El Legislativo presentará la demanda de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar para que se suspenda la vigencia de la cuestionada normativa hasta que se resuelva el caso. 

POR: Hugo Constante

La Asamblea tiene previsto tomar mañana acciones concretas en contra de la ’Ley antipillos’, promulgada por el presidente de la República, Daniel Noboa, a pesar de la resolución de archivo que el Legislativo aprobó sobre esa iniciativa de Ley. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (correísmo), manifestó que en democracia un Gobierno debe garantizar elementos esenciales, como la separación e independencia de poderes y el Estado de Derecho, pero que hoy esos pilares básicos han sido gravemente amenazados con la decisión tomada por Noboa. “Es una actuación ilegal, inconstitucional, que está menoscabando y aniquilando lo que nos quedaba de institucionalidad en el país”, dijo Veloz. Aseguró que haber ordenado la publicación en el Registro Oficial de un proyecto archivado por la Asamblea es un acto que carece de legalidad, que altera el sistema de pesos y contrapesos, lo que pone en riesgo la democracia. “La Función Ejecutiva quiere tener injerencia sobre la Función Legislativa y esta es una alteración del orden constitucional, lo que alertamos al país y a la comunidad internacional”, dijo Veloz.

En este sentido, el Pleno está convocado para sesionar mañana, con el objetivo de conocer y resolver sobre la publicación de la Ley, tras lo cual se presentará la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con un pedido de medida cautelar para que se suspenda de manera temporal la vigencia de la normativa relacionada con el impuesto a la compra venta de vehículos usados, hasta que se dé la resolución del organismo institucional.  

Las reacciones 

En la Asamblea, la oposición tiene posiciones diversas frente a la anunciada demanda de inconstitucionalidad. Paúl Buestán, de Construye, cuestiona la Ley y la forma en que Noboa la puso en vigencia, pero considera que la Asamblea debe “virar la página” para dar respuestas a la ciudadanía en temas legislativos. Buestán aseguró que no se debe continuar con los enfrentamientos entre las dos funciones del Estado cuando están pendientes de resolver los temas energéticos, de seguridad, de crisis económica. “La Ley ya está publicada y deberíamos pensar en otros temas”, dijo.

Por su parte, el asambleísta Cristhian Vega, de la bancada correísta, asegura que hay un problema jurídico, ya que hay dos normas que se contraponen pero que están publicadas en el Registro Oficial, la ’Ley antipillos’ y la resolución de archivo, por lo que es necesaria la intervención de la Corte Constitucional, que dirima frente a esta situación inédita. 

Mientras que el asambleísta independiente Pedro Velasco dijo que hay una serie de irregularidades compartidas entre el Ejecutivo y el Legislativo en el tratamiento de esta normativa. Del Ejecutivo, al haber propuesto el proyecto de ley como económico urgente sin cumplir requisitos básicos, como la unidad de materia, lo que es prohibido por la Ley. Y por parte de la Asamblea, al haberla calificado pasando por alto las inconstitucionalidades. “Se debió negar el proyecto desde el origen para no tener estos problemas. Es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo; que no quieren asumirla es otra cosa”, dijo Velasco.

El oficialismo 

Los legisladores de ADN manifestaron que toda persona tiene derecho a interponer las acciones que considere pertinentes, si cree que hay vulneración de la normativa.Sin embargo, se pregunta ¿a qué le tienen miedo? Si es una ley que busca combatir el lavado de activos, el financiamiento del crimen organizado. La asambleísta Inés Alarcón dijo que Noboa actuó apegado a lo que estipula la Constitución y la Ley de la Función Legislativa. “Quienes se oponen a la ‘Ley antipillos son los pillos”, dijo Alarcón.

Mientras que Adrián Castro agregó que, si la oposición tenía los votos, se apresuró al archivarla tras el primer debate. “Podían esperar unos tres o cuatro días para archivarla (en segundo debate), o para realizar cambios y mejorar la normativa”, manifestó Castro.

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