En medio de las movilizaciones que sacuden a Ecuador desde el 22 de septiembre de 2025, el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de asociación enfrentan una de sus peores embestidas en años. Fundamedios ha documentado 31 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, trabajadores de la comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, en un patrón que combina violencia física, hostigamiento estatal, censura y restricciones a derechos fundamentales.
🚨Mientras realizaba la cobertura de la marcha de las organizaciones sociales, nuestro periodista Esteban Cárdenas fue agredido por un miembro de la Policía que le quitó el teléfono y lo lanzó a la calle.
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) October 5, 2025
Ecuador Chequea rechaza este abuso y exige a la @PoliciaEcuador garantías… pic.twitter.com/MdY0l96Ywo
Entre los casos más graves registrados hasta el 6 de octubre, se encuentran al menos cinco agresiones físicas perpetradas por agentes de la Policía Nacional contra periodistas durante la cobertura del paro nacional en Quito. El periodista Esteban Cárdenas, de la redacción de Ecuador Chequea, fue empujado con un escudo y despojado violentamente de su teléfono celular mientras documentaba el uso de gas pimienta contra una manifestante indígena. Aunque se encontraba en la zona autorizada para prensa e identificado como comunicador, los agentes lo agredieron.
En esa misma jornada, el fotógrafo Angelo Chamba de diario Expreso fue embestido por un agente en motocicleta, mientras que Angelly Anabel y Jorge Cano, del medio comunitario Wambra Radio, fueron atacados con gas pimienta y patadas. Ninguno de estos casos ha sido esclarecido por las autoridades. La mayoría de agresiones ocurrieron en zonas claramente delimitadas para cobertura periodística.
#AlertaPanas
— Only Panas (@onlypanasec) October 5, 2025
INCIDENTES ENTRE MANIFESTANTES Y LA POLICÍA en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Patria en Quito, la policía arremetió con sus motos a quienes se encontraban en el lugar, incluido contra una comunicadora del medio @wambraEc pese a que se identificó… pic.twitter.com/zvKMjn9PFh
”La violencia no es tolerable venga de donde venga”, respondió Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, ante la consulta de Ecuador Chequea sobre la posición del gobierno ante las agresiones de la fuerza pública contra la prensa. Jaramillo resaltó que los miembros de seguridad cumplen con los protocolos de actuación en las protestas y que cualquier “inobservancia debe ser investigada”.
Asimismo, en el contexto del paro nacional, el comunicador español Lautaro Bernat fue deportado del país. Jaramillo aseguró que la deportación del periodista español Lautaro Bernat, quien cubría el paro indígena, se respalda en informes reservados que lo califican como una “amenaza a la seguridad nacional”.
🚨 La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró que la deportación del periodista español Lautaro Bernat, quien cubría el paro indígena, se respalda en informes reservados que lo califican como una “amenaza a la seguridad nacional”. pic.twitter.com/WFSjSy7NK2
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) October 6, 2025
Este tipo de violencia no ha sido aislada. Según Fundamedios, de las 31 agresiones reportadas entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre, 21 corresponden a ataques físicos, lo que revela un patrón sistemático de represión. Además, se registraron seis vulneraciones al derecho de asociación, dos restricciones al acceso a la información, un caso de censura y un uso abusivo del poder estatal.
Los principales responsables son agentes estatales —en especial la Policía Nacional— con 22 casos atribuidos directamente a ellos. También se reportaron ocho agresiones por parte de actores no estatales, como manifestantes, y un caso sin identificar. Las provincias con mayor número de incidentes son Pichincha (16) y Cotopaxi (6), seguidas por reportes en el espacio digital (4), Imbabura (2), Azuay (2) y Carchi (1) .
La @PoliciaEcuador acaba de atacar a nuestro amigo y colega de @BNPeriodismo, Andrés Burbano. Le lanzaron gas a pesar de haberse identificado como prensa durante las protestas, en la U. Central. Denunciamos este hecho en contra del periodismo. pic.twitter.com/Kdn4NLa8SY
— Jeff Sanguña (@jeffsanguna) October 1, 2025
A estos casos se suman las agresiones sufridas por comunicadores que cubrían una movilización estudiantil en los exteriores de la Universidad Central de Quito el 30 de septiembre. Andrés Burbano, de BN Periodismo, fue atacado con gas lacrimógeno en los ojos por agentes policiales pese a mostrar su credencial de prensa. Elena Rodríguez, de Telesur, también recibió gas pimienta directamente al rostro, al igual que su camarógrafo, mientras esperaban realizar una transmisión en vivo. Jorge Aguirre, de Only Panas, fue golpeado con una moto policial mientras transmitía en directo. Todos los agredidos estaban visiblemente identificados como prensa y en zonas públicas, fuera del campus universitario
Uno de los ataques más simbólicos ocurrió el 23 de septiembre, cuando fue suspendida la señal del canal comunitario TV MICC, en Cotopaxi. Esta acción silenció la transmisión sobre las movilizaciones indígenas, afectando el derecho de las comunidades a comunicar su perspectiva. Aunque el hecho fue denunciado públicamente, el gobierno no ha ofrecido explicaciones ni ha restituido formalmente la señal.
También se han registrado agresiones en Latacunga y Quito contra periodistas de Teleamazonas, Ecuavisa y Radio Pichincha. El reportero Paúl Romero fue golpeado en plena transmisión desde la E35, y varios equipos fueron atacados con piedras, bengalas y astas de bandera por parte de los manifestantes. En Cuenca, el fotoperiodista Santiago Buestán fue detenido violentamente y despojado de su material gráfico, mientras que la periodista Nicole Torres fue intimidada por un coronel de Policía. Incluso dentro de la Universidad Central del Ecuador, durante una marcha estudiantil, se denunció el uso de gases lacrimógenos y golpes contra reporteros presentes.
Estas agresiones contravienen estándares internacionales que el Estado ecuatoriano está obligado a respetar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los periodistas deben recibir garantías especiales durante coberturas de protestas sociales. Asimismo, los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional y Libertad de Expresión determinan que la protección de la seguridad del Estado no puede usarse como pretexto para silenciar el trabajo periodístico.
A nivel nacional, Ecuador cuenta con un Documento de Acuerdos de la Policía Nacional y la prensa que obliga a las fuerzas de seguridad a respetar la labor informativa durante manifestaciones. Sin embargo, su aplicación ha sido ignorada, sin que hasta ahora se hayan iniciado investigaciones públicas ni sanciones disciplinarias.
Fundamedios ha hecho un llamado urgente a cesar los ataques contra la prensa y la sociedad civil, y a garantizar el libre ejercicio de derechos como la protesta, la información y la asociación. Exige que se investigue y sancione a los responsables, incluyendo a los agentes estatales implicados en estos hechos.
