A pesar de las advertencias de comuneros sobre los riesgos de la actividad minera en los territorios, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate que pasará al Pleno de la Asamblea.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, de mayoría oficialista, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificada como urgente en materia económica. El texto que será tratado por el Pleno de la Asamblea fue aprobado en la Comisión con ocho votos a favor y dos en contra (Revolución Ciudadana).
La sesión se cumplió en horas de la noche, de manera virtual, con una hora de retraso en relación a la convocatoria y la aprobación del texto se cumplió a las 23:54. Como parte del proceso fue recibida en comisión general Maria José Andrade, del colectivo “Napo ama la vida” y dirigente de una de las comunidades indígenas de esa provincia. La activista llamó la atención a los miembros de la Comisión y les pidió que “piensen bien en lo que están haciendo”. Agregó que el río Napo está contaminado por la actividad minera en general, lo que empeoraría con esta Ley ya que flexibiliza los controles ambientales.
Andrade añadió que la normativa creará condiciones para la militarización de los territorios.
Por su parte María Emilia Limongi, en representación del viceministerio de Minas, descartó que se esté tratando de reducir o eliminar los controles ambientales. Aprobado el informe en la Comisión, pasará al Pleno de la Asamblea para que se pronuncie sobre este proyecto de Ley de iniciativa del Ejecutivo.
El proceso
El tratamiento del tema minero ha levantado polémica en esta propuesta de normativa. Una de las principales preocupaciones de los sectores ambientalistas es la reforma al artículo 26 de la Ley de Minería. La norma vigente señala que, para ejecutar actividades mineras, el Ministerio del Ambiente deberá otorgar la respectiva licencia ambiental; en la propuesta de Ley se reduce este requisito a una “autorización administrativa ambiental”.
Otra figura que preocupa a los activistas ambientales y moradores de comunidades indígenas es la de “Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica” con apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar personal, infraestructura crítica y operaciones mineras legales frente a la minería ilegal, el sabotaje y las ocupaciones ilícitas. Según el informe, esta disposición no responde a una lógica de política criminal general, sino a la protección de la continuidad operativa de un sector estratégico, de cuya actividad dependen flujos relevantes de inversión, exportaciones y recaudación fiscal.
La propuesta de Ley aprobada señala que para efectos de la seguridad integral del Estado y la protección de sectores estratégicos, se consideran Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica aquellos espacios territoriales en los que se desarrollan actividades mineras legalmente autorizadas que, por su ubicación, importancia económica, carácter estratégico, infraestructura asociada o riesgos para el interés nacional, requieren protección por parte de las Fuerzas Armadas, en coordinación con las demás entidades competentes.
Para los comuneros críticos de esta normativa, esto dará lugar a la militarización de los territorios.
