Organizaciones ambientales alertan sobre posibles flexibilizaciones ambientales en la reforma a la Ley Minera enviada por el Ejecutivo con carácter de urgencia económica, mientras gremios del sector afinan su postura.
El proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, presentado ayer por el presidente a la Asamblea, con carácter de urgencia económica, genera reacciones de sectores ambientalistas y sociales mientras gremios de las cámaras productivas del sector preparan un pronunciamiento conjunto.
Organizaciones ambientales del noroccidente de Pichincha agrupadas en el colectivo Quito sin Minería señalaron que la propuesta legal podría abrir la puerta a trámites ambientales más laxos para una de las actividades con mayor riesgo de contaminación, al reemplazar la licencia ambiental por una autorización con menos exigencias.
El gobierno alega que este proyecto busca atraer inversiones, generar empleo, combatir la minería ilegal y estabilizar la economía mediante reformas regulatorias. Al recibirlo de manos del secretario Jurídico de la presidencia, Enrique Herrería; el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció que se tratará con responsabilidad en los plazos legales.
El proyecto de 18 artículos reforma la Ley de Minería para simplificar trámites administrativos, como la sustitución de la licencia ambiental por una autorización del Ministerio de Ambiente y Energía, MAE, con silencio administrativo positivo a los 30 días. También extiende la exploración minera a 15 años, de los cuales 4 son iniciales y 11 avanzados, con transiciones automáticas, y fija patentes de conservación del 2,5% al 10% de la Remuneración Básica Unificada, RBU, por hectárea según la fase. Establece regalías del 3% al 8% sobre ventas, con el 60% destinado a los gobiernos locales para agua, saneamiento y vialidad, y caducidad por evasión.
Hasta el cierre de esta nota, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) no había hecho público su posicionamiento sobre el proyecto. Sin embargo, su departamento de comunicación confirmó a Ecuador Chequea que el pronunciamiento ya estaba elaborado y que el gremio se encontraba en un proceso interno de confirmación y aprobación definitiva por parte de sus principales integrantes, previo a su difusión oficial.
“Para la sociedad civil no es algo diferente de lo como ha actuado el Gobierno. Lo que se trata de hacer es un proceso administrativo rápido para aprobar reformas”, dijo Esteban Barriga, representante del colectivo Quito Sin Minería, al cuestionar que el Ejecutivo impulse la reforma con trámite de urgencia.
Barriga sostuvo que catalogar la iniciativa como ley económica urgente reduce los espacios de deliberación pública, especialmente en un sector históricamente conflictivo por su impacto territorial. “Ya hemos visto cómo actúa este gobierno para no dejar participar a la sociedad civil en estos temas”, afirmó.
Según Barriga, el proyecto “propone cambiar la licencia ambiental”, lo que, a su criterio, facilitaría que ya no se requieran instrumentos como el estudio de impacto ambiental, necesarios para establecer la línea base, evaluar riesgos y definir medidas de manejo.
En el fondo del debate, dijo el activista, transformar la licencia ambiental en una autorización administrativa rebajaría los estándares de control en una actividad considerada de alto riesgo ambiental a nivel mundial.
“Se convierte en un proceso donde basta una declaración notariada y juramentada de que no va a pasar nada malo”, dijo, y subrayó que ese enfoque no garantiza la protección del agua, uno de los puntos más sensibles en proyectos mineros a gran escala.
Otra de las alertas planteadas por Barriga es la posibilidad de que el proyecto introduzca mecanismos de aprobación por omisión, si una autoridad no responde dentro de plazos breves, mencionó 30 días, frente a observaciones técnicas o ambientales. A su juicio, ese tipo de esquema presiona a instituciones con capacidad limitada y traslada el riesgo al territorio, al asumir que el silencio equivale a aval.
Mirador como antecedente crítico
Para ilustrar los riesgos, Barriga citó el caso del proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, donde se han construido y proyectado relaveras, es decir, piscinas, de gran altura para almacenar desechos mineros. Según el activista, estructuras de ese tamaño concentran volúmenes significativos de agua y residuos, lo que exige planificación, evaluación y aprobación ambiental estrictas, dadas las posibles afectaciones a cuencas hidrográficas y comunidades aguas abajo.
Fusión institucional bajo cuestionamiento
El representante de Quito Sin Minería también cuestionó la fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, dispuesta por el Ejecutivo como parte de su reorganización estatal. A su criterio, concentrar en una sola cartera la promoción de actividades extractivas y la regulación ambiental debilita la credibilidad de los controles y la verificación independiente de la información presentada por las empresas.
Qué debería establecerse, según la normativa vigente
Consultado sobre cómo deberían manejarse estos procesos, Barriga sostuvo que la legislación actual y los estándares internacionales recomiendan un escalonamiento por fases, con permisos diferenciados para exploración inicial, exploración avanzada y, posteriormente, explotación, cada una con licencias ambientales específicas.
Afirmó que el proyecto de ley, tal como ha sido descrito en espacios preliminares, buscaría unificar las fases de exploración en una sola autorización de largo plazo, lo que reduciría los puntos de control ambiental y social, especialmente en minería a gran escala.
