El gremio de abogados y algunos legisladores solicitaron a la Comisión de Desarrollo Económico que pula el proyecto de Ley de Solidaridad nacional para evitar en el futuro demandas de inconstitucionalidad.
POR: Hugo Constante
El informe sobre el proyecto de ley de solidaridad nacional, o ley para desarticular la economía criminal, pasó su primer debate en el Pleno de la Asamblea con alertas de gremios y asambleístas de las posibles inconstitucionalidades que se podrían generar, si la propuesta —remitida por el presidente, Daniel Noboa, y trabajada por la Comisión de Desarrollo Económico, de mayoría oficialista— no es corregida para el segundo debate.
El legislador socialcristiano Alfredo Serrano aseguró que es necesario actuar con mano de hierro contra la delincuencia, para lo que se necesitan leyes duras por parte de la Asamblea, pero que la normativa en debate necesita correctivos para que pase el filtro de la Corte Constitucional. Serrano indicó que los artículos 1, 2 y 3 del proyecto remitido por el Ejecutivo —cuyo eje era la desarticulación de la economía criminal—, eran la razón para que sea calificado de urgente en materia económica, por lo que no debió ser cambiado en la Comisión, que le da una orientación de fortalecimiento de las fuerza pública. «No debieron cambiar el texto enviado por el Ejecutivo. Pueden tener demandas en la Corte Constitucional por parte de aquellos que creen que el proyecto no es económico ni urgente”, dijo Serrano, quien recomendó a la Mesa legislativa que en el informe para segundo debate, mantenga en esos artículos el texto original.
Cecilia Baltazar, asambleísta del grupo de Pachakutik aliado del oficialismo, hizo una recomendación similar. Dijo que era una ley necesaria como una respuesta urgente y contundente para detener la delincuencia y proteger a niños y adolescentes. «Es nuestra obligación como asambleístas entregar una legislación que permita al Ejecutivo cumplir con su tarea fundamental, cuidar y garantizar el derecho a la vida», dijo la legisladora. Sin embargo, agregó que es necesario revisar la propuesta que pasó el primer debate para aclarar temas como los parámetros para decretar que el país está viviendo un conflicto armado interno, o cuáles son las características para clasificar a los grupos armados, cómo se les va a identificar. Recordó que la ya Corte Constitucional, en diferentes pronunciamiento sobre la seguridad, ha manifestado que es un problema estructural que necesita soluciones estructurales, por lo que no es suficiente con dotar de armamento a policías y militares. «Hay que ajustar esta normativa para no caer en errores y nos vayamos a topar con la Corte Constitucional, que es el ente pertinente para realizar el control constitucional», indicó la legisladora.
El aporte del correísmo
El bloque de la Revolución Ciudadana hizo llegar sus observaciones a la Comisión y a la Presidencia de la Asamblea, también en manos del oficialismo. La legisladora correísta Jahirén Noriega, indicó que el país está de acuerdo en la necesidad de desarticular la economía criminal, en poner tras las rejas a los delincuentes, en la necesidad de un sistema de justicia que atienda la crisis de inseguridad. «Pero este proyecto tiene muy poco para combatir las economías criminales», advirtió la legisladora. Son tres las observaciones que la bancada considera necesario que se incluya en el articulado: prevención y combate al lavado de activos y a las estructuras empresariales, que facilitan la estructura de las economías criminales; luchar contra la corrupción en el sistema de Justica; y fortalecer las políticas sociales para prevenir el reclutamiento forzoso de menores de edad.
El gremio de abogados
El Colegio de Abogados de Pichincha también hizo llegar sus observaciones. Al gremio le preocupa que la normativa no se ajuste a parámetros constitucionales y vulnere garantías individuales, el debido proceso y la estructura democrática del poder público.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio, teme que, si el proyecto sale como fue remitido para primer debate, se presenten demandas de inconstitucionalidad cuando entre en vigencia. Una preocupación del gremio es que se le dé al Presidente de la República la posibilidad de decretar la existencia de un conflicto armado interno sin recurrir a la figura del estado de excepción, con lo que se saltaría el control constitucional, al introducir una figura autónoma y activar de manera excepcional medidas económicas, financieras y de seguridad que podrían vulnerar derechos y concentraría facultades en el Ejecutivo
Pero el oficialismo asegura que es una ley necesaria para Ecuador. Valentina Centeno, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión, dijo que la propuesta no representa a ADN, sino a todo el país, ya que fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía no es un acto político. Centeno aseguró que es un acto de compromiso con la Justicia y con el orden democrático.
El informe pasó el primer debate y regresó a la Comisión para que incorpore las observaciones de los legisladores y prepare el informe para segundo y definitivo debate.
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