Los abogados de la Vicepresidenta solicitaron más tiempo para examinar nueva documentación incorporada por el Ministerio del Trabajo. La audiencia quedó para el próximo lunes. ¿Cuáles fueron los argumentos de los amicus curiae?

POR: Hugo Constante

A petición de Dominique Dávila y Damián Armijos, abogados de la vicepresidenta (suspendida) Verónica Abad, la audiencia de acción de protección propuesta en contra del Ministerio del Trabajo se suspendió hasta las 09:00 del próximo lunes, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. 

Los abogados de la segunda mandataria, quien se encuentra suspendida del cargo por 150 días  por  un sumario administrativo en su contra emitido por esa Cartera de Estado, manifestaron que solicitaron este nuevo diferimiento para tener tiempo de analizar las 459 fojas adicionales que el Ministerio incorporó, de último momento, al proceso. “El expediente, que al inicio era de siete cuerpos, ahora es de 17; por lo que es imposible que en menos de 24 horas se realice una defensa técnica”, dijo Dávila. 

Es la tercera vez que se difiere la audiencia. De acuerdo con los momentos procesales, deberá retomarse el lunes, con la réplica de la defensa de Abad a lo expuesto por el Ministerio, que, a su vez, tendrá derecho a la contrarréplica para, finalmente, cerrar con la intervención del equipo jurídico de la Vicepresidenta, tras lo cual la jueza a cargo del proceso, Nubia Vera, deberá retirarse a preparar el fallo. 

Armijos manifestó que en la nueva documentación que presentó el Ministerio hay información alejada al caso, como sentencias de la Corte Constitucional que, para él, no corresponden a lo que se está analizando. “El derecho a la defensa no se garantiza únicamente con la presencia de abogados, sino con una efectiva defensa técnica que tenga el tiempo suficiente para poder revisar lo que existe dentro del proceso”, dijo Armijos, al justificar el pedido de que se suspenda la audiencia. 

Abad manifestó que en las dos horas de receso que al mediodía dio la jueza era imposible analizar toda la documentación incorporada por el Ministerio, pero espera que el fallo final le permita retomar su despacho. Destacó la decisión de la Corte Constitucional de inadmitir a trámite un pedido de interpretación solicitado por la Asamblea para que aclare aspectos relacionados a la suspensión de Abad a través de sumario administrativo. El organismo constitucional respondió que no hay nada que interpretar, ya que las causales están contempladas explícitamente en la Constitución. “La Corte Constitucional lo que dijo fue lo obvio: lo que está escrito y está claro, no necesita interpretación. Y, lo vuelve a decir, porque los que sabemos mínimamente leer, entendemos que este es el orden jurídico y que conmigo se ha cometido una injusticia”, expresó Abad y aseguró que es momento de defender la libertad y la democracia.

Apoyo mayoritario a Abad

Durante la jornada de hoy, antes que se suspendiera la audiencia, se escucharon 16 amicus curiae (amigos de la corte), en su gran mayoría juristas que no son partes procesales pero que exponen sus argumentos como insumos para ayudar a resolver la causa. 13 de esos amicus se pronunciaron a favor de que se acepte la acción de protección a favor de Abad. Los principales argumentos fueron que el Ministerio del Trabajo no tiene competencia para abrir una sumario administrativo ni para sancionar a un funcionario de elección popular; que el control político al Presidente y la Vicepresidente se ejerce a través de la Asamblea; que a la segunda mandataria no se le garantizó el debido proceso, entre otros. 

Miguel Molina, por ejemplo, manifestó que abrir un sumario administrativo a un Vicepresidente de la República, cualquiera que este sea, constituye una aberración. Añadió que Abad nunca ha dejado de ser vicepresidenta, así haya sido designada por el Gobierno como embajadora en Israel, y que al haber designado a Sariha Moya como vicepresidenta temporal constituye usurpación y arrogación de funciones. 

Para Tania Torres el caso tiene claros tintes políticos y debe ser tratado con un enfoque de Derechos Humanos y de género. En cambio, para la abogada Dolores Miño se ha violado el debido proceso para ser juzgado por autoridad competente, imparcial e independientes.

En tanto que los tres amicus que intervinieron para solicitar que se niegue la acción de protección lo hicieron con los argumentos de que no se ha determinado la vulneración de derechos constitucionales; que no se debió recurrir a esa figura jurídica sino a la de apelación de la sentencia y que hay dos acciones de protección propuestas por similar causa. 

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