conexiones hacia la Costa o la Sierra.
Medida aún carece de normativa técnica
El anuncio del presidente, Daniel Noboa, realizado el lunes, a través de su cuenta oficial de Instagram no fue acompañado o complementado por una norma para su aplicación concreta. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno tampoco había aclarado si la tarifa preferencial aplicará únicamente a vehículos nuevos o también a aquellos ya matriculados y, sobre todo, la posible fecha de su entrada en vigencia. Así, en el Servicio de Rentas Internas (SRI) señalaron que diferentes áreas técnicas y legales de la entidad, evalúan con varias instituciones del Estado los mecanismos de implementación de la medida.
Esta propuesta del Gobierno fue recibida con cautela por el abogado tributarista y exdirector tributario del Municipio de Quito, Edwing Palma, quien advirtió que la medida no puede aplicarse sin una reforma legal aprobada por la Asamblea Nacional.
Así, explicó que el impuesto que busca reducir —el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, recaudado por el SRI— está regulado por la Ley conocida como ‘Ley 2001-41’, que sólo puede ser modificado mediante una norma con rango de ley.
“Existe un principio de reserva de ley en materia tributaria. Eso significa que cualquier cambio a la tarifa o al cálculo del impuesto debe tramitarse mediante una reforma legal. No basta con un anuncio del Ejecutivo”, dijo Palma.
El experto también aclaró que el valor que los ciudadanos pagan cada año por la matriculación de sus vehículos no corresponde a un solo impuesto, sino a una suma de rubros de origen nacional y municipal.
“Cuando matriculas un vehículo, pagas el impuesto nacional que recauda el SRI, tasas de la Agencia Nacional de Tránsito, y además un impuesto municipal más la revisión técnica vehicular”, explicó. “La propuesta del Presidente se entendería como una reducción específica al impuesto del SRI, pero no implica que todo el proceso de matriculación vaya a costar 10 dólares”.
Según el mecanismo vigente, el impuesto del SRI se calcula sobre un avalúo tributario que se actualiza cada año. Ese valor suele ser inferior al precio comercial del vehículo. La propuesta oficial, hasta ahora, plantearía una tarifa fija de 10 dólares para vehículos 100% eléctricos, aunque no se han ofrecido mayores detalles técnicos o legales.
Usuarios de autos eléctricos
Cristian Chamorro, propietario de un vehículo eléctrico de fabricación china, tipo SUV (vehículo utilitario deportivo, por sus siglas en inglés), considera positiva la intención del Gobierno de reducir a $10 la tarifa de matriculación para automotores eléctricos, pero advierte que la falta de electrolineras de carga rápida en carreteras sigue siendo un obstáculo para los viajes largos fuera de Quito.
Chamorro, quien reside en el Valle de los Chillos, suroriente de Quito, utiliza su vehículo para recorridos cortos dentro de la ciudad y asegura que su experiencia ha sido eficiente y económica. “Yo cargo el carro en mi casa una vez por semana, con un cargador lento que me entregó la fábrica. Para el uso cerca de casa es más que suficiente”, relató.
Sin embargo, señaló que la infraestructura actual no cubre las necesidades de quienes desean hacer trayectos interprovinciales. “Queremos ir a Esmeraldas, pero con una sola carga no regreso. Debería haber una electrolinera de carga rápida en un punto intermedio como Santo Domingo. De lo contrario, me puedo quedar varado”, dijo.
Chamorro reconoció el ahorro que ha representado su vehículo eléctrico. Su factura eléctrica aumentó en apenas 20 a 22 dólares mensuales, frente a los 80 dólares que gastaba anteriormente en combustible. “Es un ahorro del 75%”, aseguró.
Desde el punto de vista del usuario, también destacó las ventajas técnicas de estos vehículos en zonas de la Sierra. “Aquí en Quito tenemos muchas cuestas. El par motor de los eléctricos permite subir sin problema, a diferencia de los autos a gasolina, que muchas veces se quedan a media cuesta”, afirmó.
Por su parte, Palma valoró el enfoque de incentivo detrás del anuncio presidencial. “Los tributos, a escala mundial, no sólo sirven para recaudar, también pueden utilizarse como herramientas de política pública. En este caso, se busca incentivar el uso de vehículos eléctricos sobre los de gasolina, lo cual tiene un componente ambiental importante”, señaló.
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