Pericia psiquiátrica en caso ‘Reconstrucción de Manabí’ determina que su enfermedad mental es tratable y no afecta su conciencia ni inteligencia.
POR: Hugo Constante
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) inició el juicio en contra del exvicepresidente de la República Jorge Glas, por presunto peculado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, donde la Fiscalía asegura que hubo mal uso de los recursos que se recaudaron a través de la Ley de Solidaridad, emitida para atender a las poblaciones afectadas por el terremoto de abril de 2016.
La audiencia se instaló una vez que se realizó la evaluación psiquiátrica a Glas, cuyo resultado, según el fiscal general, Wilson Toainga, determina que el exvicepresidente no presenta ningún tipo de afectación que impida el desarrollo del juicio.
El informe fue cuestionado por Andrés Villegas, abogado de Glas, quien lo calificó de sesgado, por lo que pidió una segunda opinión y que se suspenda la instalación del juicio hasta entonces. Sin embargo, la jueza ponente, Mercedes Caicedo, consideró que no había motivos para postergar la instalación.
El informe pericial psiquiátrico, suscrito por la perito Ángela Salazar y que consta en el expediente, concluye que Glas presenta una enfermedad mental grave de curso crónico, pero que puede mejorar con el tratamiento, que no le afecta la conciencia ni la inteligencia.
Además, se recomienda que continúe con las atenciones médicas y psicológicas en la cárcel en la que está recluido, aunque por el momento está en la cárcel número 4 de Quito para asistir de manera presencial al juicio.
Los dos hijos de Glas estuvieron presentes en la sala de audiencias de la CNJ.
La audiencia
Aparte de Glas, también se encuentra enjuiciado Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, quien vive en Estados Unidos, pero asiste a la audiencia de forma virtual.
Toainga los acusó de autores directos del presunto delito de peculado, al haber hecho mal uso de los fondos recaudados por la Ley de Solidaridad, destinados a atender a los afectados por el terremoto de abril de 2026, recursos que se destinaron a obras que no eran prioridad.
El perjuicio ascendió, según la Fiscalía, a 225’395.910 dólares.
Toainga dijo que Glas y Bernal viabilizaron proyectos como la construcción del puente sobre el río Mataje, facilidades pesqueras en Chamanga, Crucita y otros, que se hicieron por contratación directa, a pesar de no ser parte de la emergencia.
Villegas aseguró que el proceso es una «patraña» y que lo expresado por la Fiscalía con relación a la priorización de las obras era una falacia, ya que todos los contratos principales estaban firmados y en ejecución en mayo se 2017, fecha en la que la Fiscalía asegura que se tomaron las decisiones para favorecer la construcción de ciertas obras.
Mientras que Roberto Calderón, abogado de Bernal, dijo que «reconstruirá» la verdad frente a argumentaciones que carecen de sustento. Aseguró que Bernal no pudo haber participado en la toma de decisiones porque no tenía voto.
El abogado pidió que se declare la nulidad del proceso desde la formulación de cargos, ya que el delito de peculado, a la fecha del cometimiento del presunto delito, tenía que contar con informe con indicios de responsabilidad penal, lo que no ha ocurrido en este caso.
El inicio
En este primer día de juicio y hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía presentó tres testigos y una perito.
Byron Pacheco, exprocurador del Consejo de Participación Ciudadana, que en el 2020 presentó a nombre de la institución una denuncia por presunta delincuencia organizada en contra de los integrantes del Comité de Reconstrucción, manifestó que se adjudicaron obras a una empresa entre cuyos socios constaban el cuñado y la esposa de Bernal.
Mientras que Nelson Alcívar, alcalde de Pedernales a la fecha del terremoto, cuyo epicentro fue ese cantón manabita, indicó al Tribunal que solicitaron proyectos de agua potable, alcantarillado, regeneración urbana y unidades educativas, pero que el Comité de Reconstrucción priorizó otros proyectos, como la construcción de facilidad pesquera en Cojimíes, que no eran de su prioridad, ya que hasta la actualidad hay estudiantes que reciben clases en escuelas móviles.
El juicio continuaba hasta el cierre de esta nota. La Fiscalía anunció que presentaría 27 personas, entre testigos y peritos, 20 de manera presencial y 7 vía telemática.
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