A las 21:00 de hoy y de manera presencial sesionarán los miembros de la Comisión de Fiscalización para tratar la sentencia que obliga a retomar juicios políticos y para avocar conocimiento del proceso contra la fiscal general, Diana Salazar.
POR: Hugo Constante
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene previsto sesionar esta noche, a las 21:00 y de manera presencial, para analizar la sentencia del juez que ordenó retomar los tres juicios archivados en contra de exfuncionarios de Guillermo Lasso; y para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, reactivado a petición de la propia funcionaria.
La sesión para tratar el tema de la sentencia había sido convocada para el sábado, pero se suspendió por el apagón que afectó a gran parte del país. La nueva convocatoría sorprendió por el horario y por la modalidad.
Los nueve integrantes de la Comisión son de otras provincias. El asambleísta Lenin Rogel (PSC) es de Galápagos y aseguró que está en Quito desde la mañana de ayer, a pesar de que no tenía conocimiento de que se iba a generar esa convocatoría para esta noche, por lo que la misma le sorprendió. Dijo que ignoraba las causas para sesionar tan tarde y de manera presencial.
El juez Édgar Romero ha impuesto una multa diaria equivalente a la mitad del salario básico a los integrantes de la Comisión, al considerar que no se está cumpliendo su sentencia. Los legisladores Ramiro Vela (independiente), Luis Alvarado (oficialismo) y Adriana García (Gente Buena), todos miembros de la mesa, remitieron un escrito al juez solicitando que se deje sin efecto la multa, ya que ellos no tiene la potestad de convocar a sesión, porque eso le corresponde sólo a la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre (correísmo).
La previa de la sesión
La asambleísta Inés Alarcón (oficialismo), quien puso la acción de protección para que se reactivaran los juicios políticos contra los exfuncionarios de Lasso, manifestó que la sentencia del juez es de cumplimiento obligatorio y que la primera medida para hacerlo son las multas, pero que podría también llegar a la destitución de los asambleístas que desacaten la medida. “Lo digo y me mantengo: eso es lo que ocurre cuando no se cumple una sentencia”, declaró. Alarcón insiste en que primero debe tratarse el juicio político a Salazar y luego el de los tres exfuncionarios de Lasso, que fueron archivados por la Comisión por el retiro de las firmas de apoyo. La legisladora asegura que, una vez que sea notificada por Fiscalización con el reinicio de los juicios políticos, presentará en secretaría las firmas de respaldo en reemplazo de las que fueron retiradas, con lo que se cumplirán todos los requisitos.
Sin embargo, la legisladora Gissela Garzón (correísmo), proponente del juicio político contra Salazar, manifestó que en lo único que están de acuerdo con el oficialismo es que se debe retomar primero ese proceso, ya que inclusive fue un pedido de la propia Fiscal.
Garzón difiere en dos puntos sobre el orden de prelación de las solicitudes de interpelación en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y de Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. Cada uno de ellos debe tratarse por separado.
El primer desacuerdo es sobre el tratamiento de las firmas de respaldo a esos procesos. Asegura que estas primero deben pasar por el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debe verificar el cumplimiento de las mismas previo un informe de la Unidad de Técnica Legislativa y luego, con el informe del cumplimiento de requisitos, remitir a Fiscalización para que avoque conocimiento e inicien los procesos.
Y un segundo punto de desacuerdo son los tiempos para los juicios políticos. La sustanciación del juicio a la Fiscal tomará en promedio un mes, por lo que estaría concluyendo entre mediados y finales de octubre.
La polémica se centra en lo que vendría luego. A Corral, Arosemena y Montalvo sólo se les puede enjuiciar políticamente hasta el 23 de noviembre de 2024. La normativa señala que los exfuncionarios son sujetos de juicio político hasta un año después de haber terminado sus funciones. Los tres concluyeron sus labores el 23 de noviembre de 2023, junto con la gestión de Lasso. “¿Revisaron los asambleístas de ADN el tiempo que nos da la Ley para poder fiscalizar? Porque ya mismo se cumple un año de la salida de los tres funcionarios”, cuestionó Garzón.
Son cuestiones que la Comisión de Fiscalización deberá analizar y resolver esta noche, dijeron los asambleístas.
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