Pabel Muñoz acudió a la Fiscalía a rendir su versión por la compra de trolebuses eléctricos, donde la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal.
del transporte público de la capital que cuenta con el aval de la oficina de las Naciones Unidas en Ecuador, bajo convenios internacionales vigentes.
Muñoz acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación previa abierta a raíz de que la Contraloría emitió su informe con indicios de responsabilidad penal, al identificar presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
El alcalde manifestó que el informe de la entidad de control tiene varias vulneraciones al punto de plantear la presunta existencia de peculado en conjunto con la oficina de las Naciones Unidas. Eso constituiría un bochorno internacional para la Contraloría. «Se cumplieron todos los requisitos legales, técnicos, presupuestarios obligatorios para concursos internacionales», explicó el alcalde.
Su abogado, Carlos Soria, agregó que la Contraloría no ha podido justificar los elementos que le llevaron a identificar indicios de responsabilidad penal, puesto que, no tiene conocimiento de cómo funciona el mecanismo de cooperación internacional. Soria indicó que la oficina de las Naciones Unidas tiene presencia en 130 países y se especializa en este tipo de compras y en la ejecución de proyectos de movilidad sostenible, como el que se viene aplicando en Quito.
El alcalde y su abogado consideran que la causa debería archivarse.
